La Fiscalía General de Cuba (FGR) informó este jueves de cuatro sentencias firmes en contra de 33 participantes de las protestas antigubernamentales de julio pasado que habían presentado recursos en contra de sus sanciones.
En una nota difundida este jueves, la Fiscalía señaló que el Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSJ) notificó los días 14 y 15 de junio las resoluciones de estos casos, todos en las provincias de La Habana y Mayabeque. Las sanciones se corresponden “fundamentalmente” con los delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos.
De acuerdo con la Fiscalía, “30 fueron sancionados con penas de privación de libertad (20 entre cinco y diez años, y 10 entre diez y 18 años), mientras que a dos se les subsidió por trabajo correccional sin internamiento y uno por limitación de libertad”.
Uno de los recursos de casación a los que se refiere la Fiscalía –y al que ha tenido acceso EFE– redujo las penas a 15 años de prisión a 17 personas que se manifestaron en el barrio habanero de La Güinera. En total, estas penas suman 206 años de cárcel con casos individuales de hasta 17 años.
Un caso que preocupa particularmente a las ONG que han dado seguimiento a las sentencias, como Justicia11J, es el del sexagenario Fredy Beirut, que ha recibido una pena de nueve años de privación de libertad. Beirut fue condenado junto con su hija Katia, quien fue sancionada con 10 años de cárcel tras recibir una reducción de una década en su pena original.
Críticas por la falta de garantías
Los juicios en contra de los manifestantes del 11J se han ido sucediendo en Cuba desde finales de 2021. Según informó la Fiscalía esta semana, los tribunales del país han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las protestas, sin contar las que ha dado a conocer este jueves.
La ONG Prisoners Defenders apuntó el pasado 8 de junio que un total de 168 manifestantes han sido procesados solamente por el delito de sedición. Y que 246 cuentan con penas firmes de prisión de 10 años o más.
A finales de mayo, la organización Justicia 11J informó que, según sus datos, 519 de las 564 personas que han sido juzgadas en Cuba por las manifestaciones –un 92%– fueron condenadas y 40 aún esperan su sentencia.
Familiares de los condenados y ONG han criticado estas acciones, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios. Amnistía Internacional solicitó poder asistir a los procesos. Por su parte, el Supremo cubano asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas del 11J.
Prisoners Defenders, con sede en Madrid, señala que al menos 1.046 personas se encontraban hasta mayo en prisión en la isla por motivos políticos, en su mayoría por los hechos del 11 de julio.