Cuando un acuerdo se cierra en Nochebuena, envía señales de lo que se puede esperar de los firmantes. Y el acuerdo comercial de relación futura entre Reino Unido y la Unión Europea, después de la entrada en vigor del Brexit el 1 de febrero de 2020, se selló, agónicamente, el 24 de diciembre de 2020. Hasta tal punto es la agonía que ese acuerdo de más de mil folios, que se tiene que traducir a dos decenas de idiomas para su aprobación por los eurodiputados, aún no se ha votado en el Parlamento Europeo y la Unión Europea ha tenido que pedir árnica a Londres.
Y justo diez días después de que el Gobierno británico aceptara esa prórroga de la entrada en vigor del acuerdo comercial hasta el 30 de abril de 2021, Bruselas sigue sin ceder en las pretensiones de Boris Johnson de extender las moratorias sobre los controles en el mar de Irlanda. ¿Y qué ha decidido Boris Johnson? Pues prorrogar unilateralmente la moratoria este miércoles, con la subsiguiente indignación de la Comisión Europea.
En estos momentos no se aplican plenamente las normas habituales de la Unión Europea sobre aduanas y productos en la frontera del Mar de Irlanda, pero el primer periodo de gracia de los acordados expira a finales de marzo.
“El vicepresidente Saros ŠefÄoviÄ ha expresado la gran preocupación de la UE por la acción unilateral tomada por el Reino Unido este miércoles”, explica un portavoz de la Comisión Europea a elDiario.es. “Es una violación de las disposiciones fundamentales del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte y de la obligación de buena fe en virtud del Acuerdo de Retirada del Brexit. Es la segunda vez que el Gobierno del Reino Unido está dispuesto a violar el derecho internacional. La Comisión Europea responderá de acuerdo con los medios legales establecidos por el Acuerdo de Retirada [que entró en vigor el 1 de febrero de 2020] y el Acuerdo de Comercio y Cooperación [firmado el 24 de diciembre de 2020]. Un incumplimiento permitiría a la UE acudir a los recursos legales disponibles en virtud del Acuerdo de Retirada. Esto implica, como primer paso, iniciar un procedimiento de infracción. Actualmente se está trabajando en acciones legales”.
Es decir, la UE amenaza con ir a la Justicia europea, cosa que ya hizo la anterior vez, con el proyecto de ley de Mercado Interior de Boris Johnson que también reescribía el acuerdo del Brexit y que terminó retirando.
Un Brexit más duro
La paradoja es que, precisamente, los problemas que están surgiendo con Irlanda tienen que ver con Boris Johnson. Es decir, el Brexit de Theresa May era menos duro, por lo que Irlanda del Norte y Gran Bretaña permanecían en la unión aduanera de la UE, se evitaba así la frontera en el mar de Irlanda y sólo había que buscar una solución tecnológica para hacer que el paso entre las dos irlandas fuera invisible para respetar el Acuerdo de Viernes Santo.
Pero Boris Johnson y los suyos tumbaron a May con la promesa de un Brexit más duro. Y un Brexit más duro compatible con los Acuerdos de Viernes Santo traslada la frontera entre las dos irlandas al mar del Norte, es decir, entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Lo que dispara la ira de los unionistas y trae el presente pesadillas de los ochenta y los noventa enterradas en la memoria de todo el mundo.
La situación en Irlanda del Norte ha ido empeorando hasta el punto de que el Gobierno ha anunciado la suspensión temporal de los controles físicos a productos de origen animal que llegan al territorio británico desde el resto del Reino Unido, ante la proliferación de amenazas de grupos paramilitares unionistas. En los puertos de Belfast y Larne se han encontrado pintadas en las que se señalaba a los empleados como posibles “objetivos” y tras haber visto a personas apuntando matrículas de vehículos de los mismos.
Esos controles son los que quiere mantener suspendidos durante más tiempo Reino Unido: el Gobierno de Jonson pidió por escrito a la Comisión Europea una ampliación de los periodos de gracia del Brexit hasta 2023 sobre los controles al comercio entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido para adaptarse a la nueva situación. En su carta, pedía que se mantengan las exenciones temporales para los productos de supermercados, los farmacéuticos, las carnes refrigeradas y los paquetes que cruzan de la isla de Gran Bretaña a Irlanda del Norte. “Tenemos que asegurarnos de que se amplíen los periodos de gracia para que los supermercados puedan seguir proporcionando a los consumidores los bienes que necesitan”, afirmó el ministro del Gabinete del Reino Unido, Michael Gove, en la Cámara de los Comunes.
La decisión de este miércoles, no obstante, prorroga la moratoria hasta el 1 de octubre.
Sin embargo, Bruselas, de momento, no ha aceptado ninguna petición, y en sucesivas reuniones se ha comprometido a “reiterar su pleno compromiso con el Acuerdo de Viernes Santo y con la implementación adecuada del Protocolo [de Irlanda del Norte], protegiendo los logros del proceso de paz, manteniendo la estabilidad y evitando la interrupción de la vida cotidiana de la gente de Irlanda del Norte y una frontera dura en la isla de Irlanda”.
En medio de ese conflicto, a finales de enero, se encendió otra mecha, con el anuncio de que la Comisión Europea pensaba activar el artículo 16 del protocolo de Irlanda del acuerdo del Brexit para evitar la fuga de vacunas de AstraZeneca, que acababa de anunciar un recorte del 50% en sus entregas previstas para el primer trimestre de 2021, desde el continente a Reino Unido. Bruselas terminó reculando, pero desató aún más una tensión que no se disipa.
Embajador sin estatus diplomático
Otro de los conflictos pendientes es el del representante de la UE ante Reino Unido. Desde que Londres dejó la UE el 1 de febrero de 2020, no reconoce el status de embajador al representante de la UE en igualdad de condiciones al de cualquier otro embajador de cualquier otro país como ocurre generalmente. Y, mientras se arregla o no se arregla, a Joao Vale de Almeida el Gobierno británico le niega el estatuto diplomático, un estatuto que Vale de Almeida ha tenido en sus dos destinos anteriores en Washington y en Naciones Unidas.
“No es una señal amistosa”, dijo el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, a finales de enero: “La primera que nos envía el Reino Unido inmediatamente después de salir de la Unión Europea. Si las cosas tienen que seguir así, no es una buena perspectiva. No pedimos algo nuevo, no pedimos un trato especial. El estatus externo de la Unión Europea es reconocido por países y organizaciones internacionales de todo el mundo. Esperamos que el Reino Unido trate a la delegación de la Unión Europea en consecuencia y sin demora. Contamos con 143 delegaciones en todo el mundo. Sin una sola excepción, todos los Estados anfitriones han aceptado otorgar a estas delegaciones y a su personal una condición equivalente a la de las misiones diplomáticas de los Estados en virtud de la Convención de Viena. Y el Reino Unido lo sabe muy bien. 143 Estados de todo el mundo, todos”.
Según Borrell, “el trato recíproco es una práctica estándar entre socios iguales y estamos seguros de que podemos aclarar este problema con nuestros amigos en Londres de manera satisfactoria, pero no aceptaremos que el Reino Unido sea el único país del mundo que no reconoce a la delegación de la Unión Europea como el equivalente a una misión diplomática”.
¿Y entonces? Pues a la jefa de la misión del Reino Unido ante la UE, Lindsay Croisdale-Appleby, le cancelaron, por reciprocidad, lo que se suponía que iba a ser su primer encuentro con un alto funcionario de la UE en su nuevo cargo, Frédéric Bernard, jefe del gabinete del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Bruselas está a la espera de “claridad” sobre el estatus diplomático que se otorgará a la misión de la UE en Londres, que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico quiere degradar, para disgusto de la UE y sus 27 miembros.