Israel aumenta en el último mes un 135% la demolición de casas y estructuras palestinas respecto a enero de 2022

Solo en el mes de enero de 2023 Israel demolió 132 estructuras palestinas en 38 comunidades diferentes en la Cisjordania ocupada, incluidas 34 edificaciones residenciales y 15 estructuras financiadas a través de donantes. Esta cifra representa un aumento del 135% respecto al mismo periodo en 2022 e incluye cinco demoliciones de carácter punitivo, según han denunciado este lunes en un comunicado conjunto Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados; Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; y Paula Gaviria Betancur, relatora sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas.

“La demolición sistemática de casas palestinas, el levantamiento de asentamientos israelíes ilegales y el rechazo sistemático en los permisos de construcción para los palestinos en la Cisjordania ocupada representa un 'domicidio'”, afirman los expertos independientes de la ONU en una expresión derivada de la palabra genocidio y que hace referencia a la “violación sistemática o generalizada del derecho a una vivienda adecuada”. “La comunidad internacional debe tomar acción para parar la demolición sistemática y deliberada de casas, la expulsión forzada y el desplazamiento arbitrario de palestinos”, añaden.

En respuesta al informe, fuentes de la embajada israelí en España dicen a elDiario.es que “las medidas contra la construcción ilegal se guían exclusivamente por consideraciones profesionales relacionadas, entre otras cosas, con el cumplimiento de las normas de planificación y seguridad pública y siempre teniendo en cuenta las necesidades de la población local”.

Los firmantes expresan su preocupación particular por la situación en Masafer Yatta, donde unos 1.100 residentes “están en riesgo inminente de desalojo forzado, desplazamiento arbitrario y demolición de sus hogares y de sus estructuras de agua y de sustento”. En noviembre de 2022, las autoridades israelíes demolieron una escuela financiada a través de donantes en Isfey al Fauqa y otras cuatro escuelas en la zona tienen órdenes de demolición.

“Los ataques en las casas de los palestinos, sus escuelas y sus recursos de agua y de sustento no son más que los intentos de Israel de restringir el derecho de los palestinos a la autodeterminación de amenazar su propia existencia”, denuncian los relatores especiales de la ONU. “Las tácticas de Israel para desplazar de manera forzada a la población palestina parecen no tener límites”, añaden. En Jerusalén Este decenas de familias se enfrentan al riesgo inminente de expulsión y desplazamiento por “regímenes de urbanismo discriminatorios que favorecen la expansión de los asentamientos israelíes, ilegal bajo la legislación internacional y que representa un crimen de guerra”.

Los firmantes denuncian también el uso de estas tácticas como medida punitiva contra los acusados de terrorismo y sus familias. El 29 de enero, señalan, las autoridades israelíes acordonaron las casas familiares de los sospechosos de llevar a cabo los ataques del 27 y 28 de enero en Jerusalén Este, incluido el ataque contra un asentamiento en el que murieron al menos cinco israelíes. “Las familias de los dos supuestos atacantes fueron expulsadas a la fuerza de sus hogares y más de 40 personas, incluidos familiares, fueron detenidos en relación con los ataques”, señalan.

“El Estado de derecho debe prevalecer en cualquier actuación estatal contra actos de violencia. Acordonar casas familiares de supuestos atacantes y la subsiguiente demolición de sus casas en una violación fundamental de las normas de derechos humanos y del Estado de derecho”, denuncian. “Dichos actos suponen un castigo colectivo que está estrictamente prohibido bajo la legislación internacional”.

“Lamentamos que prevalece la impunidad, en particular para las violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de guerra cometidos por la potencia ocupante. ”Ya es hora de que los organismos internacionales de adjudicación determinen la naturaleza de la ocupación israelí y pidan justicia y responsabilidades por todos los crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados“, concluyen los relatores, que aseguran haber contactado en varias ocasiones sin éxito con el Gobierno israelí para discutir estos temas.

La embajada israelí sostiene que las medidas “siempre están sujetas a revisión judicial” y que “solo una pequeña parte de las órdenes de demolición se ejecutan”. “Cuando las circunstancias lo permiten, la administración civil busca una solución consensuada previa a la aplicación de las medidas de fuerza”.

En este sentido, denuncian que “la Autoridad Palestina presiona a los residentes locales para obligarlos a no cooperar con las autoridades israelíes para hacer después un uso político, incluso cuando se hacen ofertas en beneficio de estos residentes”.