La empresa de seguridad 'Fagus' de ámbito estatal con servicios de seguridad principalmente contratados con administraciones públicas en La Rioja y Euskadi “genera dudas razonables en cuanto a su permanencia en el sector poniendo en peligro la estabilidad laboral de aproximadamente 150 vigilantes de seguridad”, ha indicado UGT en un comunicado.
“Retrasos en el abono de las nóminas mensuales, presentación de concurso voluntario en el mes de noviembre, falta de certificaciones en obligaciones tributarias y seguridad social y la resolución de prohibición de contratar con en el acuerdo marco de la Rioja, que puede extenderse al resto de administraciones públicas, generan cuanto menos incertidumbre”, han relatado. Esta situación, ha recordado que llevó a UGT en pasadas fechas desde su ámbito estatal a “solicitar reunión entre las partes, no habiendo todavía recibido respuesta concreta por parte de la empresa ni del administrador concursal”.
El sindicato parte con el objetivo de “garantizar los puestos de trabajo de los vigilantes de Fagus tanto en el escenario deseado de mantenimiento de la empresa en el mercado o bien desde la subrogación de su personal hacia otras empresas en el caso que la continuidad esperada de Fagus no sea posible”.
Para ello UGT ha avanzado que iniciará conversaciones con la Administración Pública en este objetivo de “garantizar la empleabilidad”.
*Imágen: fagusseguridad.com
La nueva Ley de Contratos, la mesa abierta con Fomento, “deben servir como el inicio necesario hacia ese cambio de modelo que garantice condiciones laborales, así como calidad en los servicios a prestar por las empresas a sus clientes”. Es responsabilidad del Gobierno “adecuar un sector que en la actualidad ocupa a 80.000 trabajadores y que sitúa un comportamiento de mercado basado en bajas temerarias, prácticas fraudulentas llevando a sus colectivos, como estamos contemplando entre otros en Metro Madrid y Ministerio de Defensa hacia la exclusión social. Fagus no debe ser la próxima”, ha concluido el sindicato.