El año pasado, en una tarde de julio, Adama Traoré salió con su hermano mayor, Bagui, para planear la fiesta de su 24º cumpleaños esa misma tarde en Beaumont-sur-Oise, la pequeña ciudad al norte de París donde vivía. Se encontraron con la policía, que andaba detrás de Bagui por un caso. Pero Adama no llevaba su identificación encima así que intentó escapar. Horas más tarde, apareció muerto cuando estaba bajo custodia policial.
Las inexplicables circunstancias que rodean la muerte de Adama, las acusaciones de un encubrimiento por parte del Estado y la lucha de la familia Traoré en busca de justicia han hecho de este uno de los casos más importantes de la presunta brutalidad de la policía francesa.
La sombra de la muerte de Traoré ha sobrevolado también las manifestaciones y disturbios de la semana pasada en la periferia de París, después de que otro caso devolviera el foco a la presunta violencia policial antes de las elecciones presidenciales francesas de esta primavera. En medio de la ira provocada por un violento arresto en Aulnay-sous-Bois, en el que se acusa a un policía de violar con una porra a un joven llamado Theo, los enfrentamientos desatados en las afueras de París provocaron el arresto de 250 personas.
Ambos casos reflejan la repetida acusación contra la policía de usar una fuerza excesiva en los barrios más pobres, en particular contra jóvenes negros o de minorías étnicas.
Sin mencionar el caso Traoré, el presidente de Francia, François Hollande, se presentó en el hospital donde Theo se recupera de una cirugía de emergencia para curar sus graves heridas. Esperaba poder calmar la situación, pero los enfrentamientos esporádicos han continuado en otros suburbios de la ciudad.
La candidata de la extrema derecha (Frente Nacional) Marine Le Pen cuenta entre otros con el apoyo electoral de gran parte de las fuerzas policiales para llegar a la segunda vuelta de las presidenciales. Su principio ha sido “respaldar a la policía” a menos que el sistema judicial demuestre que hubo delito.
Muy diferente es la postura de Benoît Hamon, candidato socialista, para quien es intolerable que “familias enteras teman por la seguridad de sus hijos en caso de ser detenidos por la policía”.
Las mentiras de la policía
El 19 de julio, la familia de Adama Traoré supo que el joven había sido arrestado. Los nervios crecían con las horas. En la comisaría, la madre de Adama escuchó versiones contradictorias. Un policía le dijo que Adama estaba en el hospital. Otro, que se encontraba bien y que le daría los bocadillos que ella le había preparado. Hasta que le dijeron que las horas de visita ya habían terminado y que tenía que volver el día siguiente.
La madre de Adama se quedó fuera de la comisaría junto a uno de sus hijos menores, Yacouba, llorando en la oscuridad. Eran las diez de la noche y hacía cinco horas que nadie sabía nada de Adama. Su madre y su hermano vieron las luches de los coches que entraban y salían de la estación de policía. Hasta que Yacouba no pudo aguantar más y puso su pie de manera que la valla quedara abierta.
Un policía le dijo que quitara el pie, pero Yacouba se negó y exigió que le dieran información acerca de su hermano. Los policías se apiadaron de ellos y los hicieron entrar. “Si les decimos lo que pasó, queremos que permanezcan tranquilos”, le dijo un policía. “Adama está muerto”.
Yacouba perdió el control y tuvo que ser contenido. La policía lo roció con gas lacrimógeno a él y a su madre. A la señora Traoré le dijeron que su hijo había muerto de un ataque al corazón y de una infección severa en la sangre, que Adama había estado bebiendo y fumando cannabis. “El doctor se acercó, se sentó al lado mío y me dijo: ‘Señora, no puede ver a su hijo’”, contó la mujer a The Guardian. “Perdió mucha sangre por la nariz y por la boca, no es algo que quiera ver”, le dijo el doctor.
Gas lacrimógeno contra los manifestantes
Al día siguiente, a medida que los medios de comunicación empezaron a informar con la versión oficial de la historia (un joven bajo custodia policial muerto de un ataque al corazón), la familia de Traoré y los amigos organizaron una manifestación pacífica frente a la comisaría a la que se lo habían llevado. No creían que hubiese muerto de un infarto y querían respuestas. Una vez más, la policía usó gas lacrimógeno. Esta vez, para dispersarlos.
“Como ustedes son musulmanes y sabemos que les gusta enterrar los cuerpos rápidamente nos hemos tomado la libertad de llamar al aeropuerto de Roissy y comunicarnos con Air France: el cuerpo será repatriado a Malí mañana”, les dijeron las autoridades. Las sospechas de la familia eran cada vez mayores. Hasta les ofrecían poner en orden los pasaportes de los familiares que todavía no los tenían en regla. Pero de ahí no se iba nadie: Adama no estaba enfermo y querían una segunda autopsia.
Las autoridades insistieron otra vez en entregar el cuerpo a los familiares. No aceptaron porque eso eliminaría la posibilidad de una segunda autopsia. “Cuando llegó el cuerpo, en un gesto que a nosotros nos pareció muy violento, lo rechazamos”, explicó a The Guardian Assa, la hermana mayor de Adama.
La segunda autopsia reveló que Traoré había muerto por asfixia. Las pruebas toxicológicas por cannabis y alcohol dieron negativo. La familia insistía en que alguien, en algún lugar, había mentido acerca de lo que pasó esa noche.
Más tarde, un bombero dijo a los investigadores de la gendarmería que cuando llegó al lugar de los hechos para reanimar a Traoré se dio cuenta de que el joven no se encontraba en una posición de recuperación, sino boca abajo y esposado en el suelo, sin que nadie lo asistiera, una declaración que contradecía la de los gendarmes.
Según uno de los oficiales, Traoré había dicho a la policía que no podía respirar, pero los oficiales dijeron al bombero que creían que estaba fingiendo. Como primera medida, se negaron a quitarle las esposas con la excusa de que era violento.
El año pasado, preguntaron en el Parlamento al entonces ministro del Interior Bernard Cazeneuve sobre el caso. Sólo dijo que apoyaba el trabajo de la policía y que “no podía aceptar que constantemente se les quisiera echar la culpa”.
Un patrón de impunidad
La investigación de los acontecimientos que rodearon a la muerte de Traoré sigue en marcha. Pero el joven no es la primera persona en morir bajo custodia policial en Francia. No hay cifras oficiales sobre el número de muertos o heridos en manos de la policía y los gendarmes, pero Amnistía Internacional ya lanzó una advertencia sobre lo que llama “un patrón de impunidad de facto” con los agentes de las fuerzas de seguridad francesas. Según los cálculos de los medios de comunicación y los grupos activistas, en Francia se producen entre 10 y 15 muertes por año vinculadas a la policía.
En Francia, los disturbios y la agitación social en los complejos de edificios suburbanos han estado asociados durante décadas a la cada vez peor relación entre los jóvenes y la policía, de la que desconfían profundamente.
En 2005 los adolescentes Bouna Traoré, de 15 años, y Zyed Benna, de 17, murieron electrocutados tras escapar de la policía en el barrio Clichy-sous-Bois, en la periferia de París. Su muerte fue la chispa para los peores disturbios que ha vivido Francia en 40 años. Estaban volviendo de un partido de fútbol cuando se cruzaron con un vehículo de la policía. No habían cometido ningún delito pero comenzaron a correr instintivamente. Los agentes los persiguieron hasta que se escondieron dentro de un transformador, en el que murieron electrocutados. Llevó diez años y muchas disputas legales que el caso llegara a los tribunales. Los dos agentes acusados de no ayudarlos fueron absueltos.
No todos los casos de la supuesta brutalidad policial en Francia salen en las noticias, pero el caso de Adama Traoré se ha convertido en un símbolo tras años de supuesta brutalidad y la poca o nula respuesta del Estado.
Assa Traoré, de 31 años, la hermana de Adama, es maestra, madre de tres hijos, y lidera la campaña por justicia para su hermano. En noviembre dijo en una entrevista para la televisión francesa que Nathalie Groux, alcaldesa de centro-derecha de Beaumont-sur-Oise, ya había decidido cuál era su lado, “el lado de la policía, es decir, de la brutalidad policial”. Groux amenazó con demandar a Assa por difamación por un total de 30.000 euros.
“Decidí con mis hermanos y otra gente de Beaumont ir a la reunión del Ayuntamiento”, contó Assa a The Guardian. “Cuando llegamos, nos encontramos con unos 50 agentes de policía”, dijo. Aparecieron decenas de partidarios, a los que se les negó la entrada a una reunión que generalmente es pública. La policía utilizó gas lacrimógeno para hacer retroceder a la gente. Assa anunció que en la próxima volverían con más gente.
Cuando la familia regresó a su barrio, había decenas de policías armados esperándolos. En los vídeos, se puede ver a la policía usando armas no letales en los altercados con la gente del lugar.
Seis días después, el día de la segunda reunión del Ayuntamiento, la policía arrestó a los hermanos Bagui Assa y Youssouf Assa por supuestas agresiones verbales y físicas a la policía cuando intentaban entrar la reunión de la semana anterior. Se les negó la fianza y fueron a juicio tres semanas después.
Los ocho agentes de policía que testificaron se sentaron juntos en la sala del juzgado. Los once testigos de la defensa esperaban en otra sala. Le Monde informó de que la defensa había “resaltado las contradicciones en los testimonios de las fuerzas del orden”. Pese a todo, ambos hermanos fueron declarados culpables. Youssouf recibió una sentencia suspendida de tres meses. Bagui fue sentenciado a ocho meses en prisión y se le prohibió vivir en Beaumont durante dos años. Recibieron una multa de 7.000 euros.
A principios de este mes, la familia y los activistas realizaron el recital “Justicia por Adama” en París, con la ayuda de varios populares músicos franceses, como Youssoupha y Sofiane. Las entradas se agotaron. Esa misma noche, Theo, de 22 años, fue arrestado en Aulnay-sous-Bois y un agente fue acusado de violación.
Esta semana, un grupo de artistas, estrellas del deporte, académicos y celebridades firmaron una carta abierta en el periódico Libération para pedir justicia en el caso de Adama Traoré. La carta dice: “Nos negamos a aceptar que una gran parte de la población de Francia haya sido abandonada por la República, y exigimos la más estricta imparcialidad del Estado cuando las fuerzas que imponen el orden actúan fuera de la ley”.