Desde Bélgica a Bahréin, las violaciones todavía son consideradas un crimen contra la moral, en lugar de un crimen violento. Según un inquietante análisis de legislación mundial sobre violencia sexual, en muchos países los violadores pueden eludir el castigo si se casan con sus víctimas o si llegan a un acuerdo con ellas.
Un informe de Igualdad Ya acusa a Grecia, Serbia, Rusia y Tailandia de permitir que los responsables de violencia sexual pueden evadir el peso de la ley en algunas circunstancias.
Esta organización internacional afirma que las violaciones son una epidemia mundial mayormente ignorada que afecta a millones de mujeres y niñas, y sin embargo las leyes no las protegen en muchos lugares del mundo. Según el informe, estas leyes deficientes le niegan justicia a las víctimas, envían el mensaje de que las violaciones no son un delito grave y estigmatizan a la víctima en lugar de castigar al violador.
Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido alguna vez violencia física o sexual. Una de cada 10 niñas, o sea 120 millones de niñas en el mundo, ha padecido “relaciones sexuales o actos sexuales forzados” en algún momento de su vida.
La violación de una mujer o niña a manos de su esposo es legal en 10 de las 82 jurisdicciones de 73 países miembros de la ONU que la organización estudió para el informe.
“Este informe demuestra claramente que las mujeres no tienen igualdad ante la ley respecto de los hombres”, afirma Antonia Kirkland, autora del informe y directora legal de Igualdad Ya. “Nuestro mensaje para los gobiernos es que deberían revisar su legislación, sus leyes y sus políticas sobre violencia sexual para erradicar este tipo de discriminación. Deberían trabajar en conjunto con las organizaciones de mujeres, con organizaciones de sobrevivientes, y sólo entonces tendremos un mundo que respeta los derechos de mujeres y niñas”.
De entre las peores leyes, Kirkland subraya a aquellas que le permiten a los violadores eludir el castigo si se casan con sus víctimas. “Estas leyes promueven la violencia y las sobrevivientes son re-victimizadas”, asegura Kirkland.
Kirkland menciona el trágico caso de Amina Filali, de Larache, cerca de Tánger, que generó protestas contra las leyes marroquíes que permiten a los violadores quedar en libertad si se casan con sus víctimas. Filali, de 16 años, se suicidó después de ser obligada a casarse con su violador. El calvario de Filali provocó un cambio legislativo en Marruecos en 2014, tras una campaña de varias ONG, incluida Igualdad Ya.
El informe llega tras un estudio del Banco Mundial que concluyó que 155 de 173 países tienen leyes que restringen las oportunidades económicas de las mujeres. Oriente Medio y el norte de África tienen las leyes más discriminatorias, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de las mujeres de trabajar y de moverse libremente.
Siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por la Asamblea General de la ONU en 2015, los gobiernos se han comprometido a acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas hacia el año 2030.
El informe de Igualdad Ya, titulado La vergüenza del mundo: la violación como epidemia global, se desarrolló con la ayuda del Colegio de Abogados Internacional.
Prostitución infantil
Otro descubrimiento clave es que las penas impuestas por pagar por prostitución infantil pueden ser significativamente menores que las penas por otras formas de violación infantil. En Indonesia, por ejemplo, la pena por violación es de hasta 15 años de cárcel, pero pagar por tener relaciones sexuales con una menor de edad se castiga con sólo hasta 5 años. Este tipo de legislación “falla en reconocer que el consentimiento es imposible en situaciones de dependencia o vulnerabilidad extrema”, afirma el informe.
En 15 de las 82 jurisdicciones analizadas, que incluyen a Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Jordania, así como a Nigeria, Pakistán, Afganistán y Yemen, las violaciones son tratadas como una cuestión de moralidad en lugar de como delitos violentos.
El informe remarca leyes o prácticas que restringen la investigación de la violencia sexual y que exigen corroboración a cargo de testigos y otras “pruebas demasiado complejas” en países como España, Luxemburgo y Marruecos. Este tipo de leyes permiten a los jueces reducir penas o aceptar pruebas que ponen en juego estereotipos en torno al comportamiento de las víctimas, indica el informe.
Otro caso especialmente desgarrador que detalló el informe es el de “Samantha”, una estudiante de 16 años de Sierra Leona a quien su maestro le proponía que llevara agua a su casa a cambio de materiales escolares y buenas notas. El maestro abusó de Samantha, la violó y la dejó embarazada. A pesar de las protestas de la familia de la joven, al maestro se le permitió continuar trabajando en la escuela, mientras que Samantha fue expulsada por estar embarazada.
Kirkland dijo que el informe es un llamado a la acción, no sólo para los 73 países analizados, sino también para que activistas y profesionales impulsen cambios en las leyes discriminatorias. En el informe se detallan varias campañas a favor de reformas legislativas en Egipto, Líbano, India, Malta, Palestina, Paraguay, Sierra Leona, Singapur y Siria.
Igualdad Ya presentará una petición al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio.
“Estamos viendo movimiento en Líbano, donde uno de los comités parlamentarios recomendó que se derogue la ley [que permite que se perdone a los violadores que se casan con sus víctimas]”, afirmó Kirkland. “Pero ahora sabemos que lo que están proponiendo es una excepción para las niñas de entre 15 y 18 años”.
El informe reconoce que la violencia sexual se ejerce también contra niños y hombres, pero se concentra en mujeres y niñas porque la gran mayoría de los violadores son hombres, y muchas leyes son explícitamente discriminatorias contra las mujeres.
Corrección: una primera edición de este artículo llevaba el titular: “Bélgica y Grecia están entre los países con legislación deficiente contra las violaciones”. Se ha cambiado porque la mayoría de países citados con casos especialmente graves de violaciones y abusos sexuales que quedan impunes se refieren a otros países, y no a Bélgica y Grecia, aunque el informe también cita a estos dos países europeos.
En el caso de Grecia, la embajada de ese país en España afirma que la violación está castigada con pena de prisión, también cuando se produce dentro del matrimonio. Con respecto a un artículo del Código Penal sobre abusos sexuales a menores que afirma que no se procesará a alguien si hubo después un matrimonio, la embajada informa que el artículo se refiere a jóvenes que tenían relaciones con personas menores de 15 años con las cuales se casaron. En ese caso, el juez decide si el matrimonio es real o debe ser anulado en caso de haberse conculcado los derechos de la menor. En el segundo caso, tras la anulación del matrimonio, el caso de abusos sexuales se reanudará.
Traducción de Lucía Balducci