Guatemala vuelve a vivir días marcados por la persecución política. A primera hora de la mañana de este lunes, el país centroamericano se despertaba con la noticia de la detención y del envío a prisión de la abogada Claudia González. González, que trabajó en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CGIG), es defensora de jueces y fiscales independientes que han denunciado la corrupción y han sido perseguidos. En paralelo, el exfiscal Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos por denunciar la corrupción del Gobierno de Alejandro Giammattei, dijo que la Fiscalía estaba allanando la casa de su familia en Guatemala.
Pocas horas después, durante la noche del 28 de agosto, el Registro de Ciudadanos, órgano perteneciente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), suspendió de forma “provisional” al Movimiento Semilla, la formación socialdemócrata que ganó las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto. Minutos antes, el mismo TSE había oficializado en una rueda de prensa los resultados de los comicios y adjudicó los cargos de la presidencia y vicepresidencia a Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera. El partido obtuvo el 60,91% de los votos, frente al 39,9% logrado por su contrincante, Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Finalmente, el miércoles el Congreso acordó no reconocer a la bancada del Movimiento Semilla por la orden de un juez penal. Los cinco diputados del Movimiento Semilla, incluyendo a Arévalo de León, han sido declarados como “independientes” debido a la decisión de la junta directiva del legislativo guatemalteco, presidida por Shirley Rivera, diputada del partido oficial Vamos.
La medida del Congreso obedece a una orden penal, girada el pasado 12 de julio, por parte del juez penal Fredy Orellana, acusado de socavar la justicia y de corrupción por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La suspensión, que la mayoría de analistas coinciden en definir como una muestra más de persecución política, se produce tras la denuncia presentada el pasado 12 de julio por un supuesto caso de firmas falsas durante la creación del Movimiento Semilla en 2018. La investigación la llevan a cabo fiscales sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por “socavar” la justicia en Guatemala.
“Hay un intento muy descarado de torpedear el proceso electoral con el objetivo de mantener un sistema de corrupción e impunidad, pero por un grupo de actores que cada vez se van quedando más solos y con menos influencia”, dice a elDiario.es Samuel Pérez, diputado del Movimiento Semilla y jefe del bloque legislativo en el Congreso.
“Resistencia de los poderes existentes”
De manera inesperada, el Movimiento Semilla logró vencer en las urnas y romper con la correlación de fuerzas de la clase política y económica dominante del país. Con un claro mensaje anticorrupción y centrado en la recuperación democrática de las instituciones públicas, los socialdemócratas supieron capitalizar el voto de descontento.
En los últimos años, los ciudadanos han vivido un paulatino deterioro del Estado de derecho y de debilitamiento de la democracia. Los analistas coinciden en remarcar la deriva autoritaria iniciada por el expresidente Jimmy Morales y consolidada por el Gobierno saliente de Alejandro Giammattei. Decenas de fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos han sido detenidos o han tenido que exiliarse alegando una persecución política en su contra.
El partido Semilla viene denunciando también una campaña de persecución desde los resultados obtenidos en la primera vuelta el pasado 25 de junio. “La persecución judicial que sufren es una resistencia de los poderes existentes, del pacto de corruptos, para no entregar el poder ejecutivo”, dice Evelyn Boche, periodista guatemalteca especializada en política. El llamado “pacto de corruptos” es el término que utilizan la mayoría de analistas políticos del país para referirse a la coalición de redes económicas y políticas ilícitas que incluye a funcionarios, políticos, militares, empresarios y estructuras criminales que han colonizado el sistema de partidos en favor de su propio interés.
En este sentido, el analista político Manfredo Marroquín sostiene que la persecución contra los candidatos electos se debe a un temor a posibles investigaciones judiciales por actos de corrupción en contra del actual Gobierno. “Cualquier investigación a partir del 14 de enero, fecha en que está prevista la investidura, los va a identificar como responsables del saqueo del Estado”, dice Marroquín.
Sin embargo, un elemento clave, según el analista político y antropólogo Ricardo Sáez de Tejada, es que en las últimas semanas se ha producido un realineamiento de los principales sectores políticos, económicos y sociales del país en favor de una transición democrática y un cambio de gobierno. Un ejemplo de ello es el comunicado emitido este lunes por parte del Consejo Nacional Empresarial, en el que solicita la renuncia de Consuelo Porras como Fiscal General del Ministerio Público y rechaza sus acciones “por atentar contra el orden constitucional, la democracia y la decisión del pueblo en las urnas”.
La comunidad internacional –encabezada por la Organización de Estados Americanos (OEA), la misión de observación electoral de la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos– también ha expresado su preocupación por la suspensión provisional de Semilla. Estos comunicados se han producido pocos días después de una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la existencia de un posible plan para asesinar a Bernardo Arévalo con “participación de agentes estatales”, según el texto de la resolución de la CIDH, que otorgó medidas cautelares al presidente y la vicepresidenta electos.
Tras la oficialización de los resultados de las #EleccionesGT2023 por el TSE iniciaremos una #TransiciónGT ordenada, transparente y eficiente que evidenciará las transformaciones de país que alcanzamos durante mi gestión. Estamos entregando cuentas claras y una mejor Guatemala. pic.twitter.com/obVNnRODtk
— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) August 29, 2023
Mientras tanto, en un vídeo publicado este lunes en redes sociales, el presidente saliente Alejandro Giammattei anunció que iniciará una transición “ordenada, transparente y eficiente con las autoridades electas”, asegurando así el traspaso de poderes al nuevo Ejecutivo. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las acciones que está llevando a cabo el Ministerio Público (la Fiscalía), presidido por el mismo presidente.
Y ahora qué
El fiscal nacional del partido Movimiento Semilla presentó el lunes en el Registro de Ciudadanos un recurso de nulidad en contra de la suspensión provisional de la personalidad jurídica de la agrupación política. La solicitud, basada en un fallo concedido en junio por parte de la Corte Constitucional, sostiene que ninguna fuerza política puede ser suspendida durante el periodo electoral, que oficialmente termina el 31 de octubre.
En las próximas horas se espera que el pleno de magistrados del TSE –conformado por dos magistrados bajo amenazas de muerte y tres de ellos con solicitud de retiro de inmunidad– se pronuncie sobre la situación legal del partido.
A la espera de las resoluciones judiciales, todos los analistas consultados por este medio coinciden en sostener que la persecución política continuará y se intensificará. Sáez de Tejada sostiene que el objetivo de cancelar el partido es limitar la capacidad de gobernar. “Si el partido llega a ser cancelado, significaría que quedaría sin un bloque legislativo, es decir, el bloque de Semilla sería de una veintena de diputados independientes que no tendría acceso ni a las juntas directivas, ni a presidencias de comisiones legislativas, o a presidir órganos internos”. Este hecho vería limitada su capacidad de negociación en un Congreso en el que cuentan con minoría parlamentaria, con tan solo 23 de 160 diputados.
Por su parte, Manfredo Marroquin vaticina que, tras el 31 de octubre, se va a producir la cancelación definitiva del partido. Aunque esto no supondría ningún impedimento para asumir la presidencia, el analista no descarta que se produzcan nuevas acciones legales que traten de evitar que Bernardo Arévalo llegue a ser presidente del país.