La Comunidad de Madrid cierra varias residencias tras detectar nuevos positivos y reconoce que muchas otras no han podido reabrir

La nueva normalidad prevista para el próximo lunes 22 de junio tardará en llegar a las residencias de Madrid. Tampoco ha terminado de producirse del todo la anunciada desescalada: varios centros de la red han tenido que echar el cierre de nuevo tras su reapertura el 8 de junio como estaba previsto con el pase a la fase 2 de la región y otros nunca han llegado abrir sus puertas a las visitas de los familiares. Un desconfinamiento desigual en uno de los mayores focos de la pandemia donde han fallecido más de 7.000 residentes.

Las razones varían entre nuevos contagios o incumplimientos de los requisitos para autorizar la reapertura por parte del Gobierno regional. La Consejería de Políticas Sociales que dirige Alberto Reyero (Ciudadanos) confirmaba este martes que la residencia Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares; la Santiago Rusiñol, en Aranjuez, y la Nuestra Señora del Carmen, en Cantoblanco, han tenido que limitar de nuevo las visitas tras detectarse nuevos casos positivos entre los residentes. También permanecen restringidas las visitas en el geriátrico Santísima Virgen y San Celedonio que abrió durante dos días. En este caso porque no tenían bien organizados los puestos para que se produjera la llegada de familiares, aseguran estas mismas fuentes.

La Consejería no sabe cuantificar cuántas residencias han tenido que cerrar después de su reapertura ni cuántas ni siquiera han llegado a reabrir por tener positivos entre sus residentes o por no cumplir los requisitos, aunque reconocen que pueden ser unas decenas de ellas.

Desde la Consejería admiten que están aflorando nuevos casos de coronavirus en los geriátricos debido a los PCR masivos que se están realizando y por eso no descartan que estas pruebas puedan producir nuevas clausuras. Fuentes del departamento que dirige Reyero explican que van a ser “súper estrictos” con las medidas que deben seguir las residencias para aceptar visitas. Los familiares, sin embargo, denuncian las restricciones y piden protocolos seguros para poder ver a sus mayores que llevan más de tres meses encerrados sin ningún contacto con el exterior.

En la estrategia elaborada para la reapertura en la primera etapa de transición hacia la nueva normalidad, la Comunidad determina que los centros que quieran abrir sus puertas deben garantizar que en los últimos 14 días no han tenido nuevos casos de COVID-19, que no hay escasez de personal, que cuentan con un stock de material de protección para ser autosuficientes durante dos semanas y que el hospital de referencia tiene cama libres, tras la polémica orden que impidió durante las peores semanas de la crisis trasladar a los residentes de estos centros a los hospitales.

La gestión de las visitas familiares también queda pautada entre las medidas distribuidas en el protocolo de coordinación de la Consejería de Sanidad frente a la infección por coronavirus para centros socio-sanitarios, al que ha accedido eldiario.es. En un principio se permite la entrada de un familiar a la semana, “preferiblemente siempre el mismo”, destacan en la estrategia elaborada por el Gobierno autonómico. Los encuentros se realizan “mediante cita previa”, con mamparas, tienen una duración máxima de 30 minutos y para acudir a ellos los asistentes tienen que superar un “cuestionario de idoneidad”, en el que se comprometen a “no presentar sintomatología de riesgo”.

Residentes y visitantes deben garantizar que cumplen con las medidas de seguridad, mantienen una distancia física y llevan mascarilla. Para que estos encuentros cumplan con las normas dictaminadas por la Comunidad, deben habilitar un espacio aislado con “dispositivos de toma de temperatura a la entrada, desinfección e higienización y puesta de EPIs”. Las residencias han sido la zona cero de la pandemia, en Madrid se han registrado 7.690 fallecidos –1.203 confirmados con COVID-19– entre marzo y mayo, una cifra que supone el 18,1% del total de personas mayores que viven en un centro asistencial, según los datos aportados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al Ejecutivo central.

Pero las familias muestran sus reticencias a estas restricciones y piden que se tenga en cuenta que los mayores llevan más de tres meses “encerrados”, en muchos de los casos, en sus propias habitaciones. “No deja de hablarse de la desescalada, de que ya podemos ir a los restaurantes, viajar… pero no se está contando la realidad de nuestros mayores a los que esta desescalada no está llegando, que lo están pasando muy mal y que necesitan al menos tener contacto con sus familiares”, lamenta Isabel, familiar de una residente el centro Santiago Rusiñol.

Isabel pudo ver a su madre hace una semana y volvía a tener visita este viernes. Una llamada del centro le dio la “pésima noticia” de que cancelaban su cita tras detectarse un positivo en la residencia. “Desde luego ese positivo no se ha producido por las visitas porque en todo momento se respetaron las medidas de seguridad, entre mi madre y yo nos separaban dos mesas y no hubo contacto en ningún momento”.

“Lo están pasando mal, no tienen a su familia y ya son cuatro meses. No nos damos cuenta de que la gente que está en las residencias están todos allí, lo han pasado muy mal y lo están pasando mal”, añade. En la residencia de su madre dice que se habla de un centenar de fallecidos durante las peores semanas de la crisis.

Se activará el protocolo con un caso confirmado

Ante la desescalada y la dramática situación vivida en algunas residencias, la Comunidad trata de extremar la prudencia para evitar que el virus se expanda de forma incontrolable. Por eso, considerarán que existe un brote en cuanto se confirme un caso de infección. Si se da esa situación, se habilitará “un circuito específico para el estudio de los residentes y los trabajadores del centro”.

En caso de que se ponga en marcha el protocolo, residentes y trabajadores deberán tener un resultado de sus test en 24 horas y se dividirá el centro según los síntomas que padezcan los usuarios. Además, se informará a la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria “de cuántos pacientes precisan evacuación, que serán aquellos residentes con PCR negativa, sin anticuerpos y sin confirmación previa de COVID-19”, en caso de que sea necesario.

La sectorización de las residencias fue impulsada por el Ministerio de Sanidad. El 21 de marzo emitió una orden que obligaba a los centros evitar que usuarios sanos y contagiados compartiesen espacio. Los responsables de algunos de estos recursos asistenciales, como explicó la directora de Nuestra Nuestra Señora De Montserrat a eldiario.es, no tuvieron capacidad de crear estas zonas durante estas zonas. La Comunidad emplaza a sus centros a contar con tres espacios distintos. Una zona COVID, para aislar a los positivos; una zona intermedia, en la que aglutinar los casos sospechosos y pendientes de resultados y una tercera zona, destinada a los casos negativos y asintomáticos.

Crisis en el Gobierno por los protocolos de exclusión

La crisis ha colocado el modelo de residencias de Madrid en el ojo del huracán. Los geriátricos madrileños han sido el mayor foco de la epidemia en toda España por el efecto letal del virus en estos lugares de concentración de población vulnerable. El cóctel de una gestión externalizada en manos de terceros, plantillas mermadas y una limitada capacidad de atender dentro de los centros a mayores enfermos ha explotado con la pandemia. A la situación previa, muy comprometida, se sumaron decisiones muy cuestionadas como el bloqueo al traslado de mayores a los hospitales en el peor momento de la epidemia que obligaron a los centros a dar atención sanitaria sin tener medios.

Estas órdenes que llegaron a las residencias y a los hospitales han abierto una guerra entre los responsables de Sanidad (PP) y Políticas Sociales (Ciudadanos) y una crisis en el Gobierno regional. Ahora, la Comunidad de Madrid trata de extremar las precauciones para no volver a la situación dramática en la que se encontraron los geriátricos durante las peores semanas de la pandemia.