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Miles de mujeres estadounidenses han adquirido medicamentos para provocar abortos farmacológicos en los últimos seis meses. Estos datos ponen de manifiesto la creciente dificultad de acceder a abortos seguros.
Según la información a la que ha tenido acceso The Guardian, 21.000 mujeres han solicitado medicación abortiva [no la píldora del día después] a la ONG Aid Access entre octubre de 2018 y marzo de este año. Entre un tercio y la mitad de las mujeres que hicieron la petición recibieron los medicamentos por correo ordinario. La mayoría reside en estados con políticas hostiles hacia el aborto.
Las mujeres que han obtenido los medicamentos para provocar el aborto farmacológico han descrito su desesperación por no lograr un acceso asequible a los servicios médicos locales. Algunas de ellas incluso consideraron medidas extremas para acabar con su embarazo.
“La realidad sobre el terreno es desesperante”, señala Rebecca Gomperts, fundadora de Aid Access, que facilita recetas en Internet de estos medicamentos abortivos enviados a EEUU por correo. “Si una mujer no se puede permitir un aborto normal en Estados Unidos, hará cualquier cosa para acabar con su embarazo”, añade.
La semana pasada, Alabama aprobó la primera prohibición casi total del aborto. A este estado se suman otros cuatro que han dado el visto bueno a prohibiciones en las primeras semanas de gestación, antes incluso de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Estas medidas amenazan el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. Sin embargo, los últimos datos sugieren que el cierre de clínicas, los precios prohibitivos y los requisitos de asesoramiento en persona sobre el aborto, así como las listas de espera, ya han provocado un grave deterioro en los servicios sanitarios a las mujeres.
“Hablamos de esta idea de que Alabama puede derogar la sentencia Roe V Wade [la sentencia del Tribunal Supremo que garantiza a las mujeres el derecho al aborto en EEUU], pero incluso ahora que las mujeres tienen el derecho a abortar, muchas no pueden ejercerlo”, denuncia Abigail Aiken, profesora asistente en la Universidad de Texas, Austin, que ha analizado los datos de Aid Access.
El aborto es legal en los 50 estados de EEUU. Los vetos al aborto en varios estados del país son esfuerzos de los activistas para derogar la sentencia Roe v Wade. El histórico fallo del Supremo autoriza el aborto hasta el momento en el que el feto puede vivir fuera del útero, es decir, 24 semanas.
Desde 2006, Gompers ha presidido la ONG Women on Web, que permite a las mujeres que viven en países en los que se prohíbe el aborto interrumpir sus embarazos con consultas online. Los doctores de la organización prescriben las dos pastillas –mifepristona y misoprostol– que pueden acabar con un embarazo durante las 10 primeras semanas del mismo. Los medicamentos se envían a las mujeres desde una farmacia radicada en India.
Gomperts lanzó la operación estadounidense, Aid Access, el año pasado, tras observar un incremento gradual en la demanda, con unas 6.000 solicitudes de medicamentos para provocar abortos farmacológico entre octubre de 2017 y agosto de 2018. Tres cuartas partes de las solicitudes provienen de estados que han introducido leyes estrictas contra el aborto, como Alabama, Georgia y Mississippi.
La organización señala que también ha escuchado casos de mujeres que decían estar considerando medidas extremas, tales como beber alcohol o que alguien las golpease en el estómago.
En algunos estados, la legislación contra el aborto ha llevado al cierre de la mayoría de clínicas. En Texas en 2013 había 44 clínicas. Dos años después, solo quedaban 19, ante la restrictiva legislación aprobada para recalificar los centros abortivos como centros quirúrgicos, lo que les obliga a tener pasillos amplios y grandes salas para operar. Algunas informaciones apuntan a que el año pasado seis estados solo tenían en funcionamiento un centro para abortar.
“Para la gente con unos ingresos bajos, el derecho legal al aborto es una cuestión discutible”, denuncia Aitken.
Los abortos farmacológicos antes de las 10 semanas de embarazo son similares a un aborto natural y generalmente no requieren ningún seguimiento. La primera pastilla, mifepristona, bloquea la hormona del embarazo y la segunda, misoprostol, que se toma 24 horas después, provoca una contracción del útero.
Testimonios de mujeres que han realizado el tratamiento, publicados por la ONG en una carta la semana pasada, abarcan un amplio abanico de situaciones: desde mujeres jóvenes en relaciones que no se pueden permitir los 900 dólares que cobra su clínica local a madres que no quieren tener otro hijo y mujeres en relaciones abusivas.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU ha emitido una advertencia afirmando que Aid Access está violando la legislación federal al vender medicamentos “mal etiquetados y no aprobados”.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti