Dudas sobre la voluntad real de la Comisión Europea de proteger el Estado de Derecho. Es lo que presenta el informe Binding the Guardian, coordinado por Albena Azmanova, analista política y profesora de Relaciones internacionales en la Brussels School of International Studies de la Universidad de Kent, investiga los informes anuales sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea (2020 y 2021).
El estudio, impulsado por el grupo del Parlamento Europeo de La Izquierda –UP, Syriza, France Insoumise, Die Lnke...–, investiga el hecho de que la Comisión “no aborde adecuadamente el uso cada vez mayor por parte de Francia de leyes de seguridad aceleradas y legislación discriminatoria contra las organizaciones de la sociedad civil musulmana, el ataque a las libertades políticas en España y cómo hizo la vista gorda ante los estrechos vínculos entre el Estado búlgaro y la mafia oligárquica”.
Omisiones sobre España
En el caso concreto de España, el informe señala que la Comisión Europea “ha omitido tanto las amenazas sistemáticas como las reiteradas infracciones del Estado de derecho”, adoptando la posición de que “muchas de estas cuestiones son un asunto interno del Estado español”.
“Con el pretexto de proteger una Constitución democrática y salvaguardar el orden público, el poder público en España ha incurrido en prácticas represivas. La violación de los derechos y libertades fundamentales protegidos por el derecho internacional y de la UE no puede ser un asunto interno de ningún gobierno”, afirma el informe: “Es probable que el silencio deliberado de la Comisión tenga un efecto negativo sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea. El análisis reduccionista y legalista de la Comisión sobre el estado de derecho en España abre la puerta a su utilización como instrumento de opresión”.
Los informes sobre el estado de derecho de 2020 y 2021 relativos a España “muestran la tendencia de la Comisión Europea a limitar el alcance de su mandato con respecto a la supervisión del Estado de Derecho en la UE, lo que permite a los gobiernos ejercer un poder arbitrario, sin riesgo de condena o represalias”.
El estudio señala que la parte del informe de la Comisión Europea sobre el sistema de justicia en España “contiene dos deficiencias: su descripción de las cuestiones relacionadas con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su respuesta al referéndum de independencia de Cataluña de 2017 dentro del tema más amplio de la libertad política”.
Así, el estudio critica “la respuesta evasiva de la Comisión Europea” sobre las consecuencias del CGPJ en funciones durante más de 1.000 días: “Muchos de los nuevos nombramientos de jueces que ha realizado el Consejo han sido cuestionados por asociaciones jurídicas por no cumplir con los requisitos de 'mérito, experiencia y capacidad”.
El 14 de septiembre de 2020, los eurodiputados María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos/La Izquierda), Idoia Villanueva (Podemos/La Izquierda) y Ernest Urtasun (Catalunya En Comú/Verdes) presentaron dos preguntas parlamentarias sobre este tema: “¿Piensa la Comisión que el bloqueo por parte del Partido Popular de la renovación del CGPJ por parte del Parlamento, impidiendo que este último cumpla con su mandato constitucional y poniendo en peligro la independencia del poder judicial, puede constituir una vulneración del Estado de derecho como valor fundamental de la UE? ” y “¿tiene la Comisión la intención de dar seguimiento al asunto?”.
A esto, el comisario de Justicia, Didier Reynders, respondió: “En el Informe sobre el estado de derecho de 2020, la Comisión tomó nota del retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial al que se refieren sus señorías y subrayó la importancia de garantizar que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización. [...] La Comisión seguirá de cerca la evolución a este respecto ”.
En su respuesta, “la Comisión se ha negado a asignar responsabilidades al PP y utilizar su autoridad para ejercer presión para resolver esta situación urgente y anómala”, afirma el estudio: “Al negarse a hacer uso de su poder, la Comisión no está cumpliendo con sus obligaciones con respecto al Estado de Derecho en la UE y permite que esta cuestión en el núcleo del poder judicial español permanezca y se agrave”.
Catalunya
Los informes de la Comisión de 2020 y 2021 “guardan silencio sobre las numerosas infracciones del Estado de Derecho que el Gobierno español ha cometido en respuesta al referéndum de independencia de 2017 en Catalunya”, prosigue el estudio: “La Comisión Europea ha respaldado explícitamente al Gobierno español y su interpretación del Estado de derecho como una cuestión de simple aplicación de la ley existente”.
Además, el estudio señala que “solo en 2020 ha habido al menos tres importantes informes internacionales que expresan la preocupación por el derecho a la libertad de expresión en España (AGNU 2020; UNESCO 2020). Sin embargo, basándonos en las contribuciones de varias organizaciones (PDLI 2020; Liberties 2021), señalamos varios casos no reconocidos o insuficientemente reconocidos en los Informes sobre el estado de derecho de 2020 y 2021. Van desde infracciones al estado de derecho en forma de ataques a periodistas por parte de las autoridades estatales hasta legislación gubernamental que actúa para restringir y controlar la libertad cívica de expresión”.
“El marco legal actual en España genera incertidumbre sobre las libertades civiles básicas”, afirma la investigación, “lo que aumenta indebidamente el poder arbitrario del poder judicial y del ejecutivo. Estos casos se han omitido en los informes de 2020 y 2021 de la Comisión Europea. El uso repetido por parte del Gobierno de decretos leyes, otorgados por la Constitución en casos de necesidad urgente y extraordinaria, se cita en el Informe de 2021, pero está débilmente alineado con las preocupaciones de las partes interesadas de que 'limitaría la participación de las partes interesadas en el procedimiento legislativo'. No menciona que existen casos en los que este proceso ya ha ocurrido y que corren el riesgo de lesionar ciertas libertades civiles”.
Leyes mordaza
PSOE y Unidas Podemos parece que están llegando a acuerdos para poner fin a las leyes mordaza, que “se están utilizando para normalizar y hacer permanentes las medidas excepcionales adoptadas durante la emergencia de salud pública de la COVID-19”.
“En varios casos”, afirma el estudio, “estas leyes han servido para criminalizar los movimientos sociales que brindan apoyo a grupos vulnerables durante los confinamientos. Así, el 2 de abril de 2020 se aplicó la Ley Mordaza a una red de apoyo mutuo que entregaba alimentos a colectivos de migrantes en Barcelona (El Salto 2020). En otro ejemplo, el 17 de marzo, la Policía Local de Valencia multó a un restaurante y a una red de apoyo mutuo vecinal por repartir alimentos a familias vulnerables (El Mundo 2020). Alarmante también fue el caso de la Asociación de Vecinos La Nueva Elipa el pasado 23 de marzo, que recibió tres multas de la Policía Municipal relativas a tres voluntarios de su Despensa Solidaria de Alimentos (Madrid Diario 2020). La forma aparentemente arbitraria y, por lo tanto, dañina en la que se utiliza esta legislación para criminalizar a diferentes sectores de la sociedad civil se omite en el informe de la Comisión Europea. Si bien el informe 2020 de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho ha enumerado las preocupaciones planteadas por la sociedad civil sobre la amenaza de las leyes mordaza a la protección de la libertad de información, su referencia sigue siendo vaga y la gravedad del daño al Estado de derecho sigue siendo sin atender”.
Los periódicos The Guardian y El País informaron en julio de 2020 de que el entonces presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, había sido objeto de espionaje mediante el uso de software espía, que según Pegasus, la empresa israelí que distribuye el equipo, solo se vende a los gobiernos para rastrear a los delincuentes y terroristas (Kirchgaessner y Jones 2019). En el informe de la Comisión no se menciona información sobre el espionaje político.
Una petición firmada por más de 35.000 ciudadanos y cientos de intelectuales, políticos y artistas fue lanzada en 2019 por el colectivo de la sociedad civil Stop Lawfare (Le Monde Commun 2019), con el objetivo de denunciar la persecución política de denunciantes, sindicalistas, ecologistas y manifestantes. .
En España, entre el periodo de 2014 y 2017, el partido político Podemos ha sido objeto de diez denuncias judiciales, todas ellas suspendidas por el correspondiente proceso judicial (Portillo 2020a). En 2021 se suspendieron otros dos casos abiertos de 2019 y 2020 contra el partido (Estaire 2021). Esto ilustra la actual presión judicial y mediática dirigida a partidos políticos concretos, lo que representa una amenaza para el Estado de derecho.
El principio del estado de derecho estipula la igualdad de trato. Por tanto, todas las formas de discriminación constituyen una violación del estado de derecho. El Informe no aborda la discriminación sistemática, en particular contra la comunidad romaní y los afrodescendientes.
En 2020, varias organizaciones informaron de varios incidentes en los que las prácticas discriminatorias afectaron a personas de ascendencia africana y a otras minorías. En su informe “Covid-19: Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España” (IDPAD y RIS 2020), el equipo de implementación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (IDPAD) y Rights International Spain (RIS) documentan una situación alarmante número de perfiles raciales, brutalidad policial y prácticas institucionales discriminatorias.
El uso de perfiles racial-étnicos en nombre de las fuerzas del orden en España es una práctica condenada por el Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes (WGEPAD) en 2018 y también documentada por el informe de 2019 “Bajo sospecha, el impacto de la discriminación policing in Spain ”de Rights International y Open Society Initiative (OSF y RIS 2019).
Incumplimiento de Bruselas
Así, el estudio concluye que la Comisión Europea no cumple con sus deberes como guardiana de los tratados, ya que “no justifica la selectividad de la información que ha incluido, es propensa al uso de un lenguaje oscuro que condona inherentes amenazas al Estado de derecho y deficiencias institucionales sistémicas, y está influido por prejuicios políticos”.
Aunque estos informes anuales del Ejecutivo comunitario sobre el Estado de derecho de los países no son vinculantes, el estudio encuentra que “cuando se usa mal, esta herramienta de política aparentemente inocua puede causar un daño grave”. La Comisión Europea tendría bases más sólidas con respecto al Estado de Derecho en Polonia y Hungría si hubiera presionado para que los gobiernos lo salvaguardaran en todos los Estados miembros, concluyen los autores.
Los autores sostienen que los informes de los países deben adecuarse al Estado de Derecho y establecen una serie de recomendaciones. Además de los cambios en la metodología y la presentación de los informes específicos de cada país, abogan por la creación de una plataforma del Estado de Derecho en la que los ciudadanos compartan experiencias de violaciones del Estado de Derecho y pidan a la Comisión que rinda cuentas sobre la situación.
Clare Daly, eurodiputada irlandesa en el grupo de La Izquierda y promotora del informe, ha afirmado: “El Estado de Derecho se ha convertido en un eslogan en las instituciones de la UE, pero en lugar de ser una base para garantizar que todos los ciudadanos vivan en una sociedad justa que protege sus derechos fundamentales, se subutiliza o se utiliza de forma selectiva como un palo ocasional para vencer a los que están fuera de la corriente principal europea. Esta aplicación partidista e inconsistente de lo que debería ser un sistema universal priva a los ciudadanos de una valiosa herramienta para una vida mejor. Este estudio es un llamado a la acción, para que la ciudadanía lo reclame como propio”.
El estudio contó con la colaboración de periodistas nacionales, ONG, grupos de expertos y eminentes académicos del estado de derecho, incluidos los profesores Laurent Pech y Kalypso Nicolaïdis.
Una carta abierta de noviembre de 2017 al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, impulsada por Barbara Spinelli, Albena Azmanova, Etienne Balibar, Kalypso Nicolaïdis y otros advirtió de la creciente tendencia a utilizar el Estado de Derecho como herramienta de opresión política, y señaló que la propia Comisión Europea no estaba cumpliendo con sus responsabilidades de salvaguardar el estado de derecho en la UE.
En un artículo de Nicolaïdis y Azmanova (2020) argumentaron que “la propia UE ha cumplido con estos principios de manera errática y selectiva, violando así el espíritu del Estado de derecho. Esto ha sido evidente en varios casos, desde la falta de preocupación por el monopolio de los medios de comunicación de Silvio Berlusconi en Italia hasta el estado de emergencia semipermanente de Francia, ignorando las violaciones rutinarias de los valores fundamentales, como el derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión o incluso el derecho a la libertad”.