La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha aclarado que el Ejecutivo “mantiene su posición” de no reconocer a Kosovo y ha abogado por “la solución dialogada del conflicto” porque “es el único camino posible”.
Así se ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, declarara ayer que tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que considera legal la declaración unilateral de independencia “se abre ahora una nueva etapa”.
“Nuestra posición no ha cambiado por dos razones. Una, por respeto a la resolución (1244) que compartimos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dos, atendiendo (...) a los acuerdos fronterizos y de diversidad étnica y cultural que pusieron fin a la guerra de Bosnia”, ha precisado De la Vega.
La resolución 1244, aprobada en 1999, establecía una serie de principios generales para la solución política de la crisis de Kosovo y hablaba entre otras cosas del respeto a la integridad territorial de la entonces Yugoslavia, hoy Serbia.
“Mantenemos nuestra posición de no reconocimiento y seguimos apostando por un acuerdo entre las partes, por el diálogo”, ha insistido.
La portavoz del Gobierno ha descartado que la sentencia de la CIJ pueda alentar afanes soberanistas en España. Una cosa y otra, ha dicho, “no tienen absolutamente nada que ver” y ha destacado que es “bastante irreal comparar España con los Balcanes”.
Ha recordado que los Balcanes vivieron hace bien poco “el conflicto bélico más cruento” que se ha producido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que pasará “a las páginas de la historia más negra” en el Viejo Continente.
Por lo tanto, ha asegurado que “nadie con sentido de la responsabilidad puede comparar esta situación con la prosperidad que vivimos en nuestro país y con las normas de convivencia que nos hemos dado para el conjunto de la ciudadanía española”.
El Gobierno entiende además que la sentencia de la CIJ no versa sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos, sino que se centra exclusivamente en el caso de Kosovo, han añadido fuentes gubernamentales.