A través de un comunicado en el Boletín Oficial de La Rioja el Gobierno regional informaba en los últimos días de la decisión adoptada de no sancionar a las residencias que no cuenten con el personal exigido para atender a las personas mayores en las residencias y centros de día. El motivo, “el déficit y carencias de personal sociosanitario”. De hecho, desde el Ejecutivo regional relatan que “este déficit comenzó a intuirse antes de la pandemia motivada por el COVID-19, pero a partir de esa crisis sanitaria, este problema se ha ido incrementando progresivamente y, en estos momentos, obliga a replantear diferentes cuestiones y a adoptar medidas excepcionales”, como la supresión de las denominadas penalidades en los contratos de servicios de atención residencial y centros de día para personas mayores en La Rioja, decisión que afecta a una veintena de centros que gestionan unas 1.700 plazas concertadas en La Rioja.
Y es que el argumento utilizado es la enorme dificultad de las empresas contratistas de encontrar personal cualificado para sus centros, residencias de personas mayores y centros de día, sobre todo en las especialidades de médicos, ATS/DUE, gerocultores y titulaciones equivalentes, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Un problema que desde el Gobierno de La Rioja tildan de “desajuste del mercado laboral entre la oferta y la demanda que se sufre a nivel nacional y de forma más agravada en la Comunidad Autónoma de La Rioja”. Faltan profesionales en La Rioja por varios motivos, explican desde el Ejecutivo. Por su situación geográfica “y su carácter fronterizo con otras regiones que absorben profesionales”, pero también porque el “porcentaje de población envejecida en La Rioja es mayor que la media nacional” y por esta razón La Rioja necesita más profesionales para atender una población envejecida por encima de la media nacional.
Durante los últimos años, las entidades contratistas están advirtiendo y justificando en el marco de los contratos administrativos que no encuentran personal y la alta rotación del personal disponible que prioriza la posibilidad de trabajar en el Sistema Público de Salud, un problema que aseguran “es más gravoso en el ámbito rural, donde contratar profesionales que se desplacen a centros de localidades más pequeños es más complicado aún”.
Todas estas razones han llevado al Ejecutivo regional a “eximir a las entidades dedicadas a la prestación del servicio de atención residencial y centro de día a personas mayores de La Rioja de la aplicación de la parte de las penalidades previstas en los contratos por el incumplimiento de los ratios de personal exigidos en los contratos administrativos, consciente en la deducción de una cuantía resultante de la aplicación de un porcentaje de a una base de penalidad, directamente a la facturación o similares”. O lo que es lo mismo eliminar las multas por incumplir los ratios de personal exigido.
Los socialistas riojanos fueron los primeros en dar la voz de alarma de esta resolución que calculan afecta a una veintena de centros residenciales que gestionan alrededor de 1.700 plazas concertadas. “Esta medida supondrá un empeoramiento de la calidad asistencial a los dependientes y un claro beneficio para las empresas gestoras, además de asestar un nuevo golpe a la atención a las personas dependientes. Hablamos, además, de personas especialmente vulnerables y que necesitan de mayores atenciones por parte de las Administraciones públicas.” La diuputada socialista, María Somalo, explica que con esta resolución ya no habrá sentencias en contra de empresas por incumplir los ratios por falta de personal. Razón por la que desde las filas socialistas piden lal retirada inmediata de esta medida que “perjudica la calidad del servicio que se brinda a las personas con dependencia”.
“María Martín ha inclinado la balanza a favor de los intereses empresariales”
Además, la resolución publicada en Boletín Oficial de La Rioja ha sido valorada por la Plataforma por la Sanidad Pública. Su portavoz, Javier Granda, ha calificado de “despropósito” la resolución porque “atela salud de más de 4.200 personas mayores de La Rioja que están en alguna residencia de personas mayores o centro de día”, a la vez que ha criticado la “decisión de la consejera de Salud, María Martín, que ha inclinado la balanza a favor de los intereses empresariales en detrimento de la salud de las personas mayores”.
Además, Granda censura que el Gobierno de Gonzalo Capellán haya cedido a “las presiones de estas empresas para que no tengan sanciones si no cuentan con las plantillas al 100%”. Y es que con la decisión adoptada, Granda asegura que “demuestran que no han aprendido nada. La COVID-19 puso de manifiesto la nefasta atención que se estaba prestando en las residencias y en los centros de día de La Rioja”. Pero además, el portavoz de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública, cuestiona la disculpa esgrimida por el Ejecutivo regional para adoptar esta resolución. “La disculpa no puede ser que no hay personal, nadie habla de las condiciones laborales inconfesables y los salarios ridículos que se ofrecen a las trabajadoras, profesionales que tienen que huir”.
Los verdaderos paganos de esta resolución son las personas usuarias de las residencias de personas mayores y centros de día de La Rioja. “Estamos hablando unas 4.200 afectadas, personas que han levantado el país y la región y ahora respondemos así cuando necesitan una atención”. Las ratios exigidas datan del año 1998 y la resolución publicada en el BOR va a permitir que las empresas adjudicatarias puedan saltárselas. Unos. mínimos asegura Granda que “no se ha adaptado a la realidad y, esta resolución, lo único que hace es empeorar la situación en La Rioja”. En el resto de comunidades autónomas, asegura Granda, la situación es similar. “Salvo en el País Vasco, las condiciones laborales en el resto de regiones es similar, pero con esta resolución adoptada por el Gobierno regional, se da carta blanca a las empresas y se deja sin regulación a unas 4.200 personas usuarias de residencias de personas mayores y centros de día”.
UGT asegura que el Gobierno regional “amnistía” a estas empresas
En la misma línea se ha posicionado el sindicato UGT La Rioja quien equipara la resolución a una “amnistía para las empresas de residencias de personas mayores que no cumplan con las ratios”. De hecho, el secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez, considera que “es una de las medidas más vergonzosas que se han tomado en los últimos años, y no va a solucionar el problema que hay en las residencias y en los centros de día”, además de una competencia desleal para otras empresas que se presentaron a los pliegos de contratación.
Y al igual que la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, UGT La Rioja también rechaza el argumento de la falta de personal. “Son sectores absolutamente precarizados, con condiciones de trabajo deficientes provocadas precisamente por estas ratios, con sueldos paupérrimos y nada atractivos”. De hecho justifica que “es muy fácil comprender que, si un médico tiene que atender a 60 personas en una residencia, prefiera irse a trabajar a otro lugar”. Y con la decisión del Gobierno regional “se va a empeorar todavía más el problema porque si antes podían incumplir las ratios sin graves consecuencias, ahora ya ni se tienen que preocupar por incumplir los pliegos, lo que va a provocar que haya menos gente atendiendo a las personas mayores en las residencias y en los centros de días y con peores condiciones laborales”.
El problema de la falta de profesionales reitera radica en las condiciones laborales porque “un gerocultor que trabaja en La Rioja a jornada completa realiza 1.779 horas al año y tiene un salario base de 16.000 euros, mientras que en Euskadi realizan 1.592 horas y cobran, de media, 23.000 euros anuales”.
La situación en las residencias de personas mayores y centros de día de La Rioja seguirá siendo complicada. “No hay personal suficiente para atender a todas las personas usuarias” y esta decisión del Ejecutivo regional, coinciden, agudizará aún más las dificultades a los profesionales que trabajan en estos centros y personas usuarias. No así a las empresas de este sector.