Al filo de la medianoche del pasado martes, el Parlamento francés aprobó el proyecto de ley sobre inmigración presentado por el Gobierno. Una ley anunciada por primera vez hace más de un año y medio, aplazada en varias ocasiones, rechazada por la Asamblea Nacional en primera instancia, que estuvo a punto de ser abandonada y que finalmente se aprobó con el apoyo de la derecha y la extrema derecha.
El voto cerró el recorrido parlamentario de uno de los textos más importantes del segundo mandato de Emmanuel Macron, pero sus consecuencias políticas no han hecho más que comenzar. La tramitación del texto finalizó con la rival del presidente en las elecciones presidenciales, Marine Le Pen, exultante, el Gobierno al borde de una crisis y la coalición presidencial fracturada.
La noche del martes, minutos después del voto favorable en la Asamblea, los líderes del partido de derecha Los Republicanos celebraron la nueva ley como un gran éxito para su formación. “Hemos conseguido que acepten el 98% del texto que construimos en el Senado [donde tienen la mayoría], incluso algunas medidas muy contundentes como limitar el derecho de suelo”, dijo entonces Olivier Marleix, jefe de grupo del partido en la cámara baja del Parlamento.
Sin embargo, la decisión de última hora de votar a favor del texto en la Asamblea –después de hacerlo en contra en el Senado– permitió a Marine Le Pen y a su partido recuperar el protagonismo que habían perdido durante toda la tramitación del texto, marcado por las negociaciones entre Macron y Los Republicanos. Y, de paso, aumentar el malestar de una parte del partido del presidente con el resultado final de su propia ley.
Le Pen y sus diputados afirman que muchas de las medidas del texto son en realidad antiguas reivindicaciones de su formación, a las que la derecha tradicional se ha sumado en los últimos años, y consideran el resultado final del texto como una “victoria ideológica”. La ley endurece las condiciones de la reagrupación familiar, recupera el delito de “estancia irregular” y limita el acceso a las ayudas públicas.
“Contraria a los principios de la República”
Aunque el Gobierno se opone a esta lectura, muchos expertos consideran que efectivamente la idea de “preferencia nacional” se introduce en varios artículos de la nueva ley. Se trata de un concepto central en la ideología del antiguo Frente Nacional (rebautizado por Marine Le Pen como Agrupación Nacional) por el que los ciudadanos de un país deben ser privilegiados frente a los extranjeros en diversos ámbitos del Estado.
“Se trata de un hecho muy grave”, se lamentaba el miércoles Olivier Faure, secretario general del Partido Socialista francés. “Por primera vez se introduce en la legislación un principio por el que Jean-Marie Le Pen ha luchado durante 40 años”.
Por ejemplo, la nueva ley establece que los extranjeros con residencia legal tendrán que demostrar que llevan cinco años residiendo en Francia o 30 meses trabajando en el país para poder recibir ciertas ayudas, incluyendo subsidios para la vivienda o para personas dependientes.
“Esta ley atenta directamente contra los principios de nuestra República”, advirtió el martes la Defensora del pueblo, Claire Hédon, en un comunicado. Como autoridad administrativa independiente, la defensora se mostró especialmente alarmada por la introducción de facto de la preferencia nacional y consideró que la nueva ley “pone en tela de juicio los derechos fundamentales y atenta gravemente contra los principios de igualdad y no discriminación”.
Hédon señaló en particular la restricción “del acceso a cierto número de prestaciones sociales”, una disposición que “tendrá un impacto formidable en la precariedad de las personas que viven” en territorio francés y que va “en detrimento de la cohesión social”.
Las autoridades de varios departamentos franceses y el Ayuntamiento de París han reaccionado este miércoles anunciando una negativa total a aplicar cualquier discriminación en la asignación ayudas públicas, en particular aquellas que se conceden a personas dependientes.
Malestar y una dimisión en el Gobierno
De acuerdo con varios medios franceses, tras anunciarse el apoyo del partido de Marine Le Pen, una parte de los altos cargos de la coalición presidencial –incluida la primera ministra– hubiese preferido la retirada del texto o que el presidente renunciara a su promulgación. Y así se lo hicieron saber a Macron la noche del martes. Pero el presidente se negó y consideró que el texto había recibido suficientes votos como para afirmar que los diputados de la extrema derecha no fueron decisivos (aunque si los 88 diputados de la Agrupación Nacional hubiesen votado en contra de la ley, no se habría aprobado).
Por otro lado, poco después de la medianoche, Le Figaro y la Agencia France-Presse confirmaban la dimisión del ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau. La prensa evocó entonces la posibilidad de nuevas dimisiones en las horas posteriores, pero finalmente los gabinetes de la primera ministra y del presidente de la República han conseguido detener el inicio de una crisis de gobierno.
Este miércoles por la mañana, ante los micrófonos de la radio France Inter, Élisabeth Borne ha reconocido que algunas medidas de la ley que se acaba de aprobar serán “probablemente” consideradas inconstitucionales por el Consejo de Estado. Borne –que se hizo cargo de las negociaciones en la fase final– ha señalado que ella misma había “expresado sus dudas” a los diputados de Los Republicanos sobre ciertas disposiciones. Y ha precisado que el texto “tendrá que evolucionar” después de su revisión por el Consejo Constitucional, dando por hecho que una parte de la ley será invalidada.
Cambios en el Ejecutivo
Además, la secuencia añade tensión a varias semanas de declaraciones cruzadas entre Borne y los ministros de Interior y Economía (ambos procedentes del partido Los Republicanos), que defendían un acercamiento más estrecho a la derecha gaullista. El voto señaló, asimismo, una fractura en la mayoría presidencial: 59 diputados (de 251) votaron en contra o se abstuvieron en los grupos parlamentarios de Renacimiento (el partido de Macron) y de sus aliados de Horizontes y MoDem.
Hace unas semanas, durante una visita al Panteón en París, Macron había anunciado que prepara un “encuentro con la nación” previsto para el próximo mes de enero, en el que planea enviar un “mensaje de unidad” y anunciar la dirección política de la siguiente fase de su mandato. Según France Inter, que citaba este miércoles fuentes cercanas al Elíseo, una nueva remodelación del Gobierno podría ser anunciada en las próximas semanas.
Por otro lado, a lo largo del miércoles, diferentes medios franceses y varios miembros de la coalición progresista Nupes rescataron extractos del discurso pronunciado por Macron la noche de su reelección, agradeciendo los votos del electorado de izquierdas en la segunda vuelta. “Sé que muchos de nuestros compatriotas me han votado hoy, no para apoyar mis ideas, sino para bloquear a la extrema derecha”, dijo entonces Macron. “Y quiero decirles aquí que soy consciente de que ese voto es una obligación para los próximos años”.
El presidente defendió el compromiso alcanzado en la ley durante una intervención en la televisión pública el miércoles, recordando que los franceses han decidido darle “solo una mayoría relativa” en la Asamblea y que las concesiones han sido necesarias. “Las disposiciones que se han aceptado, aunque no sean de nuestro agrado, no justificaban bloquear todo”.
Emmanuel Macron afirmó además que el texto no recogía ideas de la Agrupación Nacional (AN) y que no había “victoria ideológica” de Marine Le Pen. “Bloquear a la extrema derecha significa no retomar sus ideas y en el texto no las hay. Nuestros compatriotas estaban esperando esta ley y si no queremos que la AN y sus ideas lleguen al poder, tenemos que ocuparnos de los problemas que les han permitido crecer”.