El Ministerio de Justicia reactiva el desalojo de la Ingobernable en pleno estado de alarma

El Ministerio de Justicia ha ordenado reactivar el procedimiento de desalojo del centro social autogestionado La Ingobernable, ubicado desde hace dos meses en un edificio propiedad del Estado, en pleno estado de alarma. La instructora ha dado un plazo de 48 horas que concluye este viernes para el abandono voluntario del inmueble, según recoge el BOE del pasado 14 de abril.

El procedimiento administrativo había iniciado su curso a principios de marzo pero la situación excepcional declarada por el Gobierno obligó a suspender su tramitación el 14 de marzo. Cuatro días después, la administración se acogió a un real decreto que permitía continuar los procedimientos aparcados si se justificaba que eran “indispensables para la protección del interés general”. Justicia argumenta, además de la condición de inmueble público, que no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene“ y que ”es preciso evitar daños personales“.

La Ingobernable critica que el Gobierno “haya decidido que su prioridad en plena cuarentena es reanudar el proceso de desalojo” y denuncia que el Ministerio ha “omitido el derecho a alegación”. Una portavoz asegura que un vecino presentó “en tiempo y forma alegaciones al procedimiento” y que no han sido incorporadas al proceso. Esta persona ha recurrido la decisión. El Ministerio de Justicia expone, de acuerdo con lo publicado oficialmente en el Boletín Oficial del Estado, que no tiene constancia de que se hayan formulado alegaciones “por los ocupantes del inmueble”.

Los activistas indican que la actividad en el centro se suspendió con la declaración del estado de alarma. “Se cancelaron todas las actividades para evitar contagios”, apunta una portavoz, que asegura que han recibido las notificaciones a través del BOE al no estar físicamente en el inmueble.

“Es una bajeza moral instrumentar la pandemia, tildando de problema de salud pública a un edificio cuya actividad se encuentra completamente detenida”, dice un comunicado enviado por La Ingobernable, que acusa al Gobierno de “aprovechar la confusión generada por este shock sistémico para colar el procedimiento de desalojo de la Ingobernable como uno de los procesos que, en nombre de un inexistente interés público, debe concluirse cuanto antes”.

Fuentes del Ministerio de Justicia defienden que el “la intención del ministerio es recuperar la posesión del edificio lo antes posible, entre otras razones porque el hecho de no hacerlo supondría una irregularidad por parte de los responsables del ministerio”. “En cualquier caso la recuperación se hará conforme establece la ley y respetando todos los derechos que esta da a todos los interesados, como el trámite de audiencia con la audiencia de todos los interesados, tal y como establece el procedimiento”, añaden.

El Ayuntamiento de Madrid desalojó el edificio que ocupaba La Ingobernable, en la intersección entre la calle Gobernador, 30 y el Paseo del Prado, a mediados de noviembre. El 4 de marzo, activistas del centro entraron en otro edificio vacío de la capital, propiedad del Ministerio de Justicia y situado en la calle Alfredo Bosch.

La Ingobernable apela directamente en su comunicado a los ministros y ministras de Unidas Podemos como “esa parte del Gobierno que dice ser sensible a las necesidades de los movimientos sociales”. “Esperamos que no observen impasibles esta obscena agresión de su Gobierno que se sitúa, de este modo, más cerca de las amenazas y formas del PP y Almeida, acompañados de sus socios gobierno Ciudadanos y Vox, que de los movimientos sociales”.