El saldo de tres meses de represión policial en Chile: más de 2.000 heridos de bala y 158 querellas por violencia sexual

Las consecuencias de la represión de las protestas en Chile se cuentan por miles. A tres meses de estallido de las movilizaciones contra la desigualdad social y el Gobierno de Sebastián Piñera, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) chileno ha publicado un demoledor informe sobre las cientos de personas heridas y detenidas durante el transcurso de las protestas, así como las más de 1.000 acciones legales emprendidas por el organismo público desde el 17 de octubre hasta el 15 de enero. Este sábado, miles de personas marcharon vestidas de negro por Santiago para denunciar la dureza con la que la Policía ha tratado de contener las protestas.

En estos meses, los investigadores del instituto de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias de personas que se estaban manifestando pacíficamente, “uso excesivo de la fuerza” en los arrestos o el empleo de sustancias lacrimógenas que terminaron afectando a mujeres embarazadas, vendedores ambulantes, personas sin hogar o ancianos que no participaban en las protestas.

También ha registrado que los agentes han disparado gases o chorros de agua directamente a los manifestantes así como perdigones a cuerpo, cuello y rostro. Cuestiona asimismo que ha habido actuaciones para dispersar a personas que protestaban “sin motivo, provocación alguna”. Varios carabineros [la Policía chilena] y militares no iban identificados.

En sus visitas a centros de salud y hospitales, el organismo ha constatado que al menos 3.649 personas han resultado heridas en la represión de las manifestaciones sociales, de las cuales 269 son niños y adolescentes. La mayor cantidad se registró durante el estado de excepción declarado por el presidente Piñera, “superando los 100 heridos por día entre el 20 y 25 de octubre”.

Un total de 2.063 personas han sufrido heridas por armas de fuego, ya sean balas, balines o perdigones –la mayoría– , de acuerdo con el balance del INDH. Más de 200 acabaron lesionadas por la acción de las bombas y gases lacrimógenos.

Una de las cuestiones que más han conmocionado a la sociedad chilena en estos meses ha sido las pérdidas oculares de los manifestantes, principalmente como consecuencia de los perdigones disparados por las fuerzas de seguridad. Es el caso de Gustavo Gatica, que recibió el impacto de balines en sus dos ojos.

El pasado sábado, cuando la llamada 'Marcha por la represión' terminó frente al Palacio de la Moneda, los asistentes se taparon un ojo con la mano derecha en homenaje a los cientos de heridos oculares registrados en estos meses. Según el INDH, este tipo de lesiones en los ojos ascienden a 405. Al menos 33 han sufrido estallido ocular o pérdida de la visión.

158 querellas por violencia sexual y 769 por tortura

Al menos 9.129 personas han sido detenidas en las manifestaciones, el grueso durante el primer fin de semana, en el que se decretó toque de queda. Un 12% de ellas eran menores. Durante su paso por comisaría, los investigadores han constatado una serie de violaciones de derechos humanos contra un total de 1.445 víctimas.

La principal es el uso excesivo de la fuerza, pero también han documentado 194 casos de acoso o violencia sexual, de los que 179 corresponden a desnudos forzados. Al grito de 'El violador eres tú', el movimiento feminista chileno ha denunciado en la calle el “uso de la violencia sexual” durante el estallido social. Otras 336 personas han sido víctimas de otras formas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su arresto, de acuerdo con el organismo público.

Desde el INDH han iniciado acciones legales contra muchos de estos casos, la mayoría contra el cuerpo de carabineros. Han presentado al menos seis querellas por homicidio –contra carabineros, marinos y militares–, 17 por homicidio frustrado, 769 por tortura y 158 por tortura con violencia sexual que incluyen desnudos, tocamientos, amenazas, insultos y cuatro violaciones. El instituto compara estas denuncias con las que ha presentado en sus nueve años de historia y es tajante: en este periodo se han presentado 9,3 veces más querellas por violencia sexual y 6,2 veces más por otras torturas.

La actuación de la Policía y el Ejército para reprimir las protestas en Chile ha sido cuestionada por varios organismos internacionales. En diciembre, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –encabezada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet– se hizo eco de “numerosas denuncias por torturas, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual”. Días antes, Amnistía Internacional acusó a las fuerzas de seguridad de cometer “ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”.

El Ejecutivo de Piñera rechazó “categóricamente” el informe de AI y acusó a la ONG de hacer “aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente”. Sin embargo, el presidente reconoció que “en algunos casos no se cumplieron los protocolos de uso de la fuerza para controlar el orden público” y “se cometieron abusos”. Se calcula que al menos 27 personas han fallecido en el marco de las protestas.

El crisis social estalló a mediados de octubre, tras el alza del precio del metro en 30 pesos, 4 céntimos de euro, con los estudiantes llamando a no pagarlo. Pero pronto se transformó en un movimiento masivo con un reclamo mucho más amplio, que apuntaba al corazón de un país considerado el alumno aventajado de las políticas neoliberales en Latinoamérica, pero que esconde una sociedad marcada por la desigualdad. Por esta razón, aunque Piñera anunciara a los pocos días la suspensión del incremento del billete de metro, ya era tarde. “Chile despertó”, repetían los manifestantes.

Los chilenos han expresado en la calle su hastío por la falta de acceso a derechos básicos como la salud o la educación, o el actual sistema de pensiones. También han exigido un cambio en las relaciones políticas y sociales, demandando una nueva constitución que sustituyera a la actual –que data de la dictadura–. El tanto se lo apuntaron el pasado noviembre, cuando el Gobierno de Piñera, tras cuatro semanas de protestas, acordaba con la oposición una hoja de ruta para elaborar una nueva Constitución con un referéndum en abril de 2020.

Más de tres meses de movilizaciones han dejado la popularidad de Piñera por los suelos. Según la Encuesta Nacional de Opinión Pública, divulgada hace una semana por el Centro de Estudios Públicos (CEP), el nivel de aprobación de la gestión del presidente se sitúa en apenas un 6%, una caída de 19 puntos respecto al sondeo anterior, de mayo de 2019. La desaprobación del mandatario subió 32 puntos y llegó a 82%. “Es la peor evaluación que ha tenido un Presidente desde el retorno a la democracia”, señaló uno de los coordinadores del centro, Ricardo González, durante la presentación de la encuesta.