El Tribunal Superior británico ha dictaminado que el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, debe recibir autorización del Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al Brexit y al periodo de dos años de negociaciones para salir de la Unión Europea (UE).
En un veredicto histórico, los jueces dieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionaron que el Ejecutivo pueda iniciar el proceso de desconexión de la UE sin convocar previamente una votación parlamentaria.
Se prevé que el Gobierno recurra este dictamen desfavorable ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, que se espera que pronuncie su fallo con la máxima urgencia, seguramente antes de finales de año.
Entre los ciudadanos que iniciaron el proceso en el Tribunal Superior está la empresaria británica Gina Miller, que expresó su deseo de acabar con “un entorno legal” en el que el Gobierno “puede pasar por encima del Parlamento”.
“Muchos de los derechos de los que la señora Miller y otras personas disfrutan actualmente (en el Reino Unido) quedarán suprimidos si se da la notificación” a Bruselas, alegó su abogado, David Pannick.
Los letrados gubernamentales argumentaron durante el juicio, celebrado entre el 13 y el 18 de octubre, que el referéndum del 23 de junio, en el que los británicos apoyaron la salida de la UE por un 51,9%, daba a la primera ministra legitimidad para ejecutar unilateralmente la voluntad del pueblo.
También indicaron que “probablemente” podría haber una votación parlamentaria al final del proceso negociador, para ratificar el nuevo acuerdo alcanzado con la Comisión Europea.
May anunció durante el reciente congreso anual del Partido Conservador su intención de activar el Artículo 50 antes de finales de marzo de 2017, un plan que ahora dependerá de la decisión de los tribunales.
La ambigüedad del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece que un Estado puede dejar la UE “de acuerdo a sus propios requerimientos constitucionales”, ha llevado a un desacuerdo entre los expertos legales en un país que no cuenta con una constitución escrita.