Para Michael, Estados Unidos se ha convertido en una especie de progenitor maltratador a pesar de ser el país del que ha sido ciudadano toda su vida.
La decepción de Michael –nombre ficticio que ha adoptado para evitar mensajes de odio– por su país natal llegó a un punto crítico en 2020. El caótico final de la era de Donald Trump, unido a las desigualdades puestas de manifiesto por la pandemia de COVID-19, le hicieron sentir angustia por ser estadounidense.
“El coronavirus me hizo darme cuenta de que en Estados Unidos, si no eres miembro de la élite adinerada, estás abandonado a tu suerte sin prácticamente nada de ayuda del Gobierno federal”, dice. “La farsa de la campaña presidencial me hizo darme cuenta de que no quiero ser miembro de una sociedad en la que mi voto se torna irrelevante a causa del ‘gerrymandering’ (la manipulación de las circunscripciones o mapas electorales) o el Colegio Electoral (el sistema de elección no proporcional en las presidenciales)”.
Y así, Michael decidió renunciar a su ciudadanía estadounidense. Diez años después de haberse mudado a Finlandia, rompería los lazos que le unían oficialmente a un país cuyos valores ya no reconocía.
Pero entonces empezaron los problemas para Michael. Descubrió que, al igual que otros miles de ciudadanos estadounidenses viviendo en el extranjero, estaba atrapado en una red de papeleo.
Bloqueo burocrático
Tras el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, la mayoría de las misiones consulares de EEUU alrededor del mundo han suspendido sus servicios de expatriación para quienes desean renunciar a la ciudadanía estadounidense. La embajada de Estados Unidos en Londres, la más grande de su clase en Europa occidental, anuncia en su página web que “actualmente no puede aceptar citas para solicitudes de pérdida de nacionalidad” y no puede decir cuándo se reanudarán los servicios.
El Departamento de Estado de EEUU dice que para renunciar a la nacionalidad estadounidense se requiere una entrevista cara a cara con un funcionario gubernamental y que eso resulta demasiado arriesgado debido al coronavirus.
Los retrasos han provocado un aumento en la cantidad de ciudadanos descontentos. Se estima que hay hasta 30.000 personas entre los nueve millones de ciudadanos estadounidenses viviendo en el extranjero que quieren iniciar el proceso de renuncia, pero no pueden hacerlo.
Joshua Grant es uno de ellos. Nació y creció en Selma, Alabama, hasta que se mudó a Alemania cuando tenía 21 años para aprender alemán.
Desde entonces, vive en la Baja Sajonia y el año pasado se casó con una ciudadana alemana. Grant, de 30 años, se siente preparado para adquirir la nacionalidad alemana, pero la legislación alemana establece que debe desprenderse de su pasaporte estadounidense, lo cual es más de fácil de decir que de hacer.
En julio de 2020 presentó muchos papeles en la embajada estadounidense. Nada ha ocurrido. Ha escrito correos electrónicos al personal de la embajada, pero no ha obtenido respuesta.
Se puso en contacto con la oficina del senador estadounidense por Alabama, Richard Shelby. Le pasaron al Departamento de Estado, que a su vez le pasó a la oficina de asuntos consulares, que mencionó la pandemia.
“Es muy agobiante. Toda mi vida en Alemania está en suspenso”, dice. “Es curioso: la gente en Alemania tiende a ver a EEUU como un país liberal donde surgió el imperio de la ley, pero yo ni siquiera puedo hallar a alguien en el Gobierno de EEUU a quien dirigirme”, agrega.
Nueve ciudadanos estadounidenses en el extranjero que no han podido renunciar a su nacionalidad han demandado al Departamento de Estado ante un tribunal federal de Washington. La demanda, presentada en nombre de los demandantes por la Asociación de Americanos Accidentales, con sede en Francia, compara la situación con la época feudal.
“Estados Unidos parece empeñado en impedir que sus ciudadanos ejerzan su derecho natural y fundamental de renunciar voluntariamente a su ciudadanía”, dice la demanda.
La carga fiscal de ser estadounidense
Algunas personas quieren renunciar a la ciudadanía estadounidense porque el Gobierno ha hecho más onerosa la carga de ser estadounidense para quienes residen en el extranjero. En 2010, fue aprobada la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), que obliga a los bancos extranjeros y otras instituciones financieras a informar a la Oficina de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) sobre cualquier cliente que sospechen que sea estadounidense.
Además, Estados Unidos es uno de los dos únicos países (el otro es Eritrea) que grava a las personas en función de su ciudadanía y no de su lugar de residencia. Esto obliga a los estadounidenses en el extranjero a declarar sus ingresos globales a la Hacienda estadounidense, con posibles implicaciones fiscales.
El impacto de estos impuestos se refleja en el número de personas que renuncian cada año a su ciudadanía. Entre 2000 y 2010 se mantuvo relativamente estable (menos de 1.000 personas al año) pero, tras la entrada en vigor de la nueva ley, las cifras aumentaron bruscamente hasta alcanzar un máximo cercano a las 7.000 solicitudes a lo largo del año pasado.
Algunos de los que quieren renunciar a su nacionalidad son “estadounidenses accidentales”, que han adquirido la ciudadanía por haber nacido en Estados Unidos a pesar de haber vivido toda su vida en otro país.
Esta clasificación podría aplicarse al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que nació en Nueva York pero no ha vivido en Estados Unidos desde que tenía cinco años. Johnson renunció a su ciudadanía en 2017, tras haber declarado unos años antes que estaba indignado por tener que pagar al fisco estadounidense por las ganancias obtenidas gracias a la venta de su casa en Londres.
Marie Sock, la primera mujer en presentarse como candidata a la presidencia de Gambia, se vio obligada a retirarse de la carrera electoral recientemente tras no obtener respuesta alguna a su solicitud de renuncia a la nacionalidad estadounidense por parte de la embajada de Estados Unidos. Sock explicó en un vídeo publicado en Facebook que, según la ley electoral de Gambia, los candidatos a la presidencia deben tener únicamente la nacionalidad gambiana.
James —un nombre falso para protegerse— nació en Texas, pero no ha vivido en Estados Unidos desde que tenía cuatro años. Actualmente reside en Singapur. Se desilusionó cuando se enteró de que su hijo no tendría derecho a la ciudadanía estadounidense por haber nacido fuera de EEUU y, sin embargo, debido a la ciudadanía de James, sería tratado como si fuera un contribuyente estadounidense. Eso le pareció una forma moderna de “tributación sin representación”.
“El doble rasero me molesta mucho”, dice. Lleva un año intentando ponerse en contacto con un funcionario que le ayude a renunciar a su ciudadanía, aunque sin éxito. “Nunca pedí la ciudadanía estadounidense, y ahora ni siquiera me permiten renunciar a ella”.
Traducción de Julián Cnochaert.