La violencia sexual ha sido empleada por todas las partes, en todos los conflictos armados, y el conflicto entre el grupo palestino Hamás e Israel no es una excepción. Sin embargo, esa violencia es muy difícil de probar y ambas partes la han empleado como arma arrojadiza contra la otra, con acusaciones muchas veces infundadas.
Hasta este mes de marzo, no hubo un informe independiente sobre los abusos cometidos por los combatientes de Hamás durante el ataque contra localidades del sur de Israel el 7 de octubre, aunque Israel había acusado repetidamente a los milicianos de asaltar y violentar a las mujeres que residían en esas comunidades, algunas de las cuales fueron secuestradas y llevadas a la Franja de Gaza.
La representante especial de la ONU para la violencia sexual en conflicto, Pramila Patten, dio a conocer su informe sobre el 7 de octubre a principios de marzo y, esta misma semana, volvió a comparecer ante el Consejo de Seguridad en Nueva York para hablar de sus conclusiones, en una reunión convocada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, a petición de Israel, cuyo ministro de Exteriores, Israel Katz, estuvo presente y acusó a Naciones Unidas de haber permanecido en silencio “demasiado tiempo sobre las acciones de Hamás”.
Ante los miembros del Consejo de Seguridad, Patten –que visitó Israel entre finales de enero y mediados de febrero– dijo haber visto y escuchado “escenas de una violencia innombrable perpetrada con una brutalidad sorprendente y que provocó un sufrimiento humano intenso”. Según la representante especial, hay “información clara y convincente de que la violencia sexual, incluida la violación, la tortura sexualizada y el tratamiento cruel, inhumano y degradante, ha sido cometida contra los rehenes” que fueron secuestrados por los milicianos palestinos en suelo israelí. Aun así, señaló que eso no justifica las hostilidades ni el “castigo colectivo” contra la población gazatí, que es víctima del bloqueo de Israel y de una devastadora ofensiva militar desde hace más de cinco meses.
“Motivos razonables” pero no evidencias
Por ello, Patten pidió un “alto el fuego humanitario para poner fin al sufrimiento indescriptible impuesto a los civiles palestinos en Gaza y lograr la liberación incondicional e inmediata de todos los rehenes”. Según la representante, mientras continúe la guerra, los y las rehenes están expuestas al riesgo de sufrir más violencia, incluida violencia sexual. De hecho, en su informe, indica que hay “motivos razonables para creer” que esa violencia está siendo ejercida contra los cautivos en manos de los miembros de Hamás y otros grupos armados en Gaza.
Para realizar ese informe, el equipo encabezado por Patten, compuesto por nueve expertos de Naciones Unidas, entrevistó a supervivientes y testigos de los ataques del 7 de octubre, así como rehenes dejados en libertad alrededor de un mes y medio después, en el marco de un acuerdo entre Hamás e Israel. Se desconoce el número de víctimas de violencia sexual y cuántas sobrevivieron, pero varias siguen recibiendo tratamiento y sufriendo consecuencias psicológicas, por lo que el equipo de la ONU no pudo hablar con ellas.
Mediante entrevistas, visitas a algunos de los sitios atacados y el visionado de más de 5.000 imágenes y 50 horas de grabación en vídeo, los expertos concluyeron que hubo violaciones y violaciones en grupo en al menos tres lugares, incluido el festival de música electrónica Nova, donde las autoridades israelíes calculan que fueron asesinadas más de 360 personas y secuestradas otras 40.
En la mayoría de los casos, las víctimas fueron violadas y luego asesinadas, pero en al menos dos ocasiones fueron violentados los cadáveres de mujeres, según el informe. Habiendo muerto en su mayoría, las víctimas no han podido contar su versión de los hechos.
La misión de la ONU liderada por Patten también se encargó de desmentir acusaciones falsas y bulos que habían circulado ampliamente en los medios israelíes e internacionales en las semanas posteriores al 7 de octubre. Por ejemplo, la misión afirma que no pudo verificar las violaciones supuestamente ocurridas en el kibutz Kfar Azza, uno de los primeros que asaltaron los encapuchados de Hamás ese día fatídico.
En el kibutz Beeri, que también fue blanco del ataque y protagonizó numerosos titulares, el equipo de la ONU corroboró que “al menos dos acusaciones de violencia sexual, de las que se ha informado ampliamente en los medios, no tenían fundamento”, incluido el caso de una mujer embarazada cuyo vientre había sido supuestamente abierto por los milicianos, el feto acuchillado y ella asesinada. Ese relato fue recogido por medios de prestigio, como la BBC, que cita a un voluntario de la organización judía Zaka que ayudó en la retirada de los cuerpos en las zonas afectadas.
Gaza y Cisjordania
La misión de Naciones Unidas no solicitó acceder a Gaza, pero sí visitó la Cisjordania ocupada, donde se reunió con representantes del Gobierno y de la sociedad civil palestina, que trasladaron al equipo de Patten denuncias de “tratamiento degradante, inhumano y cruel de palestinos y palestinas detenidas, incluidas varias formas de violencia sexual como amenazas de violación, cacheos invasivos y desnudez forzada y prolongada”; y prácticas parecidas durante redadas policiales y en controles de seguridad en las carreteras de esa región.
“En la Cisjordania ocupada, he sido testigo de un clima de miedo e inseguridad intensas, con hombres y mujeres aterrorizados y muy perturbados por la tragedia actual en Gaza”, afirmó Patten ante el Consejo de Seguridad.
El pasado mes de febrero, un grupo de expertos de la ONU, entre los que estaba la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, expresó su preocupación por “la detención arbitraria de cientos de mujeres y chicas palestinas, incluidas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadoras humanitarias, en Gaza y en Cisjordania, desde el 7 de octubre. Muchas han sido supuestamente sometidas a tratamiento degradante e inhumano, se les han negado compresas para la menstruación, comida y medicinas, y han sido golpeadas severamente”.
“Nos preocupan especialmente las informaciones de que mujeres y chicas detenidas también han sido sometidas a múltiples formas de agresión sexual, como ser desnudadas y cacheadas por oficiales varones del Ejército israelí. Se ha informado de que al menos dos detenidas palestinas fueron violadas, mientras que otras fueron amenazadas con ser violadas y con [actos de] violencia sexual”, denunciaron los expertos en un comunicado conjunto, pidiendo además que se lleve a cabo una “investigación imparcial, independiente, exhaustiva, rápida y efectiva” sobre esos supuestos abusos.
Dificultades para investigar
El único organismo de la ONU que puede de verdad investigar todas las denuncias de violencia sexual y otras violaciones es la Comisión de Investigación Internacional Independiente para los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Este, e Israel. Ese organismo, que depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, empezó en octubre a investigar “posibles crímenes internacionales” cometidos el mismo 7 de octubre y posteriormente. “En el ámbito de sus investigaciones, la Comisión está dedicando especial atención a las denuncias de delitos de género, con énfasis en asesinatos y toma de rehenes, violaciones y otras formas de violencia sexual”, aseguró en un comunicado, en el que pidió a Estados, individuos, grupos y organizaciones colaborar aportando cualquier tipo de información, en concreto a las víctimas y testigos.
Pero tendrán que pasar otros tres meses para conocer el informe de la Comisión sobre los crímenes de género, que será presentado en junio de 2024 en Ginebra.
Algunas ONG de reconocido prestigio también han empezado a investigar lo ocurrido el 7 de octubre pero su misión no es fácil, tal y como reconoció la directora asociada de la División de Conflicto y Crisis de Human Rights Watch (HRW), Belkis Willie. “Cuando cientos de personas mueren en un solo día, desentrañar lo sucedido lleva tiempo. Cada día aparece información nueva, incluso meses después de los ataques, esa información es importante para comprender la escala total de los ataques”, explicó Willie, tras pasar tres semanas realizando trabajo de campo en Israel.
“Mientras realizábamos nuestra investigación en Israel, muchos supervivientes y familiares no sabían si sus seres queridos todavía estaban vivos. Todos esperaban que sus familiares desaparecidos hubieran sido secuestrados, porque era mejor que la otra opción. Otros estaban tan traumatizados que simplemente no podían hablar”, relató. “Realizar investigaciones en tales circunstancias exige paciencia y sensibilidad para evitar volver a traumatizar o causar otros daños a las personas afectadas por graves abusos”.
A finales de enero, la investigadora de HRW afirmó que llevaría tiempo verificar la información recopilada sobre el terreno, pero prometió que el informe de la ONG “se basará en relatos corroborados de 110 testigos y supervivientes, socorristas, familias de rehenes y personas que acudieron a los lugares de los ataques para rescatar a otros”. Entre esas entrevistas no hay ninguna con alguna de las víctimas de violencia sexual durante el ataque del 7 de octubre, destacó Willie.
“Hemos revisado declaraciones de personas que dicen haber presenciado casos de violación y otras formas de violencia de género. Y algunos socorristas con los que hablamos describieron haber visto cuerpos de mujeres en condiciones o circunstancias que podrían corresponderse a violencia sexual. Sin embargo, la falta de pruebas forenses hace que sea mucho más difícil conocer la escala y la naturaleza de los abusos”, lamentó.
Para la misión de la representante especial de la ONU para la violencia sexual en conflicto –que destaca que su mandato y su naturaleza no son de investigación– “la verdadera prevalencia de la violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre y posteriormente puede tardar en emerger meses o años, y puede que no se conozca nunca en su totalidad”.