El anuncio del nuevo Madrid Central rebajado no frena el proceso judicial europeo contra España por contaminación

España está ante los tribunales europeos por contaminación desde finales de julio, cuando el gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP y Ciudadanos con apoyo de Vox) anunció la moratoria de Madrid Central. De la misma manera que la entrada en vigor de Madrid Central dio un periodo de gracia a España, el anuncio de su final trajo consigo la denuncia de la Comisión Europea. 

Este lunes, Martínez Almeida ha anunciado un nuevo plan, Madrid 360, que relaja el plan de los tiempos de Manuela Carmena desde el momento en el que, por ejemplo, podrán circular coches con la etiqueta C si llevan dos o más pasajeros. O desde el punto en el que se rebajan los precios de los aparcamientos en el centro de Madrid, lo cual incentiva circular con el coche privado.

“La Comisión Europea no comenta anuncios sobre medidas concretas en el ámbito municipal, por lo que no comentamos las novedades sobre Madrid Central”, dicen fuentes del Ejecutivo comunitario. Y añaden: “España fue llevada ante el tribunal europeo de justicia, y esa es la situación legal. No podemos reaccionar en función de anuncios: aún no hemos sido notificados de las nuevas medidas, y cuando lo seamos, nos llevará un tiempo examinarlas. En todo caso, no opinamos sobre medidas concretas, sino que evaluamos los planes de los Estados miembros”.

En efecto, España se encuentra ahora ante los tribunales europeos, porque la Comisión Europea concluyó, tras los anuncios del Gobierno municipal de Madrid de Martínez Almeida, que el país no cumplía con sus obligaciones conforme a la legislación de la UE.

Si España no comunica a tiempo las medidas que implementan las disposiciones de la directiva contra la contaminación, la Comisión puede solicitar al tribunal que imponga sanciones. Si el tribunal determina que un país ha infringido la legislación de la UE, las autoridades nacionales deben tomar medidas para cumplir con la sentencia del Tribunal, que incluye las preceptivas sanciones.

“Nunca estamos contentos recurriendo al Tribunal, pero hay ocasiones en las que no hay otro remedio”, dijo el comisario Karmenu Vella en julio cuando anunció que iba a loss tribunales. Pero también recordó que España había incumplido de manera “persistente” la normativa comunitaria, desde 2010.

Bruselas también denunció a España por la mala calidad del aire en el Baix Llobregat (Barcelona) aunque desde el Ministerio de Transición Ecológica aclaran sobre esta área que “en 2018 ya han cumplido. No es problema”.

El pasado 9 de julio, Bruselas instó por escrito a España mediante un carta dirigida a la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que tomara “medidas adicionales a las existentes” ante “la grave situación de la contaminación en España”. Solo dos días después, la Comisión admitía que ya se planteaba denunciar el caso ante la justicia comunitaria si no había cambios sustanciales y que tenía previsto llevar el caso de España, especialmente el de Madrid, a la reunión de comisarios del 24 de julio que decide sobre las infracciones. 

Bruselas abrió el expediente sancionador contra España por el exceso de contaminación en Madrid y Barcelona en junio de 2015. Los niveles de dióxido de nitrógeno excedían repetidamente los límites de la normativa de calidad del aire impuestos desde 2010.

Así, la Comisión Europea reactivó el expediente tras las decisiones de Madrid encaminadas a dejar la zona de bajas emisiones sin su régimen sancionador que se ha revelado como elemento crucial para la efectividad de la medida: los índices de dióxido de nitrógeno descendieron especialmente a partir de su implantación después de un periodo de pruebas sin multas reales.

Ahora Bruselas evaluará si acaso el nuevo plan diseñado por el equipo de Martínez-Almeida es útil para atajar el exceso de contaminación por el que Bruselas denunció a España.