Estados Unidos continúa sometiendo a los 30 presos retenidos en la prisión de Guantánamo a un “trato cruel, inhumano y degradante”, según ha denunciado la primera investigadora de la ONU a la que se le ha permitido acceder a la base desde que fue creada hace 20 años.
Aunque las condiciones de detención han mejorado, siguen viéndose prácticas que no cumplen con los estándares mínimos, dice Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial de la ONU para la protección de los derechos humanos en la lucha antiterrorista
“El total de estas prácticas y omisiones (...) tiene un efecto de acumulación en la dignidad y los derechos y libertades fundamentales de cada detenido y suponen, en mi opinión, un tratamiento cruel, inhumano y degradante bajo la ley internacional”, señaló este lunes en rueda de prensa
En un informe de 23 páginas sobre su visita, Ní Aoláin felicita al Gobierno de Biden por permitirle acceso a la prisión y por estar preparado “para abordar los asuntos de derechos humanos más duros”. La investigadora asegura que pudo entrar a todos los lugares que solicitó.
Ni Aoláin afirmó que todos los detenidos a los que pudo ver sufren secuelas por los malos tratos “sistemáticos” y la arbitrariedad con la que han sido tratados. “Observé que tras dos décadas bajo custodia, el sufrimiento de los detenidos es profundo y continúa”, dijo la abogada irlandesa.
“Para algunos, la línea que divide el pasado del presente es simplemente inexistente y sus experiencias pasadas de tortura viven con ellos en el presente y sin una perspectiva de final a la vista”, insistió la relatora. “El Gobierno de EEUU debe dar urgentemente resolución judicial, disculpas y garantías de no repetición”, añadió.
La base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo (Cuba) alberga desde 2002 una prisión por la que han pasado cerca de 800 detenidos, la gran mayoría de los cuales eran –al menos durante los primeros años– prisioneros capturados en Afganistán.
Con el tiempo, algunos han sido liberados, otros han sido reubicados en terceros países o repatriados a sus lugares de origen y algunos han muerto en custodia, mientras que muy pocos han afrontado cargos concretos o han sido juzgados y condenados.
El Gobierno de Joe Biden ha declarado su intención de cerrar la instalación, pero por ahora continúa abierta. Ni Aoláin apuntó que el cierre debe ser una “prioridad”, pero también admitió que es algo que resulta complejo.