“Pagué 1.000 euros y me dieron las llaves de una casa vacía. No tenía adónde ir”
“Me quedé embarazada y me echaron del trabajo. Mi pareja cobrara 600 euros y no podíamos pagar un alquiler. En el barrio nos dijeron que había unos chicos que nos ayudarían. Nos pidieron 1.000 euros por darnos una llave de un piso vacío y luego desaparecieron. No teníamos otro sitio adónde ir”. Ana relata cómo entró a un piso propiedad de Sareb, el banco malo. Asegura que no encontró “otra opción” y en los últimos meses, dice, ha conocido a varias familias de su zona, el municipio de Parla, en circunstancias parecidas. “La desesperación es muy grande y también la inseguridad. Sabes que estás entrando en un sitio del que te pueden echar mañana”, admite.
En Madrid hay 5.000 viviendas ocupadas sin título legal, según los datos más recientes de la oficina creada por el Gobierno y dependiente de Policía Nacional para “luchar contra las usurpaciones” de forma más “efectiva” en la región. El órgano, coordinado por el comisario Sergio Gámez, confirma que hay grupos de personas que se hacen con varios pisos “para vivir de eso” y descarta identificarlos como “mafias u organizaciones criminales”.
Los colectivos de vivienda aseguran que estos grupos en ocasiones “se aprovechan” de la vulnerabilidad de personas que ya han sufrido desahucios o que viven en situación precaria y que terminan accediendo a pagarles una cantidad de dinero a cambio de la llave de un piso vacío. Entrar en ellos sin título legal es un delito contemplado en el código penal.
“Llegado un punto, la gente paga. Sobre todo si no tiene redes. En la PAH vemos que muchas de las personas que ocupan vienen de otro desahucio previo por alquiler o por hipoteca y, en mi asamblea, una gran parte son mujeres solas”, explica Sara, de la Asamblea de Latina, que contextualiza el problema en un círculo de pobreza amplio y generalizado. “Dentro del contexto de empobrecimiento, surgen este tipo de actitudes. Es la ley de la jungla. De canibalismo social si no generamos un discurso de solidaridad. El aprovechamiento de la carestía de la vivienda se da por muchas partes, y algunas sí son legales”, añade.
La plataforma niega encontrarse de forma habitual casos de “extorsión” a las personas en situación vulnerable –“me ha pasado una vez en ocho años”, dice Sara–, argumento al que apela Ciudadanos en una campaña que ha lanzado contra las “mafias” y para “preservar la convivencia”. El partido tuvo que retirar un vídeo tras la polémica surgida por utilizar como eslogan “proteger a los españoles”. “Los españoles” terminó sustituyéndose por “los vecinos”.
La campaña, a nivel municipal y también nacional, se ha traducido en Madrid en una propuesta que se votará en pleno y que pretende modificar la ley de Bases de Régimen Local para que las administraciones “puedan ejercer la ejecución sustitutoria de las acciones judiciales que procedan en caso de okupación con problemas de convivencia”.
El problema de los narcopisos
La iniciativa se apoya en la realidad de los “narcopisos”, un problema concentrado especialmente en una zona de Vallecas que ha provocado la movilización de los vecinos por dificultades de convivencia. En la zona ha habido redadas con detenidos y algunas viviendas clausuradas. Según El Confidencial, muchas de ellas –utilizadas como puntos de tráfico de drogas– pertenecen a fondos de inversión.
Los colectivos de vivienda han respondido a la campaña de Ciudadanos para matizar que la ocupación no es un fenómeno homogéneo. “No negamos que existan los narcopisos pero creemos que ese intento de señalarlo tiene que ver más con evitar que se ponga en foco en la realidad subyacente: una dificultad de acceso a la vivienda muy importante por el escaso parque público y el aumento de los precios. Es la consecuencia de la crisis de vivienda”, argumenta Sara.
La Coordinadora de Vivienda de Madrid, que aglutina a las asambleas de varios barrios, considera que “se está generando un discurso sobre la base de los narcopisos que avala que se produzcan los desalojos”. “La okupación –añade Sara– se relaciona solo con eso y no se trata como un problema relacionado directamente con la pobreza y las políticas públicas de vivienda”.
Verónica tiene 55 años y hace cuatro, cuenta, fue desahuciada de una vivienda social. “Vivía en una casa de un plan especial en Parla que administraba Lazora. Me quedé sin trabajo y eso fue el inicio del desastre. En ocho meses nos echaron a mí y a mi hija de 14 años. No podía pagar los 360 euros de alquiler. Una vecina me dejó una vivienda que tenía al lado de la suya, pero estaba en obras y no tenía ni luz ni agua ni gas. Me quedé tres meses y no pude más”, explica. Lo siguiente, relata, fue entrar en un inmueble propiedad de Sareb e intentar negociar un alquiler social. “En eso estamos”, asegura.
“Ocupar es exponerse a volver a ser lanzado. Y, en muchos casos, vivir un doble desalojo, con todo el estrés que eso provoca”, apunta la abogada Verónica Dávalos, Dávalos describe la ocupación como un fenómeno complejo del se desgaja una casuística repetida: la ocupación por necesidad o en precario. “En estos casos nunca se hace con particulares sino en viviendas de grandes tenedores. Me he encontrado casos en juicios de familias que han pagado por entrar en estas viviendas y también con fondos buitres que dan dinero a inquilinos irregulares para que se marchen”, explica. Esto ocurre, como pudo comprobar eldiario.es, con Encasa Cibeles, la filial de Goldman Sachs Azora que compró pisos protegidos del IVIMA durante el mandato de Ignacio González en la Comunidad de Madrid.
En Madrid, el tiempo desde que se realiza una denuncia por ocupación ilegal hasta que se produce el desalojo se ha reducido de dos años a un periodo entre 15 y 60 días, según datos de la Delegación del Gobierno. Y desde abril de 2016 se han realizado 615 juicios rápidos para vaciar estas viviendas. El plan del Ejecutivo pasa por animar a los vecinos a denunciar “con la mayor celeridad posible, ya que cuanto menos tiempos estén ocupados los inmuebles más rápida puede ser la actuación y menos inseguridad y conflictos tendrán que sufrir”, e incluso habilitó un teléfono para tal fin. Las denuncias, querellas y atestados que llegan a los juzgados por delitos de este tipo se han disparado en los últimos años, según la Memoria de la Fiscalía.
Mientras, los colectivos de vivienda siguen pidiendo más medidas y soluciones a la administración. “Tememos que los desahucios por alquiler se vuelvan a disparar por la subida de precios. Y no hay vivienda social digna para realojar a todas las personas con tres millones de casas vacías en España”, concluye Sara. En Madrid, donde el Gobierno de Carmena tiene 2.300 viviendas sociales en fase de construcción, hay 8.000 personas en situación de emergencia habitacional esperando.
