Emmanuel Macron va a impulsar profundas reformas en el vasto sistema ferroviario estatal francés y va a recortar los derechos especiales de los trabajadores de este sector. Afronta uno de los debates políticos más arriesgados de Francia.
Cualquier cuestión relacionada con la revisión de la empresa ferroviaria estatal SNCF siempre ha desatado polémicas. En 1995, la red de trenes quedó prácticamente paralizada durante semanas cuando los sindicatos se opusieron a cambios sobre las prestaciones para su personal.
Pero el primer ministro, Édouard Philippe, dice que el Gobierno introducirá cambios a través de un decreto ejecutivo especial sin una votación en el Parlamento si ello es necesario. Los sindicatos están debatiendo posibles huelgas para el 12 de marzo y se unirán a las huelgas todavía mayores de todo el sector público que se celebrarán el 22 de marzo.
A diferencia de Reino Unido, donde el servicio de trenes fue privatizado en 1990, el SNCF sigue estando dirigido por el Gobierno y es visto como un tesoro nacional. Pero, aunque la red ferroviaria ha sido calificada como de las mejores de Europa en términos de velocidad, calidad y precio, los viajeros urbanos y los pasajeros regionales se quejan cada vez más de masificación, ineficacia, retrasos y otro tipo de problemas.
El principal problema para Macron es que el operador ferroviario estatal francés se enfrenta a la seria carga de una deuda de 46.600 millones de euros. Esta deuda es mayor que las que tienen las economías de países pequeños como Islandia y Croacia, pero similar a las enormes deudas de las redes de transporte ferroviario en lugares como Reino Unido, donde el operador ferroviario Network Rail se enfrenta a sus propios problemas financieros.
El primer ministro dijo que la situación ferroviaria de Francia es alarmante e insostenible. “Tanto si cogen el tren como si no lo cogen, los franceses están pagando cada vez más por un servicio público que funciona cada vez peor”.
Los sindicatos temen ahora que el servicio se privatice después de un informe consultivo que apareció hace diez días que sugería convertir el SNCF en una empresa autónoma respaldada por fondos públicos. Philippe insistió el lunes en que la privatización no está sobre la mesa. Dijo que el SNCF seguirá con propiedad estatal, que es parte de la herencia del pueblo francés y que “seguirá siendo así”.
Sin embargo, se ha mantenido firme en la posición de recortar el estatus especial de los trabajadores del servicio ferroviario. Muchos trabajadores de este servicio no pueden ser despedidos y, en algunos casos, cuentan con el derecho a retirarse pasados los 50 años, una década antes que otros trabajadores públicos. Los planes del Gobierno prevén que estos privilegios históricos no se aplicarán a los nuevos trabajadores contratados.
Philippe dijo también que el servicio de trenes francés tiene que ser más eficiente antes de que los servicios de pasajeros locales y nacionales se abran a la competencia en los próximos años bajo la normativa de la UE.
Los sindicatos están furiosos por el posible uso de decretos para forzar cambios, tal y como se hizo con las reformas laborales de Macron el año pasado. Jean-Claude Maillu, el director del sindicato Force Ouvrière, dijo que utilizar ese tipo de decretos sería como “echar leña al fuego”.
El Gobierno ha dicho que el proceso de reformas comenzará con un debate parlamentario a mediados de marzo, pero que en caso de una amplia oposición la asamblea no podrá votar sobre el proyecto.
El primer ministro dijo que no cerrará las pequeñas líneas locales de tren, que se calcula que cuestan casi 2.000 millones de euros para solo el 2% de los pasajeros nacionales. Tomar la decisión sobre esa cuestión podría recaer ahora en las autoridades regionales.
Traducido por Cristina Armunia Berges