La policía de EEUU trata internamente como “terrorismo doméstico” las acciones ecologistas contra un oleducto desde Canadá
Los agentes de las fuerzas de seguridad de EEUU que se preparan para nuevas movilizaciones contra la construcción del oleoducto Keystone XL han estudiado en privado las tácticas para detener a los manifestantes por “por cualquier medio”. No sólo eso. También han etiquetado a los manifestantes como potenciales amenazas de “terrorismo doméstico”, según la información a la que ha tenido acceso The Guardian.
Varios documentos de la Administración muestran que la policía y las autoridades del estado de Montana y los estados limítrofes están preparando una respuesta coordinada en caso de que vuelva a estallar una ola de protestas contra el polémico oleoducto. El Keystone XL está destinado al transporte de arenas bituminosas, un derivado del petróleo, entre Canadá, Montana, Dakota del Sur y Nebraska.
Las organizaciones de derechos civiles afirman que los documentos son preocupantes porque muestran que las fuerzas de seguridad están preparándose para una respuesta aún más agresiva, si cabe, que la aplicada por la policía en 2016 contra el movimiento Standing Rock, una movilización en la que participaron miles de activistas indígenas y en defensa del medioambiente que se oponían a la construcción del oleoducto que transcurría por Dakota del Norte.
En Standing Rock, la policía organizó redadas masivas y reiteradas y acusó a los activistas de múltiples y graves cargos ante la justicia local y federal. También utilizó cañones de agua, gas lacrimógeno y disparó munición antidisturbios que provocaron heridas graves a los manifestantes.
Los documentos son, sobre todo, correos electrónicos intercambiados entre 2017 y 2018 por autoridades locales y federales en los que se plantean escenarios de cara a lo que pueda suceder en torno a Keystone XL. En los correos, la policía asume que una vez que comiencen las obras de construcción del oleoducto, se desatará una campaña de resistencia que prevé larga y similar a la que tuvo lugar en Standing Rock. Una de las posibilidades que manejan es cerrar el acceso a las tierras que rodean el oleoducto.
La información sale a la luz en un contexto en el que el proyecto de oleoducto ha ido superando numerosas trabas legales con ayuda de la Administración Trump y a medida que la empresa propietaria del proyecto, TC Energy (antes TransCanada) avanza en la planificación de las obras.
Los puntos más relevantes de los documentos internos
Estos son algunos de los elementos más relevantes recogidos en las comunicaciones internas entre las autoridades:
– Varios participantes en una reunión informativa sobre las protestas que se esperan contra el proyecto Keystone XL afirman que una de las tácticas fundamentales a aplicar sería “comenzar denegando el acceso a la tierra propiedad de la empresa a los manifestantes y mantenerlos tan lejos como fuera posible de los lugares conflictivos por cualquier medio”. Así se lee en el sumario redactado por un responsable del cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos en Nebraska en julio de 2017.
– Empleados de la Oficina de Gestión de la Tierra, dependiente del Departamento de Interior, afirmaron en 2017 que su oficina contaba con 10 oficiales armados en el estado de Montana listos para “trabajar junto a las [fuerzas de seguridad] locales para denegar acceso a propiedades federales”. En 2018, miembros del ejército debatieron con personal de emergencias y respuesta ante desastres del estado de Montana sobre las opciones para “impedir el acceso” a las tierras cercanas a la ruta proyectada para el oleoducto, entre las que se incluyen zonas abiertas para la caza y otras actividades.
– Una “fuerza antiterrorista conjunta” en la que participan la Fiscalía general de Estados Unidos y otras agencias junto a elementos “antiterroristas” federales afirma estar lista para colaborar en la reacción a las protestas y que un “equipo de respuesta ante incidentes graves” estaría disponible ante “terrorismo interno o amenazas a infraestructuras vitales”. Las autoridades también han mantenido conversaciones preventivas sobre posibles acusaciones por delitos graves a las que se podrían enfrentar los manifestantes y señalan que las normas relacionadas con el “desorden civil” ya fueron utilizadas para denunciar a participantes en las protestas de Standing Rock.
Las autoridades han estado preparándose para potenciales protestas en la zona de Fort Peck, hogar de una reserva indígena que se opone al proyecto.
Trabas legales e impacto sobre comunidades indígenas
Alex Rate, Director legal de la Unión Americana por las Libertades Civiles en Montana (ACLU), la organización que consiguió los documentos a través de peticiones de transparencia y que los compartió con The Guardian, sostiene que “se está poniendo mucho esfuerzo en las acciones encaminadas a asegurar que se construye Keystone”. “Comunidades históricamente marginadas, sobre todo personas indígenas, muy preocupadas por el impacto del oleoducto en su soberanía, sus recursos, su religión y su cultura, tienen derecho a reunirse y que se escuchen sus puntos de vista”, añade.
Remi Bald Eagle [Águila Calva] Coordinador de asuntos intergubernamentales de la tribu Sioux del Río Cheyenne, ubicada sobre la ruta del oleoducto, afirma que los manejos policiales son parte de una larga historia de opresión armada contra los pueblos nativos que habitan la región.
“Esta realidad sigue la línea trazada por el Destino Manifiesto, que sigue golpeándonos”, denuncia Águila Calva. El Destino Manifiesto hace referencia a una creencia nacida en el siglo XIX que defiende que los colonos estadounidenses tenían derecho a expandirse a lo largo de todo el territorio.
Los documentos no llegan de la nada. En el pasado se ha demostrado que el FBI y otras agencias federales han investigado las actividades de grupos de defensa del medioambiente y de activistas de izquierdas etiquetándolos como posibles “terroristas”.
El proyecto Keystone XL fue rechazado por la administración de Barack Obama y puesto sobre la mesa de nuevo por la de Donald Trump. El proyecto, valorado en unos 8.000 millones de dólares, se ha enfrentado múltiples trabas legales, incluidas las referidas al proceso de evaluación del impacto medioambiental. Pero los trabajos previos al inicio de las obras ya han comenzado.
Quienes se oponen al oleoducto llevan una década advirtiendo del impacto medioambiental y cultural del proyecto. El mes pasado su preocupación se intensificó tras una fuga en el oleaducto Keystone, que recorre una ruta similar al del Keystone XL, que acabó con 1,4 millones de litros de arenas bituminosas vertidas sobre los humedales de Dakota del Norte.
Los documentos, en los que está implicada una amplia lista de autoridades y se han hecho públicos tras una larga batalla legal, muestran también que algunos funcionarios se han reunido con los policías que participaron en la respuesta a las protestas de Standing Rock para debatir sobre las “lecciones aprendidas” durante aquellos hechos.
Agentes de policía de Dakota del Norte compartieron con quienes preparan lo que va a suceder en Keystone que uno de sus mayores errores fue su fracaso a la hora de mantener a los activistas a una distancia suficiente y no cerrar el acceso a las fincas colindantes.
Las declaraciones del Gobierno y de activistas
En un documento de la Oficina de Gestión de la Tierra de 2018 titulado 'Oleoducto Keystone XL asuntos de seguridad pública', las autoridades debatieron sobre los “recursos disponibles” para enfrentarse a las protestas en Montana. En él se puede leer lo siguiente: “El FBI será quien tenga la autoridad inicial para abrir investigaciones para todo lo relativo a la seguridad nacional, entre lo que se incluye terrorismo internacional, terrorismo nacional y armas de destrucción masiva sin necesidad de limitarse sólo a estos aspectos”.
La policía de fronteras de Estados Unidos también estaría en disposición de colaborar con las fuerzas de seguridad en la frontera y tiene acceso a drones, según recoge el documento. La misma policía de fronteras también puso a disposición del dispositivo un dron que la policía ya usó para seguir a los manifestantes de Standing Rock.
La Oficina de Gestión de la Tierra también se planteó la compra de “porras antidisturbios”, cascos y máscaras de gas en previsión de protestas. Mike Glasch, portavoz del Ejército para este asunto, asegura que “de ningún modo” ese comentario vino del jefe de seguridad de la agencia, que confió en los puntos a debatir propuestos por agentes de policía de los condados de Mandan y Morton en Dakota del Norte.
“Todo método que nos hayamos planteado emplear para garantizar la seguridad de nuestros empleados y de la ciudadanía, las fincas o la maquinaria estará dentro de lo marcado por la ley y será lo menos invasivo posible al tiempo que garantizará los derechos de la ciudadanía recogidos por la primera enmienda [de la constitución, relativos a la libertad de expresión y manifestación]”, añade.
Un portavoz de la oficina del Sheriff de Morton, Kyle Kirchmeier, indica que recomienda a las fuerzas de seguridad que “puedan estar implicadas en posibles protestas relacionadas con el oleoducto plantearse como objetivo que los manifestantes se mantengan fuera de determinadas fincas privadas y zonas que puedan ser consideradas de riesgo público como cunetas y autopistas”. Kirchmeier añade que apoya “el derecho de la ciudadanía a la protesta, pero que este debe ejercerse de acuerdo con la ley”. El portavoz dice que no se acuerda de esa reunión en 2017. La policía del Condado de Mandan no ha querido hacer declaraciones.
Glasch explicó que el ejército no ha cerrado el acceso a las tierras que posee alrededor del lugar donde se desarrollará el proyecto y añadió que “ya que un lugar en el que se desarrollarán trabajos de construcción implica riesgos inherentes, estamos analizando todas las opciones para que quienes no sean esenciales al proyecto se mantengan a cierta distancia de los lugares en los que puede que se desarrollen los trabajos de construcción y lo hacemos teniendo en cuenta los derechos recogidos en la constitución”. Añadió que era demasiado pronto para especular sobre posibles planes de cierre.
Un portavoz de la oficina del fiscal general no ha respondido a las preguntas de The Guardian sobre las referencias al “terrorismo”, pero indica que el objetivo de su departamento es “ofrecer asistencia coordinada a las fuerzas de seguridad locales, tribales y estatales para proteger la seguridad pública y los derechos civiles así como las tierras federales en cumplimiento de las leyes federales”. El FBI no ha ofrecido su versión.
Un portavoz de la policía de fronteras explica que la agencia ofrecería “asistencia cuando así se le pidiese en cualquier actividad relacionada con las fuerzas de seguridad dentro del área fronteriza y en las proximidades del oleoducto”. Los portavoces de la Oficina de Gestión de Tierras y TC Energy no han respondido a las preguntas de The Guardian.
Angeline Cheek, activista indígena de la Reserva Front Peck, denuncia que “las fuerzas de seguridad se están preparando”. “Han estado reuniéndose a puerta cerrada. Sabemos que se están preparando… nosotros llevamos tres años preparándonos”, añade.
Rate, director de la ACLU, sostiene que no hay justificación legal alguna para que el Gobierno cierre el acceso a ciertas tierras de manera preventiva con el objetivo de detener las protestas. También señala que es preocupante que las agencias de seguridad preparen una respuesta de carácter militar o sugieran que los activistas podrían suponer una amenaza no ya lista, sino criminal antes de que cualquier protesta haya comenzado.
“Los ven como 'terroristas internos' en potencia. No hay nada que permita la adopción de un enfoque como ese”, afirma Rate.“La ciudadanía ve, y lo hace de manera justificada, que la Oficina de Gestión de la Tierra no es, en tanto que agencia que maneja tierras, una entidad que deba armarse y salir a aplastar manifestantes”.
Candi Brings Plenty, sioux lakota ogala que trabaja para ACLU en Montana, afirma que no les sorprende que los cuerpos de seguridad hablen de detener a los activistas indígenas “por cualquier medio”. “Es el tipo de lenguaje que se ha utilizado con nosotros toda la vida” y contextualiza: “Vivimos injusticias como estas a diario. Finalmente se muestra como es”.
Brings Plenty, que organizó un campamento centrado en indígenas LGTB durante las protestas de Standing Rock, sostiene que las fuerzas de seguridad no les intimidarán y que espera que los asistentes se sumen al combate contra Keystone en lugar de aceptar el oleoducto.
“Se está convirtiendo en norma que la gente mire hacia otro lado y que sienta que no puede hacer nada, que está fuera de su alcance”, señala. “Quiero que la gente vea estos oleoductos del mismo modo que ve los glaciares del Ártico. Está pasando esto ahora en tu propio jardín”.
Traducido por Alberto Arce
