Una lluvia de críticas ha caído sobre el Gobierno británico después de que de forma “secreta y unilateral” decidiera modificar su posición oficial sobre la imposición de la pena de muerte de dos sospechosos de terrorismo por Estados Unidos.
Diputados y expertos británicos cargaron contra el gobierno de Theresa May por dejar en suspenso el procedimiento habitual de exigir que los prisioneros no sean condenados a la pena capital. Según los críticos, el Gobierno está poniendo en peligro el principio británico de oposición a la pena de muerte.
Ben Wallace, viceministro de Seguridad, se vio obligado a responder a una consulta urgente en la Cámara de los Comunes después de que se hiciera público que el ministro de Interior, Sajid Javid, había escrito al fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, confirmando la posición de Reino Unido en el caso de dos exbritánicos acusados de pertenecer a la célula de ISIS conocida como 'los Beatles'. La primera ministra, Theresa May, tenía conocimiento de lo que se decía en esa carta.
Tras recibir la condena generalizada de diputados del Partido Conservador, del Laborista, del Partido Nacional Escocés (SNP) y del Liberal Demócrata, Wallace afirmó que el Gobierno no exigiría garantías [a Estados Unidos] si estas “interferían” en la obtención de justicia. Cuando le preguntaron por el número de veces que había sucedido algo similar en el pasado, Wallace indicó que en ninguna ocasión durante su mandato, pero que respondería la pregunta por escrito.
El político tory y ex fiscal general, Dominic Grieve, señaló a los parlamentarios que la decisión supone un desvío inmenso con relación a la política habitual. “Esas son las preguntas clave y hasta que no haya una respuesta tengo que decir que el asunto va a seguir persiguiendo al Gobierno”, añadió.
Alexanda Kotey y El Shafee Elsheikh son los presuntos miembros de una célula terrorista formada por cuatro hombres, verdugos del ISIS en Irak y Siria y responsables de la muerte de varios conocidos rehenes occidentales.
La postura de Javid en su carta implica un cambio en la política británica con relación a la pena de muerte, que hasta ahora había sido de “rechazo sin ambages”.
El caso de Kotey y Elsheikh se complica además por el hecho de que fueron despojados de la ciudadanía británica, una medida que Wallace confirmó el lunes en la Cámara. Tras ser capturados en enero, los dos han estado en el centro de una polémica sobre el lugar de celebración del juicio: si había que llevarlos ante la Justicia de Reino Unido o si debían ser juzgados en otra jurisdicción.
En una carta filtrada a la que ha tenido acceso The Telegraph, Javid explica que Reino Unido “actualmente no tiene la intención de solicitar, ni de alentar activamente” el traslado a Gran Bretaña de Kotey y Elsheikh. “Soy de la opinión de que hay razones de peso para no exigir una garantía de [no condenar a] pena de muerte en este caso específico, por lo que no se solicitarán tales garantías”, escribe el ministro.
“Como es sabido, Reino Unido mantiene desde hace mucho la posición de pedir garantías de [que no habrá] pena de muerte, y nuestra decisión en este caso no implica un cambio en nuestras reglas de colaboración con Estados Unidos en casos de pena de muerte, ni en la postura del Gobierno de Reino Unido sobre la abolición de la pena de muerte en todo el mundo”, escribe.
“Les convierten en mártires”
Esta no es la primera vez que el Gobierno omite exigir garantías con relación a la pena de muerte en el extranjero. Las medidas han sido muy criticadas, incluso por familiares de las presuntas víctimas de Kotey y Elsheikh.
“Sajid Javid parece haber abandonado de forma secreta y unilateral la oposición británica a la pena de muerte. Al hacerlo, no sólo juega con la vida de estos terroristas en particular, sino con la de otros británicos en todo el mundo, incluidos aquellos que podrían ser inocentes”, criticó la portavoz laborista de Justicia, Shami Chakrabarti. “Justo cuando deberíamos estar convenciendo a países como Irán y Estados Unidos para que abandonen la pena capital, Sajid Javid parece estar alentando esta grave violación de los derechos humanos”.
A Lord Carlile, encargado tiempo atrás de revisar la legislación sobre terrorismo (un cargo que depende del ministro de Interior y al que informa sobre la ejecución de las leyes de antiterrorismo), la carta de Javid le pareció sorprendente. “Se trata de un cambio dramático en la política llevada a cabo por un ministro en secreto y sin ningún debate parlamentario. Se contradice con lo que el Ministerio ha dicho recientemente y en repetidas ocasiones, incluso cuando Theresa May era la responsable de Interior. También se contradice con lo que hace muy poco dijo el muy respetado viceministro de Seguridad, Ben Wallace”, señaló Carlile al programa Today, de BBC Radio 4.
“Gran Bretaña siempre ha dicho que pasará información e inteligencia, en los casos apropiados, mientras no haya pena de muerte; es una política de hace décadas y al ministro de Interior no le corresponde cambiarla”, añadió.
Amnistía Internacional también ha criticado la carta de Javid. “Es un hecho profundamente preocupante. El ministro de Interior debe insistir inequívocamente en que la posición histórica de Gran Bretaña en torno a la pena de muerte no ha cambiado y debe pedir a Estados Unidos que dé garantías de que no la va a utilizar”, ha señalado Allan Hogarth, jefe de programas y de incidencia política de la ONG . “La falta de garantías en este caso pone en grave peligro la postura de Reino Unido como firme defensor de la abolición de la pena capital y su labor de apoyo a otros países para que terminen con prácticas crueles, inhumanas y degradantes”.
Diane Foley, madre de una de las personas que murieron a manos de la célula terrorista declaró ayer que estaba “muy en contra” de cualquier uso de la pena de muerte como condena para Kotey y Elsheikh. “Creo que les convierten en mártires, teniendo en cuenta su retorcida ideología”, dijo.
Su hijo, el periodista estadounidense James Foley, fue asesinado en 2014. “Me gustaría que rindieran cuentas y que fueran encerrados en prisión para el resto de sus vidas. Eso es lo que yo preferiría”. En su opinión, ejecutarlos sería hacérselo demasiado sencillo. “De alguna manera, les permite tomar una salida mucho más fácil”.
Junto a Mohammed Emwazi (el asesino conocido como Jihadi John) y Aine Davis, Kotey y Elsheikh fueron los presuntos miembros del grupo al que se llamó los 'Beatles', que mantenía secuestrados a rehenes extranjeros, los mataba cortándoles la cabeza y distribuía por Internet las imágenes de los asesinatos.
Muerto durante un ataque aéreo de Estados Unidos en 2015, Emwazi apareció en varios vídeos en los que asesinaba a cautivos, entre ellos los cooperantes británicos David Haines y Alan Henning, así como James Foley y el también periodista estadounidense Steven Sotloff.
En mayo de 2017, Davis fue condenado como miembro de una organización terrorista y encarcelado durante siete años y medio por un tribunal de Silivri, en Turquía.
Según The Telegraph, otros documentos prueban que hay altos cargos del Gobierno británico evaluando la posibilidad de que Kotey y Elsheikh sean enviados a Guantánamo sin un juicio previo, una medida que de acuerdo con esos documentos no provocaría una oposición formal de Reino Unido.
El Ministerio de Interior se ha negado a hacer declaraciones sobre los documentos filtrados. “Seguimos colaborando con el Gobierno de Estados Unidos en este tema, al igual que en una serie de cuestiones de seguridad nacional en el contexto de nuestra determinación conjunta de enfrentar el terrorismo internacional y combatir el extremismo violento. La posición del Gobierno del Reino Unido sobre Guantánamo es que el centro de detención debe cerrarse”, asegura un portavoz.
Traducido por Francisco de Zárate