El presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Juan Ignacio Lema, ha propuesto acudir a “cualquier mecanismo legal”, incluso “un arbitraje independiente de mutuo acuerdo”, si no se alcanza hoy mismo un acuerdo con los controladores aéreos que evite la huelga anunciada.
De este modo, el conflicto sería sometido a la decisión de un árbitro independiente consensuado por ambas partes para resolver en que no hay acuerdo, lo que a su vez “pondría fin” al anuncio de huelga que “tanto daño está causando” a la economía española.
“Si no se llega hoy a un acuerdo y los controladores no aceptan acudir a un tribunal de arbitraje, me temo que anunciarían la huelga, cosa que no deseamos”, añadió el responsable de AENA, quien aseguró que esto “no es un ultimátum”.
No obstante, en una rueda de prensa junto a la directora de Navegación Aérea, Carmen Librero, Lema consideró que tras las conversaciones mantenidas en los últimos días, se podría alcanzar un acuerdo “pronto”, ya que, según apuntó, en siete de los 12 puntos reivindicados por el colectivo las posiciones están “acordadas o muy próximas”.
Entre los aspectos resueltos se encontraría la realización de auditorías sobre las cargas de trabajo o la aplicación inmediata del Real Decreto de tiempos, actividad y descanso, con participación de los representantes sindicales dentro de los plazos que se marcan en el mismo.
Además, Librero explicó que los instructores o supervisores mayores de 57 años podrán mantener su nombramiento dentro de funciones no operativas, mientras que a los trabajadores que no pertenezcan a estas categorías se les ofrecerá ser nombrados 'técnicos ATP'.
JORNADAS Y RETRIBUCIONES
Sin embargo, Lema apuntó que aún quedan por resolver “dos aspectos clave”, como son las jornadas que deben realizar los controladores y la retribución correspondiente a ésta.
“Aunque no vienen recogidos en la tabla de reivindicaciones, USCA mantiene constantemente su interés puesto en ellos”, aseguró. Concretamente, AENA habría propuesto una “jornada flexible y adaptable”, frente a unas exigencias de los trabajadores que “no se ajustan a la Ley de Tránsito Aéreo”, por lo que “no asegurarán” la competitividad y eficiencia del gestor aeroportuario en el marco del 'cielo único europeo'.
Asimismo, los controladores solicitan el pago de determinadas horas extra a un mayor precio, la ampliación del tiempo de descanso nocturno hasta el 50% o la reducción de la jornada máxima hasta las 1.450 horas en 2013, según el ente.
Ante este último aspecto, Lema recalcó que “no se oponen a ello”, pero siempre y cuando la medida vaya acompañada de un ajuste de la retribución y la productividad, pues de lo contrario se superaría la masa salarial fijada en 480 millones de euros.
Otro punto conflictivo es el de los 'servicios exprés', aplicados cuando el absentismo supera el 15% de las 'imaginarias'. El sindicato USCA asegura que esta medida obliga a los controladores a estar disponibles “los 365 días del año”, extremo que el responsable de AENA tachó de “incorrecto”.
Según explicó, los trabajadores cuentan con 45 días de vacaciones anuales que “se respetan”, frente a los 30 días del resto de los trabajadores que dependen de AENA, a lo que se suma la posibilidad de dividir el año en cuatro trimestres para asignarlos a la plantilla, de tal forma que cada trabajador pase nueve meses al mes exentos de realizar este tipo de servicios.
LAUDO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
El responsable del gestor aeroportuario señaló que hasta el momento “no contemplan” el escenario de un posible laudo de obligado cumplimiento para las partes que cierre el conflicto.
Según explicó, en caso de que finalmente se produzca una huelga que cause “un grave perjuicio” a la economía nacional, ya no sería AENA quien debería tomar la decisión de un arbitraje forzoso, sino que ello “correspondería al Gobierno”.
El arbitraje constituye una vía paralela y restitutoria de la justicia ordinaria por la que, en caso de conflicto entre dos o más partes, un tercero neutral e imparcial, denominado árbitro, resuelve la controversia dictando un laudo (sentencia) que es de obligado cumplimiento, no recurrible y ejecutable.