Organizaciones humanitarias de El Salvador rechazan “agresión” de Bukele

San Salvador, 25 sep (EFE).- Un grupo de organizaciones humanitarias de El Salvador rechazó este viernes la “agresión” y “ataques” del presidente Nayib Bukele contra dos de ellas, que representan a los sobrevivientes de la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981), a las que acusó de ser “grupos de fachada” del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La noche del jueves, el mandatario aseguró que el Ejército bloqueó una diligencia judicial relacionada con la masacre para evitar que, a su juicio, el procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, y las “oenegés de fachada del FMLN” conozcan archivos secretos.

Esto en referencia a las organizaciones Tutela Legal “María Juilia Hernández” y Cristosal, cuyos abogados representan a las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote en el proceso penal contra más de una docena de militares retirados.

Para Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), este tipo de señalamientos, que se dieron en una cadena nacional de radio y televisión, le recuerdan a los ataque que recibieron los padres jesuitas antes ser ejecutados en 1989.

Sostuvo que son “mensajes de normalización de ataques” contra los activistas de derechos humanos y que también afectan “a las víctimas que estas organizaciones acompañamos”.

Por su parte, Ovidio Mauricio, coordinador de Tutela Legal, apuntó que el señalamiento de Bukele “es una agresión, verbal, pero es una agresión”.

Noah Bullock, director de Cristosal, se mostró preocupado por “escuchar al presidente usar su plataforma para plantear que el país esta dividido en dos bandos, uno bueno y uno malo”.

Añadió que las organizaciones y los periodistas, que en opinión de los activistas también fueron atacados“, ”formamos un pilar de la democracia“.

“La opinión crítica no es un ataque, es parte de un proceso constructivo para el bienestar de la gente”, sostuvo Bullock.

Mientras, Morena Murillo, de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, llamó a no permitir “este discurso de odio y descalificación” del jefe de Estado y lo calificó de ser “apología del delito”.

PREOCUPACIÓN DE LEGISLADORES DE EE.UU.

Un grupo de seis congresistas republicanos de Estados Unidos se mostraron preocupados recientemente por el aparente “alejamiento” del Gobierno de Bukele de las normas democráticas.

“Nos preocupa lo que parece ser un alejamiento lento pero seguro del Estado de derecho y las normas de la democracia que nuestro hemisferio se ha esforzado tanto por preservar”, señala el documento fechado el 23 de septiembre y al que el mandatario le restó importancia.

A principios de septiembre, congresistas demócratas también enviaron una carta al mandatario salvadoreño para manifestar su “profunda preocupación” a raíz de “la creciente hostilidad del Gobierno salvadoreño hacia los medios de comunicación independientes y de investigación”.

Las declaraciones del presidente se dieron en el mismo evento en el que anunció la desclasificación de archivos supuestamente vinculados con la masacre, aunque señaló que la mayoría posiblemente habían sido destruidos u ocultados con anterioridad.

“Yo determino que los archivos de El Mozote no son secretos y por lo tanto deben ser entregados”, dijo el mandatario durante la referida cadena nacional.

Minutos antes, y de forma sorpresiva, el presidente nombró como su embajadora en Estados Unidos a la diputada disidente de la oposición Milena Mayorga.

Esta legisladora es reconocida por sus mensajes de admiración para el militar acusado de encabezar en el terreno la masacre de El Mozote, el difunto coronel Domingo Monterrosa.

El juez del proceso de El Mozote ordenó el martes a Bukele y a su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, que explicaran si alguno de ellos dio la orden de bloquear la diligencia, información que podría utilizar para pedir a la Fiscalía que investigue la comisión de algún delito.

Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, durante la guerra interna, unidades elites del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.

La guerra interna enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la entonces guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.