Supresión de penalidades en residencias: se anuncian las primeras protestas contra la medida

La supresión de penalidades en las residencias de personas mayores y centros de día que no cumplan con las ratios de personal exigidas por parte del Gobierno de La Rioja continúa recibiendo voces en contra. Este martes, PSOE La Rioja e IU han mostrado su rechazo a la resolución publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de La Rioja.

Por parte de los socialistas ha sido la diputada Ana Victoria del Vigo quien ha avanzado que van a poner esta situación en conocimiento del Defensor del Pueblo y que están estudiando incluso llevar el asunto a la Fiscalía de La Rioja.

Y es que, Del Vigo ha recordado que “la resolución del Gobierno de Capellán sobre las residencias deteriora el servicio que se presta a los más vulnerables y supone un claro beneficio a las empresas gestoras, que ven cumplida así una de sus reivindicaciones históricas”.

Del Vigo ha señalado que esto se va a traducir “en un gran deterioro del servicio que se presta a las personas más vulnerables y en una merma evidente en la calidad asistencial por la falta de personal”. La diputada Socialista ha lamentado “la preocupación que esta Resolución va a generar entre familiares”. Además, “debemos recordar que las empresas del sector ofertan y cobran una serie de servicios y de atención especializada que no se va a prestar”. Además ha explicado que “hablamos de un sector en el que debe primar el interés de la ciudadanía de forma que un Gobierno responsable debería aportar a estos centros los suficientes recursos humanos y materiales, y no llevar a cabo medidas que supongan todo lo contrario”.

La diputada Socialista ha asegurado que “no es cierto que haya falta de profesionales”. Por ejemplo, la rama sanitaria, en su modalidad de auxiliar de enfermería, es en Formación Profesional “una de las más demandadas en nuestros institutos”. Del Vigo considera que “la calidad en estos servicios depende única y exclusivamente de la dotación de personal que tenga en sus plantillas”.

Por todo ello, los socialistas presentarán diferentes iniciativas en el Parlamento regional para exigir al Gobierno de La Rioja que retire de inmediato esta Resolución que, también, deteriora gravemente los servicios públicos y además, “vamos a trasladar esta misma semana esta Resolución al Defensor del pueblo y que, además, estamos estudiando si lo derivamos también a la fiscalía de La Rioja”.

Izquierda Unida califica esta medida de “nuevo recorte”

Por su parte Izquierda Unido también se ha posicionado en contra de la resolución del Ejecutivo regional y su diputada, Henar Moreno, ha avanzado que interpelará al Gobierno riojano sobre su modelo de atención a las personas mayores y ha calificado esta decisión de “nuevo recorte”.

Por esta razón, en el próximo pleno del Parlamento, IU desarrollará una interpelación con la que “buscará el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para crear una comisión de estudio sobre el modelo de atención a personas mayores y dependientes. A su juicio, es necesario un pacto que luego se extrapole al Estado”. “Es evidente”, ha creído, “que hay un problema serio de falta de plazas, para la atención a mayores, así como su ubicación”. Un problema que, ha indicado, ahora se va a agravar con esta decisión del Gobierno riojano. “La solución nunca puede ser restar recursos humanos al sector más vulnerable y beneficiar a las empresas que no cumplan las condiciones”, ha aseverado.

Por contra, ha visto que si las empresas privadas no pueden prestar el servicio sin dignificar las condiciones laborales de los trabajadores lo que “corresponde” no sólo es sancionar sino, también, “retirar ese servicio del mercado privado y recuperarlo para el sector público”. Para Izquierda Unida, las residencias deben ser “el último recurso” y, para ello, Moreno ha defendido la necesidad de facilitar que las personas mayores sigan en su domicilio y en su localidad. La solución para ello “está inventada”, ha explicado, y es contar con una red de centros de día “a lo largo y ancho de la comunidad autónoma de La Rioja cercanos al domicilio de las personas que lo requieran”, así como “el impulso a la ayuda a domicilio”.

Concentración de CCOO en Servicios Sociales

Esta resolución ha movilizado al sector de la dependecia y CCOO ha anunciado las primeras protestas. Convocan una concentración el próximo martes 6 de febrero a las 12.00 horas a las puertas de Servicios Sociales, en la esquina de la calle Villamediana y avenida de Colón.

Además, CCOO recurrirá judicialmente para que no se eliminen las penalizaciones a las empresas que no cumplan los ratios de personal en las residencias y centros de día.

“¡Nos incumbe, nos afecta! Y pone en riesgo los cuidados a las personas que queremos y a la salud de las trabajadoreas, que una vez más vemos como la administración y la patronal se dan la mano en un pacto para beneficiarse económicamente a causa de nuestro sufrimiento”, han defendido desde CCOO.

Inaceptable para SATSE

El Sindicato de Enfermería SATSE ha tachado de “inaceptable” la medida adoptada por el Gobierno de La Rioja de permitir a las empresas sociosanitarias que se dedican a la atención de las personas mayores a no cumplir con las ratios estipuladas para dar una atención de calidad y seguridad amparándose para ello en la falta de personal. “Somos conscientes de que en la actualidad hay un déficit de enfermeras por lo que si quieres tener suficiente personal debes ofrecer unas condiciones laborales y retributivas lo suficientemente atractivas para que quieran ir a trabajar a este sector”, apunta Patricia Mogena, secretaria autonómica de SATSE La Rioja. Con este tipo de medidas, la Consejería de Salud y Políticas Sociales es “cómplice” de las residencias en no atender y cuidar a las personas mayores como se merecen.

Además, recuerda SATSE, que las residencias de mayores no cuenten con el personal sanitario suficiente repercute directamente en los profesionales de Atención Primaria que acuden casi a diario a estos centros lo que conlleva “un sobreesfuerzo y carga asistencial”. El sindicato recuerda que existen medidas, como las llevadas a cabo durante la pandemia, que demostraron ser eficaces para contar con suficiente personal de enfemería.

AEC: “En 2023 había más de 3.000 enfermeras inscritas como demandantes de empleo”

También la Asociación de de Enfermería Comunitaria en La Rioja (AEC) se ha posicionado y ha manifestado su “desconcierto y gran preocupación” por la medida recientemente publicada en el BOR e instan al Gobierno de La Rioja a que “no ponga en peligro la salud de los residentes ya que, con estas decisiones, en lugar de velar por los cuidados de calidad de los mayores, y la tranquilidad de sus familias, puedan atender a otro tipo de intereses, no precisamente de carácter sanitarios”. Asimismo esta Asociación considera que es labor del Ejecutivo regional velar con la inspección de los citados establecimientos para “dejar de ponen en riesgo la vida de los riojanos más frágiles”.

Pero además echan por tierra uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo reigonal. “La supuesta falta de profesionales, se viene abajo cuando se constata que en 2023 había más de 3.000 enfermeras inscritas como demandantes de empleo”. Todo ello “demuestra que son las paupérrimas condiciones laborales y económicas las que condicionan esa supuesta escasez de profesionales de estos centros; argumento que queda reforzado si los comparamos con centros sociosanitarios en comunidades limítrofes y a escasos kilómetros de Logroño”. E instan a las distintas entidades de orden Colegial, sindical social y político “a alzar la voz y rechazar esta medida que desprotegería a los más débiles”.

La respuesta del Gobierno de La Rioja

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha insistido en justificar esta resolución por la falta de personal en el sector. Ha dicho también que “el hecho de que se exima a las empresas de pagar las penalidades no implica que se exima a las empresas de su obligación de tener los ratios de personal establecidos por la legislación”.

El portavoz del Ejecutivo riojano ha recordado que “no es la primera vez que sucede”, refiriéndose a una resolución similar de enero de 2021, con el consejero socialista Pablo Rubio, que se eliminó el 9 de mayo, con el final del estado de alarma.

En este punto, la resolución actual, ha indicado que “no queda más remedio que hacerlo porque todos somos perfectamente conscientes que, derivado de la pandemia sufrida en los últimos años, hay una dificultad clara y objetiva por parte de las empresas pero también por parte de los servicios públicos de salud para encontrar profesionales”. “Y eso estaba provocando un problema financiero importante a las empresas que prestan servicios en las residencias y los centros de día de nuestra comunidad autónoma”, ha añadido.

Domínguez ha apuntado que “el objetivo de este Gobierno no es ni más ni menos que mejorar la calidad que se presta en estos servicios”, hasta el punto de manifestar que “por eso la Consejería de Salud y Políticas Sociales tiene aplicado por primera vez, esto no existía anteriormente, un plan de inspección de la calidad de los servicios que se prestan en estos centros”.

Una iniciativa que “supone que inspectores de la Consejería acuden a los centros para comprobar que el servicio se presta perfectamente y así está siendo en todo momento”. Ha defendido que “la propia resolución que está publicada en el BOR obliga a las empresas a acreditar y a demostrar que tienen verdaderas dificultades para contratar a esos profesionales acreditándolos”.

Domínguez, también ha indicado que “esta excepción publicada en el BOR indica solo que en el Gobierno de La Rioja, y esto es así porque lo hemos visto en todos los contratos públicos que se publican de residencias, centros de día, los estándares, los ratios que exigimos a las empresas son más altos que los que establece la normativa”. De ahí, que “a veces las empresas tienen más dificultades para encontrarlo porque tenemos mayores estándares de calidad que los que vienen establecidos en la normativa”.