UGT La Rioja y el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) de La Rioja, con la colaboración de la Universidad de La Rioja, han organizado este lunes la jornada sobre explotación laboral bajo el nombre ‘Propuestas de medidas para erradicar el trabajo forzoso’, en la sala de grados del Edificio Quintiliano de la Universidad.
La vicesecretaria general de UGT Confederal, Cristina Antoñanzas, ha atendido a los medios de comunicación destacando que “desde UGT llevamos muchos años trabajando sobre la explotación laboral porque en nuestro país no tenemos una ley que aborde solamente la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Sí hay una ley que lo habla, pero con fines de explotación sexual”.
Así, ha explicado que “en muchas ocasiones puede que esté relacionada, pero queremos abordar el tema de forma más amplia, y por eso realizamos esta jornada”.
Por ello, ha incidido en que “desde UGT reivindicamos el desarrollo de la ley de trata de personas de seres humanos con fines de explotación laboral ya que, como sindicato, más allá de pelear por condiciones laborales adecuadas con salarios dignos, no podemos mirar hacia otro lado porque hay personas que llegan a nuestro país en contra de su voluntad y, en muchas ocasiones, están siendo explotadas laboralmente”.
Para la vicesecretaria general esta ley debería incluir “cómo se atiende a las personas que sufren trata por explotación laboral” y, para ello, “tiene que haber financiación y recursos para acompañar a esas personas una vez que han puesto la denuncia”.
En este sentido, también es fundamental la colaboración entre todas las partes “que muchas ocasiones echamos en falta, porque en nuestro país a veces el Gobierno obvia a la parte que más estamos en contacto con las personas trabajadoras, que somos los sindicatos”.
Así, ha considerado, es necesario abordar esta problemática en el marco del Diálogo Social, pero también que haber una coordinación interministerial desde Interior, Justicia, Inclusión y Migraciones, para elaborar así un “plan integral para proteger a las víctimas y darles un futuro”.
Sobre nuestra región, Antoñanzas ha destacado que, además de las campañas que se hacen en temporada de vendimia con la Delegación del Gobierno, hay varios sectores afectados como hostelería o, hasta hace unos años, el calzado “donde hay mucha economía sumergida y personas en situación de explotación laboral”.
Aun así, ha recordado que la explotación laboral “no afecta a un sector concreto sino que depende de las actividades económicas más importantes de cada Comunidad Autónoma”.
A nivel estatal, en cambio, muestran un aumento paulatino y en el año 2022 se han registrado más de 500 denuncias, pero Antoñanzas ha recordado que “en España es muy complicado denunciar un caso de explotación laboral porque las víctimas tienen miedo, está en situación irregular y los explotadores les quitan su documentación”. Por ello, “es fundamental la colaboración con los cuerpos de Fuerzas y Seguridad del Estado”.
En este sentido, ante la dificultad de las víctimas para cursar denuncias, “es muy importante la labor de la Inspección de Trabajo en los sectores donde más se produce, como es el agrícola”. Además, ha recalcado que la mayoría de víctimas de trata son personas migrantes, especialmente mujeres, muchas veces del servicio doméstico.
Jesús Gallego, secretario de Relaciones Internacionales de UGT y presidente de ISCOD, ha explicado que “la explotación laboral que se puede dar en La Rioja no la tenemos que entender solamente como una persona que trabaja aquí sino que productos que llegan a la región se están produciendo con personas en situación de esclavitud”, afirmando que muchas veces son “niños condenados a trabajar, personas a las que encierran en un taller sin poder comer o dormir”.
Por eso, Gallego ha asegurado que “es importante que todas las administraciones se comprometan para erradicar este trabajo forzoso, conseguir que la Agenda 2030 se cumpla y que el compromiso de todos los actores de esta Agenda pueda contribuir a atajar este problema en todas las zonas del mundo donde se produce, ya que es una cuestión mundial”.
“Tiene que haber vigilancia para que pueda haber sindicatos que reclamen un convenio colectivo. Es importante que puedan organizarse los trabajadores y trabajadoras y no se asesine, como pasa en muchos países del mundo, por reivindicar condiciones laborales dignas”, ha apuntado. Así, “es necesaria una ley que vigile que en la cadena de suministros no se produzcan todos estos errores, y para eso tenemos que contribuir todos”, ha concluido.