Rusia da el primer paso para disolver el pleno municipal de San Petersburgo que pidió la dimisión de Putin

Un tribunal del distrito de Smólninski, en San Petersburgo, ha autorizado este martes a petición de la Fiscalía la disolución del pleno municipal que solicitó la dimisión de Putin, tal y como ha informado uno de los concejales afectados, Nikita Yuferev. La decisión depende ahora del gobernador de San Petersburgo, ciudad natal del presidente ruso.

El tribunal también ha multado con casi 800 dólares a uno de los concejales que exigió la dimisión, la cual ha sido apoyada por decenas de ediles en varias grandes ciudades del país. Otros cuatro concejales de Smólninski tendrán que presentarse en los tribunales en los próximos días.

“Gracias a todos aquellos dispuestos a pagar la multa. Pero por ahora vamos a recurrir. Seguramente esto llevará meses. Hasta que se tramite la apelación no hay que pagar”, ha comentado Dmitri Paliuga, diputado municipal (concejal) por San Petersburgo, en su cuenta de Twitter.

Paliuga, contra el que la policía abrió un expediente por desprestigiar al jefe del Estado, aseguró que la multa asciende a 47.000 rublos (777 dólares).

Entre los representantes municipales que han apoyado la petición figuran cargos públicos de Moscú y San Petersburgo, además de ediles de otras regiones de la parte europea del país y de Siberia. Hasta el martes, al menos 84 concejales habían solicitado la salida de Putin, según informó The Moscow Times.

La petición

Paliuga y varios de sus colegas se dirigieron la semana pasada a la Duma (Parlamento nacional) con la petición de que acuse de alta traición a Putin por iniciar la “operación militar especial”.

“Consideramos que la decisión del presidente Putin sobre el inicio de la operación militar especial perjudica la seguridad de Rusia y sus ciudadanos”, señala la petición.

El objetivo de la petición es que Putin sea depuesto de su cargo al frente del Kremlin, al que llegó en el año 2000 y, según la reforma constitucional, podría permanecer hasta 2036.

“En nuestra opinión, con el comienzo de la operación militar especial en territorio de Ucrania en las acciones del presidente de Rusia, Vladímir Putin, hay indicios de un crimen contemplado por el artículo 73 de la Constitución de la Federación Rusa: alta traición”, señalan.

Según la solicitud, desde el inicio de las hostilidades están muriendo ciudadanos rusos, se ha deteriorado la economía nacional, y se está produciendo una fuga de inversores y cerebros.

Además, se amplía la OTAN hacia el este y, debido a la decisión del presidente, la frontera entre Rusia y la Alianza Atlántica se ha duplicado con el ingreso de Finlandia y Suecia.

Los concejales denuncian también que la intervención militar también ha provocado el efecto contrario a la desmilitarización del país vecino, que ha recibido suministros armamentísticos de Occidente valorados en 38.000 millones de dólares.

Aunque se han abierto miles de expedientes judiciales contra personas acusadas de desacreditar al ejército que normalmente se saldan con multas, en julio un concejal de distrito de Moscú fue condenado a siete años por supuestamente difundir información falsa, según informa Reuters. Otros periodistas y opositores han sido acusados y se enfrentan a posibles penas de prisión.