La organización ecologista Greenpeace ha mostrado su desacuerdo ante la condena de tres años de libertad condicional impuesta a dos de sus activistas que denunciaron la corrupción en el programa del Gobierno japonés de supuesta “caza científica” de ballenas.
Junichi Sato y Toru Suzuki fueron condenados ayer por robo y allanamiento después de haber realizado una investigación en la que se denunciaba la malversación de fondos públicos. Durante esta investigación, los dos activistas interceptaron como prueba numerosas cajas que contenían carne de ballena destinada al comercio privado.
“Aunque el Tribunal reconoce que existen prácticas cuestionables dentro de la industria ballenera, no se reconoce el derecho a denunciarlas, como así garantiza el derecho internacional”, ha declarado Junichi Sato. “El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, sobre los que nuestra defensa se ha basado, está por encima de la legislación penal japonesa pero en el procedimiento judicial no se ha tenido muy en cuenta”.
“Quisimos revelar la verdad sobre el programa japonés de caza de ballenas y a cambio hemos sido castigados, mientras que los criminales responsables del uso incorrecto de los fondos públicos se pasean libres por la calle”, afirmaba Toru Suzuki.
Como protesta, activistas de Greenpeace colgaron pancartas frente a las embajadas japonesas de todo el mundo, para señalar que la sentencia suponía una mancha sobre la democracia y los derechos civiles.
En junio de 2008, Sato y Suzuki fueron retenidos durante 26 días, decisión que fue criticada por el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas ya que vulneraba sus derechos fundamentales y estaba políticamente motivada. A continuación se inició un proceso judicial que ha durado dos años, durante los cuales los oficiales y la tripulación de la compañía ballenera se han contradicho en declaraciones cruzadas sobre las pruebas existentes sobre la malversación de fondos.