La Guardia Civil, junto con la Policía Judiciaria y el Servicio de Extranjería y Fronteras de Portugal y en el marco de la operación TARANIS, ha desarticulado una red criminal dedicada a la Trata de Seres Humanos con fines de explotación laboral durante la campaña de la vendimia en la Ribera navarra y riojana. Se ha detenido a 4 ciudadanos de origen portugués y se ha investigado a otro de nacionalidad española como presuntos autores de varios delitos de Trata de Seres Humanos con fines de explotación laboral.
Como resultado de las investigaciones se ha procedido a la identificación de un total de 30 víctimas de origen portugués, trabajadores agrícolas que estaban en condiciones precarias, varios sin estar dados de alta en la Seguridad Social.
Esta operación se enmarca dentro de la actuación conjunta que desarrollan la Guardia Civil, la Policía Judiciaria y el Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF) de Portugal para prevenir y perseguir los delitos relacionados con la Trata de Seres Humanos y Contra los Derechos de los Trabajadores, y de dar protección a las víctimas que trabajan en labores agrícolas en la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.
Durante la investigación se ha podido determinar como los presuntos autores captaban a sus víctimas en Portugal, en entornos sociales extremadamente vulnerables, ofreciéndoles unas condiciones de trabajo aparentemente atractivas. Posteriormente las trasladaban hasta Navarra y La Rioja para realizar labores agrícolas en las diferentes campañas, en unas condiciones precarias y vulnerando muchos de sus derechos laborales.
Condiciones de trabajo infrahumanas
Las condiciones de trabajo detectadas incluían jornadas laborales muy superiores a los estándares regulados y con un sistema de remuneración en el que uno de los detenidos, conocido como el “Patrono”, recibía el total de los jornales, siendo él mismo el que realizaba el reparto una vez finalizaba la temporada, descontando la parte que el consideraba propia por el alojamiento y la manutención.
Los agentes han confirmado como alguno de los empresarios vinculados con el “Patrono” conocía presuntamente la dinámica delictiva, prestándose a contratar a los trabajadores, a sabiendas de las condiciones descritas.
Entre las víctimas había una menor portuguesa de 16 años de edad. Otra víctima (también de origen portugués), que llevaba en España 10 años, fue “vendida” por una cantidad de dinero a uno de los detenidos.
El “Patrono” contaba con varias personas, de nacionalidad portuguesa, que realizaban labores de control sobre las víctimas en los lugares donde pernoctaban, donde estaban hacinados y en condiciones totalmente insalubres y antihigiénicas. Estos alojamientos se ubicaban en las localidades de Alcanadre y Bergasa (La Rioja) y donde según manifestación de las propias víctimas, en tres o cuatro habitaciones podían pernoctar más de 25 personas, por las cuales el “Patrón” les cobraba la cantidad de 20 euros/día a cada uno de ellos por la comida y el precario alojamiento.
Fraude en el ámbito de la Seguridad Social
El ámbito agrario conforma uno de los sectores más sensibles en cuanto a la problemática relacionada con la explotación laboral y el fraude a la seguridad social.
Las conductas en el ámbito laboral encaminadas a defraudar a la Seguridad Social afectan al bienestar social, ya que fomentan la competencia desleal a través de la economía sumergida, estimulan la corrupción y atentan contra los derechos de los trabajadores.
Estas actividades ilícitas principalmente consisten en:
- Constitución de empresas ficticias sin actividad real, que simulan mantener relaciones laborales con trabajadores para la obtención de prestaciones de la Seguridad Social.
- Fraudes en subvenciones o programas de ayuda (por ejemplo bonificaciones a la contratación), mediante acceso indebido a las mismas por empresas que sin tener actividad, falsean sus datos para recibir las mismas.
- Simulación de relaciones laborales en empresas con actividad real, para obtener indebidamente prestaciones de Seguridad Social (subsidios desempleo, renovación autorización de residencia y trabajo de extranjeros, etc.).
- Usurpación de estado civil, consistente en el uso fraudulento de la documentación y filiación de una tercera persona para identificar a un inmigrante en situación irregular ante las distintas entidades con las que se relacionan las empresas de trabajo temporal.
- No cotizar a la Seguridad Social teniendo obligación legal para ello, tanto empresas como autónomos.
- Empleo de extranjeros en situación irregular por no disponer de autorización de residencia y trabajo, así como otros supuestos de irregularidades graves en materia de extranjería.
- Trata de Seres Humanos para su explotación laboral.
- Explotación laboral sin trata, mediante la presencia de trabajadores carentes de contrato de trabajo y sin estar dados de alta en la seguridad social.
Balance a nivel nacional
Para hacer frente a esta problemática, la Guardia Civil está impulsando desde hace años la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), potenciando la investigación del fraude y, además, promoviendo la colaboración con las Administraciones en la realización de inspecciones en los diferentes ámbitos de riesgo, contribuyendo a generar conciencia social sobre esta problemática con el fin de disuadir su comisión.
En total, durante el primer semestre de 2018, se han mantenido 128 reuniones de coordinación a nivel nacional, autonómico y local con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se han creado 257 Grupos Operativos mixtos entre Guardia Civil y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social para actuaciones concretas en este ámbito.
De las operaciones contra el fraude a la Seguridad Social se ha descubierto un fraude estimado a la Seguridad Social por valor de 174.000 euros en este año 2018.
Por otro lado, durante el pasado año en las inspecciones realizadas a empresas se ha detectado a 5 trabajadores de nacionalidad española y a otros 61 de nacionalidad extranjera que estaban ejerciendo sus funciones de forma irregular.
La operación TARANIS ha sido desarrollada por miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, que han contado con el apoyo de la Inspección de Trabajo de España y de la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra.