Izquierda Unida se querella contra Begoña Villacís por la sociedad mercantil que ocultó y le atribuye “conflicto de intereses”
La campaña electoral se le puede complicar a la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. Izquierda Unida presenta este lunes una querella criminal contra la concejala de Ciudadanos por la sociedad mercantil de la que fue administradora solidaria hasta marzo de 2018 y que ocultó en sus declaraciones de bienes como edil del Consistorio de la capital. La formación le atribuye la presunta comisión de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.
El planteamiento de la formación es que Villacís, al ocultar esta información, incurrió en un conflicto de intereses dado que esta sociedad asesoró a distintos sindicatos policiales en acciones emprendidas contra decisiones del Consistorio. La sociedad actualmente la administra en exclusividad su marido Antonio Suárez Valdés que a su vez es el abogado del sindicato policial que ha sentado en el banquillo a la concejala de Ahora Madrid Rommy Arce por sus declaraciones en twitter tras la muerte del mantero Mame Maybe en Lavapiés en marzo de 2018.
La coportavoz de IU Madrid Ciudad, Lourdes Gómez; el coportavoz de IU en la Comunidad y concejal en el Ayuntamiento, Mauricio Valiente, y el responsable de asuntos económicos de IU y también edil, Carlos Sánchez Mato, presentarán la querella este lunes.
Villacís ocultó durante tres años, hasta marzo de 2018 cuando El Salto lo hizo público, la sociedad profesional y patrimonial que administraba junto a su marido en las declaraciones de bienes que como concejal electa está obligada a realizar cada seis meses. Según una información publicada por ABC, la mercantil Iuriscontencia posee inmuebles por valor de dos millones de euros y fue utilizada para construir una vivienda de 667 metros cuadrados en la que la pareja vive en Villanueva de la Cañada. Este patrimonio, al ocultarse su participación en la sociedad, no figuraba entre sus bienes.
Lo más relevante en la querella que este lunes presenta IU es su papel como administradora solidaria: “su función no es similar a la del accionista en una sociedad, sino que comprende actividades más específicas, pudiendo actuar indistintamente en nombre de la sociedad tanto para la realización de los actos de gestión como para la representación de la sociedad en juicio o fuera de él”, recoge la querella sobre la figura que representaba Villacís en la sociedad.
Por ello, para la formación, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento incurrió en varias incompatibilidades. El gabinete jurídico del que era administradora solidaria mientras que a la vez era concejala representa a un sindicato de la policía municipal y Villacís desarrolló durante ese tiempo “actividades en el pleno y las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con esa misma Policía”, recoge el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es.
“Es un hecho público y notorio que desde la formación Ciudadanos se ha impulsado diversas actuaciones sobre los hechos que motivaron la querella contra la concejal del Ayuntamiento Rommy Arce Legua tendentes a proteger y hacer suyos los intereses de la policía municipal y del sindicato policial cuya defensa y asesoramiento tiene encomendado el despacho de abogados del que era administradora hasta marzo de 2018 y que continua administrando su esposo”, añade el escrito.
El propio Ayuntamiento de Madrid elaboró un informe jurídico en el que queda constancia de diversas irregularidades en la forma de actuar de Villacís. En el informe municipal se establece que pueden existir elementos que hacen pensar que la concejala debería haberse abstenido de participar en diferentes votaciones plenarias.
La querella cita varios ejemplos de estas actividades en los plenos llevadas a cabo por la concejala. En concreto, menciona una iniciativa durante el Pleno muinipal del 22 de marzo de 2018 y que fue defendida por la propia Villacís. “En su intervención la señora Villacís carga contra el equipo de gobierno y sus concejales, como Rommy Arce, contra quien a la vez el despacho de la que es administradora presentaba días antes una querella criminal defendiendo los intereses de un sindicato policial, lo que evidentemente servía a la querellada para amplificar el trabajo de su despacho de abogados y la repercusión social de la querella interpuesta por el sindicato policial al que representaba y del que se lucraba”, señala el escrito.
Para Izquierda Unida además, Villacís usó su cargo para “promocionar” e “impulsar” el despacho que administraba solidariamente con su marido antes de su renuncia. La formación política hace alusión a un tuit del despacho de abogados del 12 de octubre que publicó una foto de la concejala junto a su marido en el palco de autoridades del Día de las Fuerzas armadas.
Villacís asegura que se separó de la empresa “seis años antes de entrar en política”. La concejala de Ciudadanos defiende que su permanencia en el organigrama como administradora de una sociedad patrimonial hasta 2018 responde a que no hizo constar su desvinculación en el Registro Mercantil.
Código penal y Ley electoral
Por todo ello, IU considera que la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid pudo haber incurrido en un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función infringiéndose el artículo 441 del Código Penal, que contempla penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años.
En lo que se refiere a la incompatibilidad legal de los concejales, la formación política que este lunes se querella contra Villacís asegura en su escrito que “las decisiones de las autoridades y órganos de las Administraciones Públicas deben adoptarse con criterios de imparcialidad y objetividad, elementos que se presume que no concurren en aquellos con los que, por cercanía o parentesco, amistad o enemistad, se tenga un interés directo”.
Izquieda Unida considera que Villacís pudo vulnerar el artículo 178 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que establece que son incompatibles los Abogados y Procuradores “que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación (apartado 2, letra a) de este precepto)”.
“Dado que en el caso planteado la Sra. Villacís figura como administradora de la entidad Iuriscontencia S.L., sociedad que representa al sindicato ”Unión de Policía Municipal“, y puesto que de entre los querellados figura al menos una Concejala del Ayuntamiento de Madrid (Rommy Arce), habría que entender que por parte de la Sra. Villacís se está incurriendo en la causa de incompatibilidad recogida en el artículo 178 de la LOREG”, señala la querella.
En este sentido, se detalla que “cuando se produce la situación de incompatibilidad, el electo debe optar, en el plazo de 10 días, entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la situación de incompatibilidad. En caso de que no lo realice, perderá su condición de concejal, declarándose por el Pleno tal situación”.
Izquierda Unida especifica además que Villacís debería hacerse abstenido en determinadas votaciones en pleno también de acuerdo a la ley y hace referencia a la Ley de Bases de Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril. El artículo 76 de esta Ley determina que “sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido”.
También añade el artículo 11 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid que determina que “sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los concejales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas”.
Por todas estas razones, y haciendo alusión a numerosa jurisprudencia, Izquierda Unida pide que se incoen “las pertinentes diligencias de investigación”. Para ello, la formación pide que sean llamados como testigos la concejala Rommy Arce, el secretario del Pleno, Federico Andrés López, y Antonio Suárez-Valdés, marido de Villacís y administrador del gabinete jurídico del mismo nombre.
