Así gana terreno la campaña coordinada para la prohibición total del aborto: el ejemplo de EEUU

El estado de Alabama acaba de aprobar la prohibición del aborto incluso en casos de violación y sin ningún margen de ninguna semana para la interrupción del embarazo. Otros nueve estados de EEUU están barajando la aprobación de leyes contra el aborto parecidas a la que ha aprobado también el estado de Georgia, que prohibe el aborto una vez que se puede detectar actividad cardíaca en el feto, algo que puede suceder a las seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres siquiera sepan que están embarazadas. La ley ha provocado indignación en los grupos de defensa de los derechos de las mujeres en todo Estados Unidos.

Los expertos advierten que, dada la nueva conformación del Tribunal Supremo, los movimientos contra el aborto tienen “la mejor oportunidad en una generación para revocar la ley” que legalizó la interrupción del embarazo en el país americano.

Todas estas leyes y proyectos han sido creados según una “legislación modelo” que promueve el grupo extremista antiaborto Faith2Action, liderado por Janet Porter, una activista conservadora de alto perfil. Hace más de una década que Porter presiona a favor de una idea que los activistas a favor del derecho a decidir llaman “las leyes de las seis semanas”, pero hasta hace poco no había tenido mucho éxito.

Tanto los activistas antiaborto como los que defienden los derechos de las mujeres coinciden en que las razones detrás de esta ola de proyectos de leyes antiaborto que están siendo presentados en las legislaturas de los estados se deben por un lado a la elección del momento justo y por otro al trabajo de presión de Porter y su grupo.

Al principio, los proyectos de leyes “de las seis semanas” que promovía Porter eran considerados demasiado extremistas, incluso por otros conservadores antiaborto. El primer intento de Porter de presionar por una ley así se remonta a 2011, en Ohio. Inicialmente, los políticos conservadores se negaron a presentar el proyecto y el gobernador John Kasich vetó las versiones de la ley que se aprobaron en 2016 y 2018. Sin embargo, a principios de este año, Ohio acabó aprobando la ley.

Actualmente, los proyectos de leyes que siguen el modelo de la de Porter se han convertido en una parte cada vez más importante del paquete de medidas de aquellos que buscan generar un cambio a nivel nacional de abajo hacia arriba, y están inspirando a muchos estados a presentar proyectos similares.

En todo el espectro político, grupos de presión y de activistas han promovido leyes de “corta y pega” en legislaturas estatales con la esperanza de poder cambiar gradualmente el clima político y legal respecto de temas específicos.

Esta ola reciente de proyectos de leyes sobre el aborto no ha sido exitosa en todos lados. En 2018, una ley similar fue aprobada en Iowa pero luego fue revocada por el Supremo del estado. Un proyecto en Pensilvania no pasó el filtro del comité de la legislatura. Sin embargo, este año, además de la de Georgia, se han aprobado leyes en la misma línea en Kentucky, Mississippi y Ohio –aunque todas estas han sido apeladas y todavía no han entrado en vigor–.

Los analistas creen que este esfuerzo por aprobar muchas leyes antiaborto nace del deseo de los activistas y los conservadores de que la cuestión vuelva a ser recogida por el Tribunal Supremo del país, que desde que Trump designó a dos nuevos jueces se ha inclinado notoriamente hacia el conservadurismo, especialmente desde el ingreso de Brett Kavanaugh, que es visto como alguien de línea dura respecto a este tema.

Elizabeth Nash, analista de políticas del Instituto Guttmacher, afirmó que muchos grupos antiaborto comparten con Porter la sensación de que “con la confirmación del juez Kavanaugh, ahora tienen los votos suficientes para llevar la 'ley del latido' al Supremo del país” y objetar la sentencia del caso Roe Vs Wade, un caso histórico que derivó en el derecho al aborto en Estados Unidos.

Los legisladores conservadores han comenzado a ver la aprobación de estas leyes extremistas contra el aborto como algo más que un gesto político inútil, lo cual explicaría por qué los políticos republicanos de todo el país han promovido estas leyes con tanto entusiasmo.

“Los legisladores conservadores anticipan que una ley que prohiba el aborto desde las seis semanas podría llegar al Supremo, dada su nueva configuración”, aseguró Nash. George Hawley, profesor de ciencia política e investigador de políticas de derechas y religión en la Universidad de Alabama, coincide en que los grupos antiaborto tienen la sensación de que están ante una oportunidad vital gracias al gobierno de Trump. “Dada la conformación actual del Tribunal Supremo, esta es seguramente la mejor oportunidad que tenga esta generación del movimiento pro-vida de revocar el fallo Roe Vs Wade”, dijo.

Hawley cree que el movimiento pro-vida siente que el Partido Republicano le debe algo por su lealtad a la hora del voto. “Durante décadas, el Partido Republicano ha reunido sumas enormes de dinero gracias a la promesa de revocar el fallo Roe Vs Wade si ganara suficientes elecciones como para poner una mayoría conservadora en el Supremo”, afirmó Hawley. “Los activistas antiaborto le han dado tanto al Partido Republicano que razonablemente pueden insistir con que ahora se prohiba el aborto”.

A principios de esta década ya hubo una pequeña ola de proyectos de ley semejantes. En 2013 y 2014, Alabama, Arkansas, Dakota del Norte y Wyoming presentaron en sus legislaturas proyectos que o bien murieron en los comités o fueron revocados por tribunales federales, y el Supremo se negó a dar lugar a las apelaciones.

Nash dijo que esta nueva ola de leyes forma parte de una estrategia de los activistas antiaborto de “vincular algún tipo de actividad fetal con la prohibición del aborto” y que el latido fetal tiene además una carga emocional.

La redacción de los proyectos de leyes a cargo de Faith2Action forma parte de un amplio frente de esfuerzos de la derecha cristiana. Iniciativas como el Proyecto Blitz han intentado sacar adelante una larga lista de leyes “amigables con la religión” en materia de adopciones, clases de educación religiosa y la objeción de conciencia a la hora de realizar abortos o proveer servicios a la comunidad LGBT.

La ACLU (Unión Americana por las Libertades Civiles) y otros grupos civiles a favor de los derechos de las personas han prometido que apelarán la ley de Georgia.

Frederick Clarkson, que estudia el derecho cristiano desde hace muchos años, sugiere que estas leyes pueden considerarse “un ardid publicitario, con una intencionalidad política”. Pero añadió que, dada la conformación del Supremo, “es absolutamente posible que se revoque el fallo Roe Vs Wade”.