¿Recordáis el vídeo 'Asesinato Colateral', que mostraba a la Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizando helicópteros Apache para matar personas como si fuera un vídeojuego, riéndose de la docena de muertos, incluidos dos iraquíes que trabajaban para la agencia de noticias Reuters? ¿Recordáis cómo mintieron las autoridades estadounidenses sobre aquel incidente en julio de 2007, primero diciendo que los muertos eran insurgentes y luego alegando que los helicópteros estaban respondiendo a un tiroteo? Ninguna de esas afirmaciones era verdadera. ¿Recordáis que durante tres años Reuters intentó sin éxito conseguir el vídeo?
¿Era una cuestión de interés público que el mundo pudiera ver las imágenes, sin retocar, de lo que sucedió? Por supuesto. ¿Fue esto una vergüenza para las Fuerzas Armadas y el Gobierno de EEUU? Desde luego. ¿Fue un acto de espionaje o de periodismo? Ya sabéis la respuesta.
Hay que agradecer a dos personas poder saber la verdad sobre cómo murieron esos dos empleados de Reuters, junto a otras diez personas que acabaron en el punto de mira de esos pilotos que aquel día no contenían sus carcajadas: Chelsea Manning, que filtró el vídeo, y Julian Assange, que lo publicó. Ambos han pagado un precio altísimo por sus acciones.
Manning pasó siete años en la cárcel por su participación en la difusión del vídeo, junto con mucho otro material clasificado que pudo conseguir cuando trabajaba como analista de inteligencia para las Fuerzas Armadas de EEUU. Assange, por su parte, ha sido acusado de 17 nuevos cargos de violación de la Ley de Espionaje y podría pasar el resto de su vida tras las rejas.
Como editor de The Guardian, trabajé con Assange cuando —junto a periódicos de Estados Unidos y Europa— publicamos nuevo material filtrado por Manning. Vanity Fair afirmó que los artículos que publicamos eran “una de las más importantes primicias periodísticas de los últimos treinta años”. “Ha cambiado la forma en que la gente piensa sobre cómo se maneja el mundo”, llegaron a afirmar. Es verdad que la información que publicamos era importante, pero la relación con Assange era tensa.
Acabamos peleados, como le sucede a la mayoría de las personas que trabajan con Assange. Concluí que era una persona volátil, poco confiable y desagradable. Yo no le caía bien a él, tampoco. Ninguno de los editores que colaboraron en el proyecto estaba de acuerdo con que él difundiera material sin redactar extraído del cofre de los tesoros de Manning en septiembre de 2011.
A pesar de todo, creo que el uso que está haciendo el Gobierno de Donald Trump de la Ley de Espionaje contra Assange es profundamente preocupante.
La Ley de Espionaje fue una medida producto del pánico, aprobada por el Congreso para tomar medidas drásticas contra la disidencia o la “sublevación” cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917. Jamás, durante los siguientes 102 años, fue utilizada contra medios de comunicación por publicar o difundir información clasificada filtrada ilegalmente. La norma no permite que nadie acusado de violarla presente una defensa de interés público.
Lo que sea que hizo Assange en 2010 y 2011, no fue espionaje. Y tampoco es ciudadano estadounidense. Los delitos en los que supuestamente incurrió el australiano no fueron cometidos dentro del territorio de Estados Unidos. Como ha observado Joel Simon, director del Comité para la Protección de Periodistas: “Según este razonamiento, cualquiera que publique en cualquier parte del mundo información que el Gobierno de EEUU considere clasificada podría ser acusado de espionaje”.
Imaginaos el precedente que se sentaría si el gabinete de Trump se sale con la suya. Israel e India tienen importantes programas de armas nucleares, cada uno de ellos protegido por feroces leyes internas sobre actos secretos. Pensad qué escándalo sería si el gobierno de Netanyahu o el de Modi intentaran extraditar a un periodista británico o estadounidense para encarcelarlo por publicar verdades sobre sus arsenales nucleares.
La nueva acusación contra Assange se divide en tres partes, y cada una de ellas es un intento por criminalizar actos que los periodistas realizan a diario cuando reciben y publican información verídica que les llega a través de fuentes o chivatazos. A Assange se le culpa de intentar convencer a una fuente de que envíe más información secreta. Algo que haríamos la mayoría de los periodistas. También está acusado de algo que al parecer sería un intento del periodista por ayudar a una fuente a proteger su identidad. Si eso es lo que hizo Assange, hizo bien. Finalmente, se le imputa haber publicado en repetidas ocasiones material “que podría perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Cuando se empieza hablar de periodistas que perjudican la seguridad nacional deberían comenzar a sonar las alarmas. Pensemos en Richard Nixon intentando llevar a juicio a Daniel Ellsberg, que filtró los Papeles del Pentágono, por perjuicio a la seguridad nacional en 1971. Ellsberg, analista de las Fuerzas Armadas de EEUU, descubrió que la Guerra de Vietnam había sido declarada en base a una serie de mentiras y creyó que el público se merecía saberlo. Para Nixon, el compromiso de Ellsberg con la verdad era delito de traición. Nixon echó mano de la Ley de Espionaje.
Hoy, Ellsberg es reconocido como un periodista que filtró información en base a unos principios, pero estuvo cerca de ser encarcelado por su valentía. Ningún juez puso en duda que el 'New York Times' tenía la libertad de publicar el material filtrado. Murray Gurfein, juez federal, rechazó el requerimiento: “La seguridad no son sólo las murallas. La seguridad también se encuentra en el valor de tener instituciones libres. Las autoridades deben soportar una prensa crítica, obstinada y ubicua para que podamos preservar los valores de libertad de expresión y el derecho del pueblo a saber”. La decisión de Gurfein fue posteriomente ratificada por el Tribunal Supremo.
Necesitamos jueces que defiendan la libre expresión, porque los gobiernos rara vez lo hacen. Cuando Theresa May era Ministra del Interior en 2015, pidió a la Comisión Legal que revisara las leyes británicas sobre los secretos de estado. En 2017, la Comisión recomendó modificaciones que implicaban la posibilidad de enjuiciar periodistas simplemente por poseer material confidencial, aunque no lo hubiera publicado. La Comisión también pretendía negar a los periodistas la posibilidad de presentar una defensa de interés público y sugería penas de prisión de hasta 14 años. El texto sugería también que fuera el gobierno de turno quien definiera el “interés público” en materia de seguridad nacional. Es decir, que lo decidiera un Richard Nixon o un Donald Trump.
Ahora dependen muchas cosas del Tribunal Supremo del Reino Unido, que según las consideraciones del Ministerio de Interior podría acabar accediendo a la petición de extradición. Assange es un personaje problemático en muchos sentidos. Pero los intentos de meterlo en prisión por la Ley de Espionaje es una medida profundamente inquietante que debería hacer reaccionar a todos los periodistas. Puede que no te caiga bien Assange, pero podrías ser el siguiente.
Traducido por Lucía Balducci