Desde una óptica estrictamente técnica, el acuerdo que acaba de lograr la Unión Europea (UE) con Israel y Egipto para iniciar el suministro de gas es, seguramente, irreprochable. Para unos países que buscan eliminar la dependencia energética de Rusia, sin querer reparar en que esto ha sido el resultado de sus propias políticas cortoplacistas y mercantilistas, la búsqueda de alternativas se convierte en una lógica prioridad. Hacerlo desde la plataforma común de la UE también parece más ventajoso que volver a caer en enfoques nacionalistas que nunca tienen ese mismo poder de negociación.
Sin embargo, presentar lo acordado como un ejemplo a seguir supone un salto que no se cubre con los argumentos que Ursula von der Leyen empleó en la ceremonia de la firma del memorándum de entendimiento en El Cairo el pasado miércoles.
Lo que se pasa por alto
En primer lugar, porque “el momento especial” al que se refería supone seguir apostando por una materia prima energética que contribuye directamente al calentamiento global, mostrando así la falta de voluntad comunitaria para apostar claramente por una transición energética que vuelve a quedar ralentizada, por mucho que se apunte a que los firmantes se esforzarán en reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Según lo firmado, el grueso del gas a exportar a la UE procederá de los dos campos –Tamar y Leviatán, con una capacidad conjunta estimada en unos 690.000 millones de metros cúbicos– que Israel controla en el Mediterráneo oriental. A través de un gasoducto, ese gas llegará a la planta de regasificación de Damietta que Egipto tiene en la costa mediterránea –paralizada prácticamente desde 2011 y que, con financiación internacional, ha sido reactivada a partir de 2018–, para ser enviado posteriormente al mercado europeo en buques metaneros, lo que siempre implica un precio mayor al que circula por gasoducto. Se pasa por alto que el gas localizado y estimado en esa zona es un factor de disputa todavía por resolver entre varios países, con Líbano, Palestina y Chipre –lo que igualmente implica a Turquía– entre ellos.
Por otro lado, se quiere olvidar también que Israel, a diferencia de los Veintisiete, es un país que no está aplicando sanciones a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Escudado en una supuesta neutralidad que le permite entenderse con Rusia en Siria, para tener las manos libres en su intento de evitar la injerencia de Irán en apoyo a la milicia chií libanesa de Hezbolá y jugar como supuesto mediador en el conflicto, sin atender las peticiones ucranianas de armas como los sistemas antimisiles 'Cúpula de hierro', Israel se convierte así en el principal beneficiario del afán de la UE por escapar de la dependencia de Moscú.
Pero es que, además, no se sostiene que la presidenta de la Comisión Europea haya querido presentar el acuerdo como un ejemplo de coherencia en línea con los valores y principios que la UE pretende representar, hablando de Israel y Egipto como países “confiables”. Es cierto que, en un nuevo ejercicio de crudo realismo político, Estados Unidos acaba de hacer lo mismo con un Nicolás Maduro que hace apenas unos días era la personificación del diablo en el mundo y ahora es un socio más, y muy pronto Joe Biden volverá a escenificar otra farsa teatral de concordia y valores compartidos durante su viaje a Arabia Saudí el próximo 16 de julio.
Sin embargo, nada de eso sirve para convencernos de que Israel –un Estado que ya la propia ONU, a través de su relator especial para los derechos humanos en el Territorio Palestino, entiende que practica un sistema de apartheid– es un socio radicalmente distinto a los gobernados por sátrapas antidemocráticos y dictadores de los que tan frecuentemente dependemos en materia energética. Y menos aún un Egipto que está en manos de un presidente golpista, como Abdelfatah al Sisi, empeñado en una política de represión sistemática contra sus rivales políticos.
Desbloqueo de la ayuda a Palestina
De poco sirve que, como premio de consolación, Von der Leyen haya aprovechado su viaje para reunirse también con el primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh, anunciando el desbloqueo de la ayuda comunitaria por un importe de unos 215 millones de euros, que el comisario europeo Olivér Várhelyi mantenía retenida por entender que los libros de texto palestinos fomentan el odio a los judíos. En paralelo, se ha anunciado que ya está en marcha una segunda revisión de dichos textos, que pronto puede acabar bloqueando nuevamente una ayuda vital para paliar la pésima situación en la que malviven los palestinos desde hace años.
A partir de aquí tan solo queda esperar a que los inversores privados se animen a realizar las inversiones necesarias para que ese gas llegue a los mercados europeos en un plazo estimado en dos años. Y, desgraciadamente, a otra cosa.
Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).