La celebración anual, el 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se declaró, y se viene celebrando con el objeto sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.
Promover la toma de conciencia social sobre las garantías que ofrece una plena integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural es otro de los grandes retos a los que se enfrenta día a día el colectivo discapacitado y quienes trabajan con ellos.
La discapacidad en cifras
Del total de la población mundial, cerca del 10% de las personas vive con algún tipo de discapacidad. Esto es el equivalente a cerca de 650 millones de personas, lo que supone actualmente, la mayor minoría del mundo. Los avances en la medicina, el aumento de la esperanza de vida y de la población, hacen que esta cifra vaya creciendo año tras año, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
El 80% de las personas con discapacidad vive en países en vías de desarrollo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. Por su parte, UNICEF revela que el 30% de los jóvenes de la calle tienen discapacidad. Con respecto a la mujer, en términos de discapacidad, experimentan muchas desventajas, ya que en este caso la desigualdad y la exclusión vienen de dos frentes: por su género y por su discapacidad. Las mujeres y las niñas con discapacidad son particularmente vulnerables al abuso. En el caso de la India, por ejemplo, prácticamente todas las mujeres y las niñas con discapacidad han sido en alguna ocasión víctimas de violencia en el hogar, el 25% de las mujeres con discapacidades intelectuales habían sido violadas y un 6% de las mujeres con discapacidad habían sido esterilizadas por la fuerza.
La Ley y la realidad
Estudios comparativos sobre la legislación en materia de discapacidad indican que sólo 45 países en el mundo cuentan con leyes concretas contra la discriminación y otro tipo de leyes específicas a ese respecto.
En el caso de España, de los casi cuatro millones de empresas que hay en España, unas 30.000 están obligadas a integrar a un dos por ciento de discapacitados en su plantilla, sin embargo, unas 560 empresas han optado por aplicar “medidas alternativas” a la contratación obligatoria de personas con discapacidad que impone la Ley de Integración Social del Minusválido [LISMI] a todas las compañías con más de 50 trabajadores en plantilla.
De las 560 que han optado por las alternativas, “sólo el uno por ciento ha optado por enclaves laborales”, un 35% realizan donaciones y un 65 por ciento compran bienes y servicios producidos por los centros especiales de empleo que existen en la actualidad, según ha explicado el presidente de la Federación de Centros Especiales de Empleo, José María Ibáñez.
En total, estas empresas han realizado compras de bienes y servicios en los centros especiales por valor de 47,7 millones de euros, mientras que el 35 por ciento de compañías que se decantaron por la donación, aportaron “menos de la mitad”, con una cantidad que ronda los 20,5 millones de euros, apuntó Ibañez.
En su opinión, además de la contratación directa, la mejor forma de contribuir a la inserción laboral de las personas con discapacidad es la compra de bienes y servicios en los citados centros especiales de empleo, porque en la actualidad existen unos 1.800 en España que generan puestos de trabajo para 60.000 personas, la mitad de los cuales están fuera de la economía social.
Por eso, la Federación pide “responsabilidad y voluntad” a las empresas para que “si no tienen la estructura de recursos humanos necesaria o no es posible la contratación” se acerquen a los centros especiales de empleo “que son empresas de calidad, con certificaciones y capacidad de producción, empresas rentables, competitivas y que además tienen un gran compromiso social con colectivos que tienen más difícil el acceso al mercado de trabajo”.
En España, en la actualidad, la tasa de empleo de las personas con discapacidad está por debajo de la mitad de la registrada por la población general y, si bien hay 140.000 trabajadores discapacitados en el mercado abierto, todavía hay más de 700.000 que estando en condición de trabajar, no consiguen acceder a un empleo.
Ventajas de la integración
El secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, ha asegurado que “es rentable” incluir a las personas con discapacidad en la plantilla de las empresas, en el marco de la presentación de la Guía de Responsabilidad Social Empresarial y Discapacidad (Guía RSE-D) de la Fundación ONCE.
Según Moza, “las empresas deben aprovechar el talento de las personas con discapacidad para no perder competitividad, productividad ni volumen de mercado, ya que prescindir de ellas supone también prescindir de un 20 por ciento de consumidores y usuarios, que son las personas con discapacidad más sus familias”.
En su opinión, las compañías deben contribuir a la inclusión laboral de este colectivo “por eficiencia empresarial, por legalidad y por justicia”. Por ello, Moza consideró que “la Guía RSE-D muestra el camino a quienes quieren incluir la discapacidad dentro de su política de RSE pero no saben cómo hacerlo”.
La Guía RSE-D, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, incluye un cuestionario de autodiagnóstico, así como una serie de pautas para el reporte e indicadores de seguimiento útiles para el desarrollo de la dimensión de la discapacidad en el marco de la RSE, entre otros aspectos. El documento se puede consultar en la web de Fundación ONCE.
Por otro lado, Durán lamentó la existencia de un talento diferente “que está siendo desaprovechado y que puede aportar muchas ventajas a la empresa”. Por ello, indicó que “la RSE hay que verla como una inversión y una apuesta por los valores, que genera confianza hacia la empresa” por lo que solicitó a la Administración premiar a aquellas empresas que cumplan con la contratación de personas con discapacidad.