La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado un segundo expediente sancionador, que se suma al acordado el 28 de agosto, contra la empresa, Athisa Medio Ambiente, S.A., encargada de gestionar el Centro de Acogida de Animales debido a la “situación deficitaria” en la prestación del servicio.
Una sanción, que oscila entre los 3.000 y los 12.000 euros, de la que ha informado la portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz. Ha recordado que la empresa “gestiona de forma indirecta desde el año 2018 del Centro Integral de Acogida de Animales, que ofrece servicio las 24 horas los 365 días del año para garantizar la recogida y atención veterinaria ”in situ“, así como la supervisión veterinaria oportunas de los animales perdidos, abandonados, heridos y enfermos en la vía pública en la ciudad”.
En este punto, Sanz ha apuntado que “ante el aviso de los técnicos municipales de que esta empresa no contaba con el personal mínimo ni con el horario estipulados en el pliego de prescripciones técnicas del contrato, sumado a una prestación deficitaria del servicio, la Junta de Gobierno Local decidió el pasado 28 de agosto incoar el expediente para la imposición, si procede, de penalidades a Athisa Medio Ambiente, S.A. por infracción grave tras omitir o incumplir las actuaciones marcadas en el contrato”.
Por otro lado, ha recordado la portavoz municipal varios expedientes de Policía Local del pasado mes de junio informaron “de deficiencias en el servicio de recogida de animales”. Ante ello, se convocó una reunión con Athisa Medio Ambiente, S.A. con el fin de exponerle los hechos y pedirle que se preste el servicio conforme a las condiciones pactadas, si bien “no se obtuvieron respuesta ni soluciones”.
Por todo ello, un nuevo informe del Consistorio determina que “existe una situación deficitaria en la prestación del servicio de recogida, ocasionando que existe un riesgo en el bienestar de los animales en situación de abandono o extravío en nuestra ciudad, de manera que se considera que existen circunstancias suficientes para imponer un segundo expediente sancionador por incumplimiento grave de sus obligaciones a la citada empresa”. La sanción será de multa de 3.001 a 12.000 euros.
Además, cuando se estime conveniente por el órgano de contratación, los incumplimientos graves “darán lugar a la resolución del contrato en los casos previstos en la Ley de contratos del Sector Público”. La empresa contará con un plazo de audiencia de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación permitente, para presentar las alegaciones y justificaciones que considere oportunas. Además, se requerirá a la adjudicataria “la adopción de medidas inmediatas para el cumplimiento íntegro del contrato”, ha concluido Sanz, no sin antes avanzar que se está tramitado un tercer expediente sancionador.