Más tensiones a la vista entre España e Israel tras sumarse a la causa por genocidio de la Corte Internacional de Justicia

La decisión adoptada por el Gobierno español de sumarse a la causa que, gracias a Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) está desarrollando contra Israel por un posible delito de genocidio es un paso inequívoco en la dirección correcta. Y lo es frente a todos los pesares y matices que se quieran plantear para rebajar su relevancia o para criticarla.

Por supuesto, lo que ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no va a poner fin a la masacre que Israel continúa sin tregua en Gaza, donde han muerto más de 36.600 palestinos. A estas alturas es muy evidente que el Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu no se siente limitado por ninguna instancia internacional ni por ningún gobierno –salvo el de Estados Unidos, si Joe Biden se decidiera a pasar de las palabras a los hechos– para detener su deriva asesina.

Lo demuestra a diario con sus descalificaciones urbi et orbi frente a cualquier atisbo de crítica por su comportamiento –incluido contra la ONU, la propia CIJ y la Corte Penal Internacional–, así como con sus declaraciones supremacistas con clara voluntad de exterminio y, más aún, con sus acciones militares en abierto desafío a las normas más básicas del derecho internacional.

Netanyahu está empeñado en prolongar la operación de castigo el tiempo que sea necesario, aunque no se sabe muy bien si está pensando en la eliminación militar y política de Hamás (imposible de lograr por vía militar) o, más bien, en el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a final de año, calculando que eso le sería de gran ayuda para mantenerse en el poder en Israel a toda costa.

Tampoco España va a iniciar una acción unilateral para imponer el alto el fuego, el intercambio de prisioneros y la entrada de la ayuda humanitaria en la Franja. Lo que implica la decisión adoptada es que el Gobierno español se alinea con la CIJ, tanto en la vigilancia sobre el grado en que Israel cumple con las medidas cautelares dictadas anteriormente, como en aportar información pertinente para la buena marcha de la demanda. Incluso se puede aducir que la medida no ha sido consensuada con el resto de los miembros de la Unión Europea y hasta puede que no haya sido comunicada con antelación (como sería aconsejable) a las principales fuerzas parlamentarias.

Pero nada de eso quita determinación y validez a la decisión de colocarse en el lado correcto de la historia, junto a México, Chile y algunos otros. En realidad, lo primero que cabe replicar a quienes, temerosos del coste que puede suponer provocar las iras de Netanyahu y sus adláteres, ponen el énfasis en el riesgo que supone dar este paso sin verse acompañado por el resto de los Veintisiete –salvo Bélgica e Irlanda, cuando formalicen sus anuncios– es que la defensa del derecho internacional y la coherencia con los valores y principios que todos decimos defender exigen movilizarse en esa dirección.

Lo que de hecho tendría más sentido en preguntarse por las razones últimas de quienes optan por ponerse de perfil ante una violación tan brutal del derecho internacional, con tal de no verse acusados de antijudíos y de promotores del terrorismo yihadista.

Lo previsible es que ahora el Gobierno israelí tense aún más las relaciones con España, más allá de lo que ya anunció cuando se produjo el reconocimiento de Palestina como Estado, el pasado día 28. Conscientes de ello, cabe imaginar que pronto habrá nuevos pasos, incluyendo, por ejemplo, la llamada a consultas de la embajadora española en Tel Aviv.

Más difícil es que el Gobierno español se decida a formalizar un embargo de armas dado que, a pesar de ser irrelevante en términos cuantitativos, el volumen de exportaciones españolas de material de defensa a Israel (por debajo de los 10 millones de euros al año de media); no ocurre lo mismo con las importaciones de material israelí, no tanto por su también escaso importe en términos macroeconómicos (cientos de millones de euros) como por el hecho de tratarse de equipos tecnológicamente muy sofisticados y para los que España no tiene una alternativa inmediata.

Lo mismo cabe decir con la suspensión de las relaciones comerciales ya que, aunque no suponen más que unos 3.200 millones de euros anuales (con un claro superávit para España), obligan a considerar esa hipotética decisión en el marco de la Unión Europea y algunos sectores empresariales podrían verse más significativamente afectados a corto plazo.

Aun así, contando con que no es previsible que el gabinete israelí vaya a frenar su ansia belicista sobre el terreno y que, en línea con lo que ya afirmó cuando España reconoció a Palestina –Israel “dañará a quien dañe a Israel”–, son opciones que España debe considerar. Así lo demanda la legalidad internacional y la defensa de los intereses de España. Veremos.