Israel condena a la cooperante española Juana Ruiz a 13 meses de prisión y 14.000 euros de multa
Un tribunal militar israelí ha sentenciado este miércoles a la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz a 13 meses de prisión y 14.000 euros de multa, tras aceptar el acuerdo de culpabilidad con la fiscalía la semana pasada.
Ruiz fue arrestada el pasado 13 de abril y retenida durante casi un mes sin acusaciones formales. En total, lleva ya siete meses en la cárcel, por lo que solo tendrá que cumplir otros seis y pagar la mitad de la multa para poder salir de prisión.
Según el acuerdo, los cargos se redujeron de cinco a dos: “prestar servicios a una organización ilegal” así como “recibir dinero e introducirlo ilegalmente” en Cisjordania, por su trabajo como recaudadora de fondos en la ONG palestina para la que trabajaba, que Israel considera ilegal. Israel ha acusado a esta ONG de integrar una red que desviaba dinero europeo al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista también por Estados Unidos y la Unión Europea.
“Es una fecha final para una pesadilla”, ha dicho a los medios tras conocerse la sentencia su hija María, quien ha adelantado que van a pedir la reducción de la pena para que pueda salir lo antes posible de prisión.
Durante la breve vista de este miércoles, la jueza militar israelí ha aclarado, como pidió la defensa, que su caso no está vinculado a las cinco ONG designadas como terroristas ni tenía conocimiento de que se desviaran los fondos al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), como dijo el Gobierno la semana pasada por la presentación del acuerdo.
“Como es posible que se mienta en público de algo que ha salido de la corte, que no era así, y difamar la reputación de alguien y además intentar justificar la criminalización de derechos humanos”, ha dicho María. “Me parece bastante vil”.
La trabajadora humanitaria, de 63 años, reside en los territorios palestinos ocupados desde los años 80 e Israel le aplica la ley militar, como sucede con el resto de palestinos de Cisjordania.
Según Israel, la ONG en la que trabajaba –Comités de Trabajo para la Salud– y otras cinco organizaciones más, que fueron declaradas terroristas en octubre durante el proceso judicial contra Ruiz ya en curso, son un “brazo civil” del FPLP.
Ruiz es la primera de los al menos cinco detenidos de los Comités de Trabajo para la Salud con la emisión de la sentencia, tras el fin del proceso judicial este miércoles.
Vinculación “engañosa”
El Ejército de Israel señaló la semana pasada tras el acuerdo que Ruiz había admitido haber recaudado fondos europeos para la ONG que luego se transfirieron para financiar las actividades del FPLP y que ella continuó con esas actividades a pesar de sus sospechas de que actuaba en nombre de esa organización considerada terrorista. “Muchos documentos fueron falsificados por funcionarios de la organización y los donantes fueron defraudados y engañados con respecto al uso de estos fondos de donación”, indicó el Ejército, aunque su abogado, Avigdor Feldman, aseguró que en el acuerdo queda especificado “muy claramente que ella no sabía que el dinero que recaudó fue entregado al FPLP”.
Los ministerios israelíes de Exteriores y Defensa también afirmaron en un comunicado conjunto que con el acuerdo Ruiz admite que ejerció “como recaudadora de fondos para la organización terrorista FPLP y que los Comités de Trabajo de Salud, donde trabajaba, es uno de sus brazos civiles”, junto con las 6 ONGs declaradas terroristas recientemente por Israel.
Sin embargo, el abogado de la cooperante ha asegurado a EFE que esta vinculación es “engañosa” y “no es correcta”, ya que Ruiz siempre sostuvo que no tenía conocimiento del destino final de los fondos. Durante la vista de la semana pasada el abogado se opuso a que constaran en el acuerdo las seis organizaciones palestinas designadas como terroristas, ya que no tenían que ver con el caso de Ruiz.
Según Israel el acuerdo de culpabilidad firmado “prueba que el FPLP operaba esta red de organizaciones para recaudar fondos”, aunque los países donantes y las agencias de la ONU aseguran que Israel no ha presentado pruebas que basen estas acusaciones.
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