La historia de Rick Bright, el hombre que trató de impedir que Trump “inundara” EEUU de pastillas contra el virus

“Puede ser revolucionario. O no”, afirmó Donald Trump el pasado 19 de marzo sobre el uso de una medicina contra la malaria para tratar la COVID-19. A pesar de las incertidumbres, el presidente afirmó que estaba trabajando para que el medicamento estuviese disponible “de inmediato”. “Puede que funcione o puede que no, pero tengo buenas sensaciones. Son solo eso, sensaciones. Ya sabe, soy un tipo listo”. “Si las cosas no transcurren tal y como están planeadas, no va a matar a nadie”, añadió.

De puertas adentro, los expertos sanitarios del Gobierno llevaban semanas discutiendo el uso de los dos medicamentos en cuestión, la hidroxicloroquina y la cloroquina. Rick Bright, director del organismo público Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), intentó pararlo por todos los medios por el riesgo de utilizar una droga no testada –incluido filtrar información a la prensa–. Y fue cesado y trasladado a un puesto de menor rango. Este jueves ha declarado ante el Congreso para relatar lo sucedido.

“Creo que el traslado fue una respuesta a mi insistencia en que el Gobierno invirtiese los fondos de BARDA para la lucha contra la COVID-19 en soluciones seguras y comprobadas científicamente y no en drogas, vacunas y otras tecnologías que carecen de mérito científico”, ha afirmado Bright ante los congresistas. “La ciencia –no la política ni el favoritismo– debe guiar la forma de combatir este mortífero virus”. Bright lleva toda su carrera estudiando pandemias y vacunas para combatirlas. En 2014 fue nombrado director de la División de Gripe y Enfermedades Emergentes de BARDA y dos años después pasó a liderar la agencia.

Millones de pastillas donadas por Bayer

El conflicto nace el 10 de marzo, cuando el organismo que él dirigía empieza a recibir presiones para “promover el medicamento” en un “esfuerzo aparente de anotar un tanto político a corto plazo para el Gobierno”, sostiene Bright en una denuncia sobre su traslado. Unos días más tarde, la farmacéutica Bayer ofrece una donación de 3 millones de pastillas, pero BARDA se resiste. El líder de la gestión COVID-19 de la agencia escribe a Bright: “No deberíamos aceptar la donación hasta que sepamos la utilidad clínica del medicamento. Aceptarlo podría provocar un uso generalizado que no se apoya sobre ningún dato científico”.

Los correos entregados por Bright junto a su denuncia muestran que durante ese tiempo, el Gobierno ya estaba trabajando en conseguir una Autorización de Uso de Emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la cual permite el uso de una medicina a pesar de que no esté aprobada oficialmente. Un comunicado de Bayer publicado el 19 de marzo, el mismo día que Trump dio la famosa rueda de prensa, confirma que Gobierno y Bayer estaban trabajando por conseguir la autorización.

El 23 de marzo, Bright cuenta que recibió la orden directa de la Casa Blanca de “dejarlo todo y hacer disponible al pueblo estadounidense la donación de hidroxicloroquina de Bayer”. “Los mejores científicos en el Departamento de Sanidad habían advertido que la información era insuficiente para saber si estos medicamentos tenían algún beneficio médico en pacientes de COVID-19. En segundo lugar, había preocupaciones conocidas sobre la seguridad asociada a estas drogas, incluidas peligrosas arritmias cardíacas e incluso víctimas mortales”, afirma Bright.

“A Bright y colegas en la FDA también les preocupaba la calidad y la potencial toxicidad del suministro de cloroquina producido y enviado desde instalaciones en india y Pakistán no aprobadas por la FDA y, por tanto, no autorizadas para utilizarse en el mercado estadounidense”, sostienen los representantes legales de Bright.

Los planes del Gobierno continuaron y la FDA emitió la Autorización de Uso de Emergencia, lo que permite el uso del medicamento en hospitales a modo de prueba. Sin embargo, Bright cuenta que el Gobierno intentaba ampliar ese uso a toda la población. Trump volvió a alabar el medicamento el 4 de abril. El mismo día, un alto cargo de Sanidad apostó por “inundar Nueva York y Nueva Jersey”.

Bright se convierte en whistleblower

“En este punto, Bright había agotado todos los esfuerzos para proteger a los pacientes de los efectos de la acogida de la Administración de la hidroxicloroquina y la cloroquina como tratamiento para la COVID-19”, reza la denuncia. Entonces recurrió a la prensa y filtró a Reuters los correos que relataban todo lo ocurrido durante aquellos días y el peligro de distribuir pastillas fabricadas en plantas de india y Pakistán que no han sido supervisadas con anterioridad y que ya han tenido problemas en el pasado, obligando incluso a Bayer a destruir en 2015 21 millones de dosis de este medicamento.

El artículo se publicó el 16 de abril y aunque no mencionaba a Bright como fuente, todos sospecharon de él, asegura. El 18 de abril recibió una extraña noticia del Director del Instituto Nacional de Salud, quien le afirmó que a partir de entonces trabajaría para él. Ese mismo día, la asistente de Bright le llama para contarle que su nombre y su foto han desaparecido de la web. Según el equipo de comunicación, Bright había aceptado un nuevo puesto en el Instituto Nacional de Salud, pero eso era mentira. El 19 de abril, Bright se dirige a su puesto habitual y su supuesto nuevo jefe tras el traslado le comunica que si no se presenta en el trabajo, presentaría una queja.

El 21 de abril el Departamento de Sanidad publica un comunicado confirmando la salida de Bright como director de BARDA. Fue entonces cuando el experto presenta la denuncia ante la Oficina del Consejero Especial de EEUU para la protección de whistleblowers y alegando que su cese es ilegal.

Tres días después de aquel comunicado, la FDA publica una advertencia sobre el medicamento: “La hidroxicloroquina y la cloroquina no han demostrado ser seguras y efectivas para tratar o prevenir la COVID-19”. La agencia advierte también de que el uso de estos medicamentos combinado con otros también utilizados en pacientes de COVID-19 pueden causar ritmos cardíacos anormales que pueden ser mortales.

Para Trump, Bright es simplemente un “empleado insatisfecho que está intentando ayudar a los demócratas a ganar unas elecciones”.