¿Estás a favor del libre mercado o del control estatal? ¿Crees que se debería minimizar la intervención o que se debería fomentar la propiedad estatal y las regulaciones? Ese es nuestro principal debate político, pero parte de una premisa errónea.
Ambas partes parecen estar de acuerdo en que el Estado y el mercado son los únicos sectores sobre los que merece la pena discutir: la política debería moverse de un lado a otro en esta escala lineal. En realidad, hay cuatro sectores económicos principales: el mercado, el Estado, los hogares y los bienes públicos. El abandono de los dos últimos tanto por los neoliberales como por los socialdemócratas ha creado muchas de las monstruosidades de nuestro tiempo.
Tanto el mercado como el Estado reciben un importante subsidio de los hogares: el trabajo no remunerado de los padres y otros cuidadores, desempeñados todavía en su mayoría por mujeres. Si no se cuidase a los menores –alimento, enseñanzas básicas en casa y educación– no habría economía. Y si no se ayudase a la gente que está enferma, que es mayor o que tiene diversidad funcional, la factura del cuidado público rompería las cuentas del Estado.
Hay otro gran subsidio que todos nosotros damos por garantizado. Hablo de la inmensa riqueza que la élite económica ha acumulado a nuestra costa, tras la apropiación del cuarto sector de la economía: los bienes públicos.
Que sea necesario explicar qué son los bienes públicos demuestra su irresponsabilidad (a pesar de los grandes esfuerzos de politólogos como el fallecido Elinor Ostrom). Los bienes públicos no son ni Estado ni mercado. Tiene tres elementos principales. Primero, un recurso como la tierra, el agua, minerales, la investigación científica, el hardware o el software. Segundo, una comunidad de personas que ha compartido un acceso igualitario a este recurso y que se ha organizado para controlarlo. Tercero, las reglas, sistemas y negociaciones que desarrollan para mantenerlo y repartir los beneficios.
Un verdadero bien público no se gestiona para la acumulación de capital o el beneficio, sino para asegurar una prosperidad y bienestar constantes. Pertenece a un determinado grupo, que puede vivir en él o junto a él o que lo ha creado y lo sostiene. Es inalienable, lo que significa que no se debería vender ni donar. Cuando se basa sobre un recurso vivo, tales como los bosques o arrecifes de coral, existe un interés en su protección a largo plazo en lugar de las ganancias a corto plazo que se podrían obtener de su destrucción.
El capitalismo y el poder estatal han atacado los bienes públicos durante siglos. Aquellos que huelen una oportunidad de beneficio roban recursos que nadie ha inventado ni creado, o que lo han hecho en conjunto un gran número de personas. El dicho atribuido a Balzac “detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen” suele ser verdad. La “visión de negocio” a menudo lleva a descubrir nuevas formas de apoderarse del trabajo y de los bienes de la gente.
El robo de valor por personas o empresas que no han creado esos bienes se llama técnicamente 'cercamiento' (enclosure). Originalmente implicaba la expropiación de tierras de la comunidad, a menudo mediante el uso de la violencia. El actual modelo se inició en Inglaterra, se extendió a Escocia, posteriormente a Irlanda y a las colonias y de ahí al resto del mundo. Este proceso sigue ocurriendo a través de la gran apropiación global de tierras.
Ejemplos de apropiación
El proceso de apropiación crea desigualdad y produce una economía rentista: aquellos que capturan recursos esenciales fuerzan a todo el mundo a pagar por su acceso. Destroza comunidades y aleja a la gente de su trabajo y de su entorno. Los ecosistemas de los bienes públicos se liquidan por dinero. La desigualdad, la renta, la atomización, la alienación, la destrucción medioambiental: la pérdida de los bienes públicos ha provocado o exacerbado muchas de las aflicciones de nuestra era.
Se puede ver un ejemplo de apropiación en marcha con el intento de la administración Trump de destrozar la neutralidad de red. Los proveedores de servicios quieren convertir internet –ahora suministrado libremente mediante un sistema creado a través del trabajo de millones– en algo por lo que hay que pagar. Para asegurarse de que no hay opción, también han intentado acabar con el espacio público de internet presionando a los Estados para prohibir la banda ancha compartida. En la plutocracia salvaje que se ha convertido Estados Unidos, cuatro estados han convertido esta forma de autosuficiencia en un delito, mientras otros han introducido prohibiciones parciales.
Otro ejemplo es la extensión de la propiedad intelectual a través de acuerdos comerciales que permite a las compañías biotecnológicas obtener derechos exclusivos sobre material genético, variedades de plantas y recintos naturales. Otro es la forma en que los académicos recopilan de forma gratuita la investigación de algunas comunidades científicas y posteriormente imponen elevadas tarifas para su acceso.
No estoy proponiendo abandonar ni el mercado ni el Estado, sino equilibrarlos defendiendo y expandiendo los otros dos sectores ignorados. Creo que debería haber salarios para las personas que cuidan de otras y mediante los cuales el Estado y la empresa privada devuelvan parte de los subsidios que han recibido. Se debería también permitir a las comunidades recuperar el control de los recursos sobre los cuales depende su prosperidad.
Por ejemplo, cualquiera que tenga un terreno de valor debería pagar una contribución de tierra a la comunidad local (un tipo de impuesto sobre el valor de la tierra): una compensación por la riqueza creada por otros. Parte de esta contribución se puede recaudar por los gobiernos locales y nacionales para pagar servicios y distribuir el dinero de las comunidades ricas a las pobres. Pero el sobrante debería pertenecer a un fondo de bienes públicos formado por la comunidad local. Un uso que se podría dar a este fondo podría ser para recomprar estos terrenos, creando un auténtico bien público y así recuperar y compartir los beneficios. Profundizo en esta idea y en otras en mi libro recién publicado, Out of the Wreckage.
Un bien público, a diferencia del gasto estatal, obliga a la gente a trabajar en conjunto, a mantener sus recursos y a decidir cómo se deben usar los ingresos generados. Da a la comunidad un enfoque claro. Depende de la democracia en su forma más verdadera. Acaba con la desigualdad. Supone un incentivo para proteger el ecosistema. Crea, en resumen, una política de pertenencia.
A juzgar por los discursos en la convención laborista británica, el partido podría estar receptivo a esta visión. El énfasis en la comunidad y en los bienes cooperativos (que en algunos casos denominan bienes públicos), el interés en ampliar el concepto de propiedad y la lucha contra los acuerdos comerciales opresivos apuntan en esta dirección.
Espero que estos partidos puedan dar el paso obvio y reconozcan que la economía tiene cuatro sectores, no dos. Ese es el punto desde el que se puede empezar la transformación social y medioambiental que muchos de nosotros llevamos tanto tiempo esperando.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti