El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, pidió hoy la reapertura del caso de las identificaciones erróneas de 30 de las 62 víctimas del accidente del avión Yakovlev-42 porque, según argumentó, los mandos militares las realizaron de forma “arbitraria” a sabiendas de que era incorrecta. “Hay dolo falsario, lo saben y lo hacen”, afirmó.
En la vista de apelación al auto de archivo dictado en noviembre pasado por el juez Fernando Grande-Marlaska, que se celebró hoy ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Burgos reclamó la reapertura de la investigación al considerar que en el proceso de identificación de los cuerpos hubo “una mutación de la verdad” en unos documentos “con trascendencia jurídico-pública y jurídico-privada”, lo que demuestra, a su entender, “dolo falsario” por parte de sus autores.
La Fiscalía imputa un delito de falsedad documental al general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y a los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico José Saéz. Las familias de las víctimas también acusan al general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos.
El accidente del Yakovlev-42, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.
Según el relato de hechos realizado por el representante del Ministerio Público, cuando los cuerpos llegaron a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en la madrugada del 28 de agosto de 2003, el general Navarro “rellenó los espacios que se encontraban en blanco” en el listado de víctimas elaborado por las autoridades turcas y españolas tras ordenar la realización de las necropsias a los cadáveres no identificados y emitir los correspondientes certificados de defunción.
En Turquía no se asignaron identidades a estos 30 cuerpos porque, según explicó Burgos, “no hubo tiempo para hacerla, no hubo medios distintos de la mera observación y no se pidió”. En este sentido, concluyó que esta actuación se corresponde con un delito de falsedad documental con dolo directo o al menos por imprudencia.
“FINALIDAD ESPURIA”, SEGÚN LAS FAMILIAS
Los representantes legales de las familias de las víctimas defendieron la “trascendencia jurídica evidente” de los documentos que recogieron las identificaciones erróneas, sin las cuales no se hubieran podido realizar la exhumación de los cadáveres, el funeral del Estado y los posteriores enterramientos.
A este respecto, el abogado Leopoldo Torres atribuyó “una finalidad espuria” al proceso de identificación, al subrayar que se hizo con el objetivo de acelerar “la celebración solemne del funeral de Estado” y llevar a cabo “los enterramientos inmediatos a toda costa”.
“Existiendo una ocultación, ¿cómo es que no se manifestó al ministro que ordenó las identificaciones?”, se preguntó el abogado Leopoldo Torres, representante de la Asociación de Familiares Afectados por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42.
Los letrados de esta parte, que también imputan el delito de prevaricación a los cuatro militares, también hicieron hincapié en el “daño moral” y el “calvario” que sufrieron los allegados de las víctimas al descubrir que los restos que les habían entregado no correspondían con los de sus seres queridos. “Fueron atropellados innecesariamente por quienes deberían haber extremado la solidaridad y el respeto más riguroso”, dijo Torres.
Las defensas de las familias también incorporan en su lista de imputados al general Beltrán, al considerar que “tuvo conocimiento directo de los hechos, participó en ellos y firmó el acta de entrega de los certificados de defunción”, según explicó este letrado, que añadió que el entonces ministro Federico Trillo le encargó que “tramitara con urgencia el regreso a España de todas las cajas”.
“LOS CERTIFICADOS DECÍAN LA VERDAD”
Por su parte, el abogado defensor del general Navarro defendió que los únicos documentos con efectos jurídicos elaborados por los militares fueron los certificados de defunción, que “no faltaban a la verdad porque decían que un determinada persona había fallecido en una fecha y en un lugar”. “Cuesta pensar que en medio de aquel paisaje dantesco, en aquella situación, (Navarro) iba a estar maquinando que iba a hacer una lista con nombres que no se iban a corresponder con los cuerpos”, defendió.
El letrado de Beltrán, por su parte, defendió que su cliente no participó en las identificaciones porque carecía de conocimientos médicos, se encargó exclusivamente de la repatriación de los efectos personales de los fallecidos y no dio órdenes a Navarro porque no era su superior.
Por su parte, el abogado de Ramírez y Sáez centró su defensa en que el general Navarro asumió la completa autoría de las identificaciones, en que las necropsias no constituyen un documento oficial y en que en todos los casos las encabezaron con la afirmación “al que se nos presenta identificado con este número y este nombre”.