La austeridad es mucho más que recortes de gastos: es privatizar todo lo que tenemos
Casi todos los que se toman en serio el asunto concuerdan en que el ministro de Economía británico, George Osborne, y el primer ministro, David Cameron, quieren transformar al Reino Unido. Los recortes de gastos, los cambios en el Servicio Nacional de Salud (NHS), y hasta la ofensiva gubernamental sobre la BBC de este mes: las señales son muchas y marcan que los próximos años, tal vez durante más de una década, serán de cambios gigantescos. Apenas comprendemos ahora cuánto puede cambiar el Reino Unido y en qué dirección.
Tomemos como ejemplo la austeridad: la palabra que definirá al actual gobierno. Hasta el más perspicaz de los críticos comete dos errores básicos: el primero, asumir que todo se resume en recortar gastos y aumentar impuestos; el segundo, creer que eso sirve para reducir la cantidad de dinero que el país pide prestado. Caer en estos lugares comunes reduce el concepto de austeridad a un proyecto técnico sobre el que se podrá dar marcha atrás sencillamente. Si fuera tan fácil, lo único que tendríamos que hacer sería abrir el grifo para que fluya el gasto nuevamente y se lleve todo rastro de la economía Osborne.
Pero la austeridad es mucho más que eso, es un proyecto irreversible para transferir el patrimonio de los sectores más pobres a los más ricos. Y está funcionando a las maravillas: mientras que el típico trabajador británico todavía gana menos de lo que ganaba antes de la inflación provocada por la crisis bancaria, la cantidad de multimillonarios con residencia en el Reino Unido se ha multiplicado por cuatro desde 2009. Hasta cuando recorta prestaciones Osborne está ejecutando un programa por el que el público británico entregará gran parte de lo que todavía le queda a los más ricos del país.
La privatización es el eje multimillonario de la austeridad de Osborne pero muy pocas veces se escucha a los políticos o a los medios mencionarla. La semana pasada, la reina habló de las privatizaciones en su discurso y los encargados de escribir los titulares ignoraron el tema. No se culpe usted si no sabe que este jueves es la fecha límite para la consulta anterior a la venta del Registro de la Propiedad del Reino Unido: yo tampoco lo he visto en los periódicos.
El programa de austeridad de Osborne no podría funcionar sin deshacerse de los bienes más preciados del Estado. En un período en el que los ingresos fiscales son más un hilo de agua que una corriente, esas ventas ingresan al tesoro público el dinero tan necesitado y permiten que las cuentas de Osborne cierren. Según la oficina independiente de Responsabilidad Presupuestaria, la única razón por la que el ministro Osborne cumplió con los objetivos para frenar la deuda del año pasado fue la venta de los bienes públicos del país. Fue una gran liquidación de activos, se deshizo de todo. En lo que fue la ola de privatizaciones más grande de toda la historia del Reino Unido, vendió desde la última participación en el Royal Mail (el servicio de correos del Reino Unido) hasta las acciones de Eurostar (el tren de alta velocidad).
Aún falta más, mucho más. El nuevo proyecto de ley de vivienda, algo casi grotesco, forzará a las autoridades locales a vender las “preciadas” viviendas sociales cada vez que una familia se mude. Es decir, entregar a los inversores lo poco que queda de viviendas sociales en el centro de Londres. Osborne quiere también que las autoridades locales “desechen los posibles bienes excedentes”. Según sus cálculos, unos 78.000 millones de euros en “propiedades que no se usan ni para educación ni para vivienda”. Se refiere a bibliotecas y piletas públicas de natación. Para un gobierno empecinado en liquidar activos, esas necesidades comunales no son más que existencias pendientes de ser vendidas.
En Whitehall, los ministros planean vender una gran porción de la emisora de televisión Channel 4 y la participación del Estado en el control del tráfico aéreo nacional. Y eso solo es el principio. Hay otro plan del que probablemente tampoco hayan leído nada: Osborne armó un paquete con todas las participaciones públicas (de todas las empresas, desde bancos colapsados hasta la Royal Mint, que es la Real Casa de la Moneda del Reino Unido) para ponerlas bajo el control de una organización gubernamental llamada UK Government Investment (UKGI). El CEO de la organización (¿qué otra cosa podría ser sino?) es el veterano de la City financiera londinense Mark Russell. En 2013, en una de sus pocas entrevistas, dijo: “No creemos que el gobierno sea un accionista particularmente bueno. A menos que haya una buena razón política para tener acciones, nuestra opinión es que hay que vender esas participaciones”. La frase “todo a la venta” dejó de ser el grito de comerciantes desesperados. Ahora es política pública.
Como empleado de los contribuyentes, Russell gana casi 210.000 euros, un salario mucho mayor que el del primer ministro. Hace tres años estuvo involucrado en un desastre del que usted sí habrá oído hablar: fue una de las personas encargadas de vender el 70% del Royal Mail. Hasta el propio gobierno admite hoy que se vendió por menos de lo que valía. Según calculó un selecto comité de miembros del Parlamento en 2014, nuestro servicio público de 500 años de antigüedad se malvendió con un descuento de 1.312 millones de euros.
La venta del Royal Mail ayuda a entender en qué consiste esto de las privatizaciones: en el mejor de los casos, ganancias a corto plazo y pérdidas de capital a largo. El público vende uno de sus bienes preciados con el objetivo de que el ministro pueda hacer caja hoy con un poco de efectivo. Según los cálculos del grupo activista We Own It difundidos este lunes, si Osborne vende el Registro de la Propiedad, los Servicios de Tráfico Aéreo Nacional, Channel 4 y el Ordnance Survey (la agencia nacional de topografía), nos podremos despedir de controlar unos 10.164 millones de euros en dividendos y ganancias durante los próximos 50 años. Por supuesto, tendremos unos miles de millones en el bolsillo hoy pero, a la larga, perderemos mucho más.
Estamos hablando de servicios que se han construido sobre la base de muchas décadas, incluso siglos, de inversión y administración pública. El Registro de la Propiedad existe desde la época victoriana y las fotografías aéreas del Ordnance Survey en territorio enemigo ayudaron al Reino Unido a ganar la Primera Guerra Mundial.
La acumulación de todo ese esfuerzo e ingenio será entregada a un pequeño grupo de inversores, ¿para qué? ¿Para una mejor administración? Un estudio reciente de la Universidad de Greenwich, concluye que “no hay una diferencia significativa entre la eficiencia de una entidad pública y la de una privada en materia de servicios públicos”.
¿Lo hacemos entonces para lograr más inversión? Los ministros que venden todo, desde la compañía ferroviaria hasta el agua, han prometido que la privatización atraerá a los grandes inversores. Llega, sí, pero es siempre el público el que termina pagando por esas inversiones. Margaret Thatcher decía que la venta de British Telecommunications (BT), British Gas y todo lo demás que privatizó haría del Reino Unido una democracia accionista. Pero según las cifras oficiales, la participación de los británicos en el mercado de valores británico es menos de la mitad que la que tenían antes de las privatizaciones de Thatcher.
Las privatizaciones de Osborne, al igual que el resto de su programa de austeridad, le permitirán transferir los bienes públicos a un grupo mucho más pequeño de inversores privados. Los trabajadores pueden esperar recortes en los trabajos, en los salarios y en las condiciones laborales, como ocurrió con los servicios públicos que ya se privatizaron. El resto de nosotros, los consumidores, tendremos que sobrellevar tarifas más caras y el pago de subsidios ocultos. ¿Y el ministro? Habrá conseguido dinero suficiente para algunos recortes impositivos durante el período electoral. Es decir, comprar votos.
Osborne llama a este proceso privatización. Para mí es otra parte de la política de austeridad. Pero hay otro término que también podríamos usar: la pérdida de nuestros bienes públicos no es más que un robo legalizado.
Traducción de Francisco de Zárate
