Un borrador de informe de la Comisión Europea, que se hará público el viernes, urgirá a los miembros de la Unión Europea (UE) a poner fin a los controles en las fronteras interiores antes de que termine el año para evitar el colapso del “gran logro” que representa la libre circulación de personas.
En el contexto de la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, algunos países de la UE han levantado vallas y muros y han establecido controles en las fronteras internas. Desde septiembre de 2015 ocho países de los 26 que integran el espacio de Schengen han restablecido controles fronterizos.
Según el borrador del informe, estos controles amenazan “el buen funcionamiento de la libre circulación de personas prevista en el espacio de Schengen”. Y señala: “Ha llegado la hora de que los Estados miembros actúen unidos para salvaguardar uno de los mayores logros de la Unión Europea”.
Por otro lado, el comisario europeo de ayuda humanitaria anunciará este miércoles una propuesta de ayuda de emergencia de 700 millones de euros para los refugiados bloqueados en la ruta de los Balcanes, a implementar en los próximos tres años.
Grecia será la principal beneficiaria de este paquete de ayuda en un momento en que los líderes europeos tratan de ayudar a Atenas a gestionar su propia crisis. Unos 24.000 refugiados necesitan un lugar permanente donde vivir y unas 2.000 personas siguen llegando a diario a las costas griegas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha indicado que la ayuda a Grecia es “una prueba de nuestra europeidad”.
La clave turca
La zona de la UE en que se puede viajar sin pasaporte se extiende de Islandia a Grecia –no incluye el Reino Unido e Irlanda–, y actualmente soporta una presión sin precedentes. Su colapso pondría fin a décadas de esfuerzos por promover la integración europea.
La Comisión Europea quiere que los Estados miembros levanten los controles fronterizos tan pronto como sea posible, en cualquier caso siempre antes de noviembre de este año. Sin embargo, Bruselas también quiere que se incremente el control en las fronteras exteriores de la UE, y volverá a advertir a Grecia de que podría ser expulsada del espacio de Schengen si no logra mejorar el control fronterizo antes de mayo.
El plan de acción ha sido elaborado antes de la cumbre de emergencia Unión Europea-Turquía que se celebrará el 7 de marzo. En el marco de ese encuentro, la UE instará a Ankara a redoblar los esfuerzos por detener el flujo de refugiados. El gobierno turco se comprometió a hacerlo el año pasado, a cambio de una ayuda de 3.000 millones de euros.
Turquía acoge a unos 2,5 millones de refugiados y afirma estar haciendo todo lo que está en su mano para gestionar esta crisis. De hecho, altos cargos del gobierno turco aseguran que los planes de la Unión Europea relativos a la reubicación anual de miles de refugiados que en la actualidad se encuentran en Turquía, a cambio de controles más estrictos en la frontera, no son viables.
Tusk se reunirá con el primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, y con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, antes de la cumbre de la UE. También se reunirá con el canciller austríaco, Werner Faymann, y los líderes de Eslovenia, Croacia, Macedonia y Grecia, en una gira de tres días por seis países a lo largo de la ruta de los Balcanes Occidentales.
Como pone de manifiesto este último plan de la UE, Bruselas sigue pensando que una colaboración con Turquía podría propiciar una disminución rápida de las personas que llegan a Grecia. Sin embargo, se trata de una tarea complicada, ya que durante los meses de han llegado a las costas griegas unos 2.000 refugiados cada día, y se espera que esa cifra aumente con la llegada del buen tiempo.
Un número según la riqueza del país
La presión sobre Grecia para que ceda la gestión de sus fronteras a la Unión Europea ha aumentado a medida que también lo ha hecho la cifra de refugiados. Según su plan más reciente, las autoridades de la UE llevarán a cabo una inspección de las fronteras de Grecia a mediados de abril para determinar si los controles son adecuados. En mayo debería decidirse qué papel juega Grecia en el espacio de Schengen.
El ejecutivo de la UE también reitera su intención de revisar la normativa que regula las solicitudes de asilo. Según las normas actuales, conocidas como “el sistema de Dublín”, los solicitantes de asilo deben pedirlo en el país de llegada. Sin embargo la canciller Angela Merkel puso fin a este sistema el año pasado, al abrir las fronteras alemanas a cualquier sirio que quisiera solicitar asilo en el país, con independencia del país de llegada y de los países de paso.
La Comisión presentará a mediados de marzo una lista con distintas posibilidades de reforma de la política de asilo de la UE. La preferida prevé un sistema permanente de reubicación de refugiados en función de la riqueza y tamaño de los distintos países de la UE. Los esfuerzos más recientes para reubicar a los refugiados que se encuentran en una Grecia saturada y en Italia no han sentado un precedente alentador: el plan preveía reubicar a 160.000 refugiados y solo 629 han encontrado un nuevo hogar.
Una fuente de la Unión Europea ha subrayado que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre la mejor manera de reformar el sistema de Dublín. “Hay muchas vías posibles y una reforma no implica necesariamente un cambio fundamental de los principios de Dublín”, ha indicado en referencia a la obligación de solicitar asilo en el primer país de llegada.
El martes pasado, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados urgió a Europa a priorizar los planes de reubicación al afirmar que “el continente se encuentra inmerso en una crisis humanitaria en gran medida autoinducida”.
Además de apelar a la solidaridad europea, Bruselas espera convencer a los Estados miembros del elevado precio económico que supondría la desaparición del espacio de Schengen. El informe advierte de que el restablecimiento de los controles en las fronteras nacionales perjudicaría a los negocios y disuadiría a los turistas, especialmente los turistas asiáticos con más poder adquisitivo, que solo visitarán “los destinos más populares de la Unión Europea”.
La restauración de los controles en las fronteras interiores supondría un coste inmediato de 18 mil millones de euros anuales; el 0,13% de la producción anual de la zona de Schengen. Sin embargo, los costes serán mucho más elevados, ya que los negocios y el sector turístico también sufrirían pérdidas de miles de millones.
Traducción de Emma Reverter