@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } El coordinador territorial del Partido Riojano, Rubén Gil Trincado y José Toledo Sobrón, presidente del grupo parlamentario han analizado la sanción impuesta por Trabajo y Seguridad Social al Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI).
Dicha sanción es de las más elevadas impuesta a una administración pública en La Rioja. 80.000 euros que fueron fijados en 2008, tipifican la causa de esta sanción como “muy grave”.
Según el PR esta sanción pone de manifiesto “la actitud oscura y poco ética por parte del Gobierno de Pedro Sanz y en concreto por el presidente del consejo de administración del IRVI, el consejero Antonino Burgos”, afirmaba Trincado.
Burgos según ha afirmado Trincado, “escondió y ocultó” a su propio consejo de administración y al Parlamento esta sanción.
Tras la inspección que trabajo y seguridad social realizó en 2008, a las empresas IRVI y PROVIVIENDA, que mantenían un convenio de colaboración, se reconoce que no se permite distinguir la no pertenencia de los trabajadores de PROVIVIENDA al Instituto Riojano de la Vivienda, ya que toda su gestión y la de sus trabajadores se realizaba a través del IRVI.
En 2008 varios de los trabajadores de PROVIVIENDA fueron contratados de manera directa sin ningún proceso público de contratación por el IRVI.
La demanda reconoce también que existe un supuesto negocio simulado que “cubre interposición”, calificando esta conducta de fraudulenta, hecho muy grave, según el PR en una empresa pública, calificando la sanción de muy grave.
Trincado ha pedido la opinión del resto del consejo de administración del IRVI, entre los que se encuentran Mar San Martín o José Luis Sanz, ya que no se han manifestado al respecto ni han recurrido esta sanción, que PROVIVIENDA por su parte sí recurrió.
José Toledo ha querido destacar la importancia de la gravedad de esta sanción por el carácter de empresa pública, la cuál debería tener un comportamiento “ejemplarizante”.
“No vemos ninguna justificación salvo la mala gestión, que haya llevado a esta situación”, afirmaba Toledo poniendo de manifiesto que, es el propio gobierno con su asesoría jurídica quién asesora al IRVI.
Según Toledo el IRVI se aleja de su papel como instrumento gubernamental para “convertirse en una empresa con mucha estructura pero sin efectos prácticos”.
Por último Toledo ha hecho una llamada al gobierno de La Rioja para que “reconduzca esta situación”.