Las llamadas telefónicas empezaron en febrero: “No voy a volver”. “No merece la pena asumir el riesgo”. “Borren mi nombre de sus registros”. Una persona trajo un fajo de cupones e insistió en devolverlos. En todo Estados Unidos, inmigrantes indocumentados llaman a las oficinas del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (Wic) y ruegan que les saquen de la iniciativa.
Desde que Donald Trump llegó a la presidencia con la promesa de ejercer mano dura contra los inmigrantes indocumentados, el miedo ha generado cientos de historias como estas, de personas que se retiran a las sombras para evitar ser detectadas por las autoridades.
Las deserciones de Wic —un programa federal que ayuda a más de ocho millones de madres de bajos ingresos a comprar leche de fórmula y alimentos nutritivos— ponen de manifiesto las primeras consecuencias de las promesas de deportación de Trump. Consecuencias de amplio alcance y potencialmente devastadoras para el bienestar de las personas afectadas.
De las 90 agencias locales que gestionan Wic, alrededor de un cuarto ha transmitido a la asociación nacional que los beneficiarios indocumentados se están saltando los encuentros y, por consiguiente, perdiendo las ayudas.
Muchas oficinas han registrado una aguda caída en el número de casos gestionados y, en zonas con una amplia proporción de inmigrantes, algunos centros están prácticamente vacíos. “Esto está pasando en todo Estados Unidos”, asegura Elisabet Eppes, miembro destacado de política pública de la Asociación Nacional Wic. “Estamos muy preocupados”, añade.
Los beneficios en juego son bastante modestos; la mayoría de los participantes apenas recibe unos 45 dólares al mes en cupones. Pero décadas de estudio han vinculado el programa a bajadas en la obesidad infantil, en el número de nacimientos por debajo del peso normal, en nacimientos prematuros y en la mortalidad, así como a un incremento en la inmunización infantil.
Las madres y los hijos que cumplen los requisitos para participar en el programa están en riesgo no solo de pobreza, sino también de malnutrición a causa de una dieta pobre o una afección médica. Lanie Smith, una nutricionista de Wic en Kansas, ha tratado recientemente a un joven con epilepsia, una enfermedad que empeora con una dieta pobre. Mientras Smith se sienta con el chico, su madre, que tiene miembros de su familia indocumentados, discute con Smith si saca a su hijo del programa.
Miedos justificados
“Hemos escuchado muchas historias de personas que, o bien no se presentan a las citas, o bien piden que se les saque del programa, que se cancelen las ayudas y que se les borre del registro”, explica Douglas Greenaway, presidente y consejero delegado de la Asociación Nacional Wic. “Hemos tenido a gente que se ofrece a devolver las ayudas que han recibido, diciendo 'Esperen, encontraré dinero para devolvéroslo'”, relata.
Las agencias del programa y los empleados empezaron a tener conversaciones como estas en febrero, tras los rumores que afirmaban que la administración Trump se centraría en deportar a los inmigrantes que reciben asistencia pública.
Los rumores no eran ciertos. Pero la Casa Blanca está contemplando acciones ejecutivas para hacerlos realidad. En febrero, un borrador filtrado de una orden ejecutiva facilitaría la expulsión de los inmigrantes que reciban asistencia pública, incluidos aquellos con residencia legal. Aquello fue suficiente para que miles de inmigrantes indocumentados dudasen si merecía la pena asumir el riesgo por Wic.
Los temores han aumentado y las agencias Wic intentan desesperadamente convencer a los participantes sin papeles de que sigan utilizando el programa. No va en contra de la ley que los inmigrantes indocumentados participen en Wic. Además, Wic no pregunta ni hace un seguimiento del estatus migratorio de los participantes.
Pero el pánico puede superar a la política. Cuando el miedo a la deportación es elevado, es menos probable que los inmigrantes indocumentados utilicen prestaciones públicas sanitarias a las cuales tienen derecho. Incluso inmigrantes con su situación regularizada evitarán los subsidios si tienen a miembros de su familia indocumentados.
Defensores de la sanidad pública temen que Wic no sea un caso aislado, sino la vanguardia de las posibles consecuencias de marginar a los inmigrantes indocumentados.
Otros defensores de la sanidad y la seguridad de este colectivo están empezando a registrar tendencias similares. Este lunes, el programa nacional de línea directa contra la violencia machista, el recurso más importante del país para las víctimas de abusos a manos de sus parejas, ha informado que en 2016 registró más de 7.000 llamadas relacionadas con la situación legal de inmigración, lo que supone un incremento del 30% respecto a 2015. Esta línea directa, establecida por el Congreso en los años '90 con financiación federal, respondió el año pasado a 323.660 llamadas.
Una presunción errónea
Los defensores de la mano dura de Donald Trump argumentan que los inmigrantes indocumentados no deberían tener el derecho a utilizar prestaciones públicas financiadas con los dólares de los contribuyentes.
La legislación estadounidense ya veta a los inmigrantes de muchos programas de asistencia diseñados para ayudar a los pobres. La orden ejecutiva filtrada argumenta que es necesario ampliar e imponer estas exclusiones porque es probable que los inmigrantes utilicen la asistencia pública más que los residentes legales.
Pero esa afirmación no está apoyada por pruebas, que precisamente sugieren lo contrario. La orden también ignora que muchos inmigrantes, indocumentados o no, tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses pero que no pueden acceder a las prestaciones sociales por su cuenta.
Si las familias indocumentadas siguen saliendo del programa Wic, la mayor parte de las consecuencias caerán probablemente sobre niños muy pequeños, incluido un número no calculado de personas que han nacido de padres indocumentados pero que tienen la ciudadanía estadounidense.
“Como pediatras, deberíamos intentar animar a las familias a acceder a todos los programas para los que cumplen los requisitos, al margen de su situación legal”, explica la doctora Lanre Falusi, presidenta de la división de Washington DC de la Academia Estadounidense de Pediatras. “Es desgarrador escuchar a un paciente afirmar que aunque su hijo tiene el derecho a acceder a este programa vital, aunque su hijo nació aquí y es ciudadano estadounidense... tienen demasiado miedo”.
Smith, de la agencia Wic en Kansas, afirma que más de 100 personas han dejado de ir a su centro en Kansas City, lo que equivale a las personas que acuden al centro en un solo día. Muchos de ellos llamaron al centro para señalar que simplemente tenían demasiado miedo.
Los temores son aún más significativos en California, donde numerosas agencias locales han recibido solicitudes de beneficiarios que quieren salir del registro de Wic. Un padre incluso ha llamado a la agencia para preguntar si algún día los hijos tendrán que devolver el dinero al Gobierno.
“Hay bebés ciudadanos que no van a recibir las prestaciones a las que tienen derecho porque sus madres tienen demasiado miedo de venir”, explica Karen Farley, directora ejecutiva de la Asociación Wic de California. “No importa que sus padres participen o no en la economía local, estamos hablando de niños y bebés”.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti