Los 4 millones fantasma

Puede ser un error o puede ser malversación, pero en cualquier caso es un desastre. Hay documentación oficial que desvela que nuestros impuestos se han dejado más de 4 millones de euros en centro público que en realidad está vacío e inoperativo desde 2012. ¿Cómo puede pasar esto?

Hablamos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Fuerteventura, una instalación para recluir inmigrantes que llegan de manera irregular a las costas canarias. Fuerteventura se había ganado la etiqueta del 'Guantánamo 2' entre las ONG de derechos humanos por las condiciones en las que el Ministerio de Interior hacinaba a miles de personas, durante años incluso agolpados en la terminal del aeropuerto. En 2002 se inauguró este enorme centro con capacidad para 910 personas. Es el CIE más grande de España y está vacío desde 2012. Las rutas de la migración cambiaron y el Gobierno decidió que era mejor cerrarlo temporalmente.

Sin embargo, desde entonces se ha gastado comida por valor de más de 800.000 euros. Limpiar las instalaciones ha costado 2,3 millones de euros. Pagar a los médicos previstos para asistir necesidades sanitarias de los internos ha costado 36.688,21 euros anuales desde 2014 a 2017. Y así con todo hasta llegar a 4,1 millones.

Es imposible, claro. Es absolutamente imposible que todos estos gastos sean reales porque en el CIE de Fuerteventura no hay nadie desde 2012. Y sin embargo, estas tablas de gastos (no es un presupuesto, es un registro de gastos) constan como documentación oficial de la Dirección General de la Policía y del Ministerio de Interior. Son datos que conocemos gracias a la colaboración de eldiario.es, El Confidencial y LaSexta, con el impulso de la fundación PorCausa.

“Debe ser un error al rellenar los documentos”, nos dijeron así como para quitarle importancia al asunto. Ya es grave que algo tan importante como los registros oficiales de cómo se ha repartido el dinero de nuestros impuestos fueran tan poco fiables como para 'despistar' más de cuatro millones de euros en cinco años sin que nadie se dé cuenta en todo este tiempo.

Pero además es que no es solo un error. La empresa de alimentación adjudicataria sí confirma que ha recibido pagos por valor de al menos 525.000 euros como parte de su servicio (no prestado) al CIE de Fuerteventura. Los pliegos de licitación incluían una cláusula blindada para las empresas: independientemente de si había muchos o pocos internos, habría una cuota base a pagar por parte del Estado para sufragar los costes fijos y la inversión inicial de la empresa. Es decir, según esto, el CIE de Fuerteventura está cerrado para todos menos para las empresas que cobran por mantenerlo abierto. Un desastre.

Vale, ¿todas las empresas han recibido el dinero que los informes oficiales constatan que se ha gastado? Pues parece que no. Por ejemplo la adjudicataria de limpieza, Clece, asegura que no ha recibido los 2,3 millones que la documentación dice que se ha gastado en ellos durante estos años. Clece no es una empresa que dependa de este servicio concreto, tiene negocios como este por toda España y esos dos millones de euros son poca cosa para sus cuentas quinquenales.

Probemos otra cosa. Las instalaciones del CIE de Fuerteventura ocupan un antiguo cuartel de la Legión. El Ministerio de Defensa sigue usando algunas zonas alrededor del CIE para “zona de instrucción y adiestramiento”, nos dicen. Pero no, tampoco Defensa sabe nada de los gastos. No depende de ellos.

¿Entonces? ¿Qué está pasando con el dinero que oficialmente se ha gastado en el CIE de Fuerteventura? ¿Se ha regalado a las empresas adjudicatarias a cambio de nada? ¿A modo de compensación por dejarles sin servicio? Y si no es así, si no lo tienen las empresas, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué se está pagando realmente con ese dinero?

Mientras nadie responde a este desastre, el Ministerio de Interior avanza en la apertura de tres nuevos CIE en Algeciras, Málaga y Madrid. El ministro Zoido ha anunciado que estos centros responderán a un “nuevo modelo arquitectónico”.

Los CIE son cárceles cutres, incomunicadas y sin garantías para gente que no ha cometido un delito sino una falta, lo que ha llevado a muchas organizaciones sociales y políticas a solicitar su cierre. Pero es que además son totalmente ineficaces: se supone que sirven para retener a los inmigrantes irregulares mientras se procede a su deportación, pero no funcionan: después de mantenerles encerrados hasta dos meses, la burocracia del Estado no es capaz de repatriar ni devolver ni al 70% de ellos, según datos del propio Gobierno.

Hace poco nos hacíamos una pregunta. Si no respetan los derechos humanos y encima no cumplen su objetivo, ¿por qué los CIE siguen abiertos? ¿Por qué se van a abrir más? Hoy, sin 4 millones fantasma que nadie sabe dónde están, tenemos alguna pista.