El director de Derechos Humanos en Etiopía: “Recibimos acusaciones de todos los grupos étnicos”

Hubo un tiempo en que un informe de la comisión etíope de Derechos Humanos era un asunto poco importante. Su existencia representaba un manto de encubrimiento legal para el Gobierno, además de ser el escenario ideal para donantes que quisieran exhibir su consternación en público.

Entre 2013 y 2017 la comisión “encubrió violaciones a los derechos humanos y desacreditó acusaciones creíbles”, según un estudio de Amnistía Internacional en el que acusó a la organización de un “descarado sesgo contra las víctimas”.

Pero ya no. En mayo, la comisión publicó la última de una serie de investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en diferentes partes de Etiopía, centrándose en las condiciones de detención en las comisarías de policía de Oromia, la región más grande del país. Allí reside el primer ministro Abiy Ahmed, ganador del Premio Nobel de la Paz. (Ahora hay llamadas a que el comité del Nobel de la paz dimita por la actuación del Gobierno).

El Gobierno respondió con dos conferencias de prensa en las que denunció a la comisión por sus declaraciones “sesgadas e imparciales” y amenazó con obstaculizar su trabajo en el futuro.

Ese fue el primer ataque contra el nuevo director de la comisión, Daniel Bekele, quien en 2019 regresó a Etiopía desde Nueva York. Allí trabajaba para Amnistía Internacional, después de haber dirigido la división africana del la ONG Human Rights Watch.

Durante los últimos dos años, Daniel ha fortalecido la capacidad de investigación de la comisión, aumentando su autonomía legal y transformándola en un organismo de control efectivo.

La comisión se ha ganado el apoyo de donantes extranjeros. No sin controversia, se alió con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para una investigación en conjunto sobre las atrocidades y crímenes de lesa humanidad cometidos en la región de Tigray, devastada por la guerra.

“Se reconoce a la comisión como una institución por los derechos humanos nacional e independiente”, dice Bekele en una entrevista con The Guardian.

El director señala los logros obtenidos desde el comienzo de su mandato. La organización tiene –formalmente, al menos– más independencia del partido gobernante para la selección de sus integrantes y para la contratación y el despido de su personal. Antes casi todos los miembros pertenecían al partido que estuviera al poder. Bekele dice que la autonomía práctica –llevada a cabo, por ejemplo, en la libertad de la comisión para realizar visitas sorpresa a cárceles– ha ido en aumento, por lo que durante el último año más presos políticos pudieron acceder a abogados y mantener contacto con sus familias.

“Incluso con una capacidad limitada, nuestra independencia operativa permitió que realizáramos investigaciones, documentos e informes, algunos de ellos muy críticos con el gobierno y sus oficiales de seguridad”.

“Es difícil trabajar en un ambiente polarizado”

La comisión lanzó un comunicado el 26 de febrero en el que respaldó la denuncia de Amnistía Internacional por la masacre de civiles ocurrida en Axum, ciudad localizada en Tigray, poco tiempo después de la guerra comenzada en noviembre entre el Gobierno de Abiy y el partido gobernante en la región, el Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT). El informe confirmó la presencia de tropas eritreas en Tigray –por aquel entonces negada por el Gobierno etíope–, a las que adjudicó las matanzas en la ciudad.

El informe completo, publicado en marzo, causó conmoción entre los seguidores de los gobiernos de Etiopía y Eritrea, que hasta entonces habían rechazado cualquier crítica hacia la conducta de las fuerzas en Tigray. El 10 de mayo un comunicado proveniente de la oficina del fiscal general contradijo el reporte al afirmar que los asesinados en Axum eran en verdad combatientes del FLPT. En una declaración posterior se reconoció que al menos 40 de los asesinados eran civiles.

“Gran parte de los funcionarios responde bien a nuestras recomendaciones, pero algunos no nos toman en serio. Siempre es difícil trabajar en un ambiente polarizado: no puedes evitar sentir que estás prestándole más atención a una situación que a otra. Recibimos acusaciones de todos los grupos étnicos”, dice Daniel.

Dudas sobre la imparcialidad de la organización

Los habitantes de Tigray –que representan alrededor del 6% de la población de Etiopía– consideran que la comisión apoya al gobierno federal y se muestra hostil hacia el FLPT. Al comienzo de la guerra, Bekele restó importancia al impacto humanitario del Frente. En 2005 fue arrestado y permaneció en prisión por más de dos años tras denunciar fraude electoral. En aquel entonces, el FLPT encabezaba el gobierno federal como parte de una coalición multiétnica y represiva llamada Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope.

Los críticos afirman que Bekele tiene una visión distorsionada de la guerra en Tigray, acusación que él desmiente: “Sé que mi experiencia no afecta en absoluto mi independencia. En todo caso, me compromete aun más con el trabajo por los derechos humanos y me da un entendimiento mayor de los desafíos a los que se enfrentan los derechos humanos en Etiopía”.

Sin embargo, un informe continúa inquietando a la comisión. En él se afirma que militares alineados con el FLPT asesinaron en noviembre a al menos 600 civiles pertenecientes al grupo étnico Amhara en Mai Kadra. Los críticos dicen que el informe –publicado con el apoyo del Gobierno etíope apenas unos días después de la matanza– está compuesto casi exclusivamente por testimonios de los Amhara, aunque en ese mismo lugar viven nativos de Tigray. Los habitantes de Tigray refugiados en Sudán dijeron a reporteros y trabajadores humanitarios haber sido atacados en aquella ocasión.

Bekele se muestra escéptico frente a esos relatos. Dice que algunos de los refugiados pueden haber sido quienes perpetuaron la masacre y alerta respecto a “algunas de las versiones emergentes”, aunque tras las conversaciones de la Comisión con habitantes de Tigray, admite que el informe puede “parecer injusto”.

“Es cierto que hubo contraataques, pero en aquel momento no teníamos información suficiente para informar al respecto. El problema en un ambiente polarizado es que los diferentes actores políticos tienden ser selectivos con los reportes para ver cuáles utilizar a su favor”. 

“Estamos trabajando en el desarrollo de instituciones independientes”

Por ahora, esas preocupaciones permanecen en un segundo plano. La investigación en conjunto con Naciones Unidas –que incluye los acontecimientos de Mai Kadra, entre otros– pondrá a prueba la independencia de la Comisión y la responsabilidad del gobierno de Etiopía. El panorama no es alentador: en Tigray muchos rechazan la participación del organismo dirigido por Bekele.

“El Gobierno etíope no ha logrado que los criminales violentos paguen por sus actos”, dice Laetitia Bader, directora de la división africana del HRW. “En Tigray hay evidencia de crímenes cometidos por ambas facciones del conflicto, por lo que es fundamental que el proceso y sus resultados sean parte de una investigación internacional e imparcial”.

Por su parte, Bekele dice que la participación local favorecerá la investigación y fomentará el consenso necesario en una época hostil para las intervenciones extranjeras en Etiopía.

“Comprendo que la gente desconfíe de las instituciones estatales de Etiopía, debido a su historial de falta de independencia e imparcialidad. En cualquier caso, estamos trabajando en el desarrollo de instituciones independientes y la comisión Etíope de Derechos Humanos es una de ellas”.

“Es justo que una violación de los derechos humanos en Etiopía sea tratada por un organismo etíope que los defienda, en colaboración con nuestros socios y amigos”.

Traducción de Julián Cnochaert