El mostrador de la librería Azorín, en el centro de Leganés, solía estar lleno de libros de texto en esta época del año. Ahora, sin embargo, su dueño, David Langa, ha tenido que llenar los estantes con juegos de mesa, cuadernos y agendas. Dentro, una decena de baldas vacías aguardan una 'vuelta al cole' que para las librerías pequeñas de barrio podía suponer hasta el 70% de la facturación anual, pero que este septiembre difícilmente logrará salvar a un sector muy mermado por meses de crisis sanitaria con la persiana echada.
La razón es que este curso escolar entra en vigor, por primera vez de forma íntegra desde su elaboración en 2018, el Acuerdo Marco de la Comunidad de Madrid para la gratuidad de los libros de texto. Un documento al que se oponen las asociaciones de libreros, que han demandado a la Comunidad, solicitando la suspensión cautelar por la vía de urgencia.
También el Defensor del Pueblo se expresó en contra de la medida y pidió a la Consejería de Educación y Juventud desistir el contrato por “razones de interés público suficientemente acreditadas”, según explicó este organismo en un comunicado el pasado mes de junio.
El Acuerdo Marco divide a la Comunidad por zonas geográficas, 27 en total, y da una cantidad de dinero a gastar por los colegios, que son quienes deben encargarse ahora de comprar los libros. En el texto se fijan unos precios máximos y mínimos, por lo que los directores de los centros deben pedir presupuesto a tres entidades de su zona y escogen la más barata.
El punto más conflictivo de este proceso tiene que ver con la fijación de precios, ya que establece una cantidad que para los libreros supone, en muchos casos, vender con pérdidas, denuncia Valentín García, presidente de 'Salvar las pequeñas librerías', una asociación creada con el objetivo de acabar con la nueva legislación.
“Ellos establecen que el precio del libro de Lengua de primero es 31,25 euros, IVA incluido, cuando nosotros lo compramos incluso más caro. Este libro en el mercado de media se vende a unos 40 euros”, explica Langa, dueño de una librería y papelería de Leganés, con las tablas de precios en la mano. Denuncia, además, que se desconoce cómo se calculan estos precios ya de por sí tan elevados.
Langa muestra también un presupuesto que ha hecho para uno de los colegios de la zona. En una de las columnas del Excel figuran los precios a los que él vendería habitualmente, aplicando incluso el descuento máximo del 15%, y en otra los fijados por la Comunidad de Madrid. La diferencia supone más de 5.000 euros en pérdidas. “He tenido que decir que no a este colegio”, lamenta.
Con este sistema “se concentra mucho la compra”, explica García, “porque la realidad que estamos viendo es que hay unos pocos adjudicatarios que pueden ofertar a los precios de la Comunidad de Madrid”. Dueño de una librería en Torrejón de Ardoz, García también licitó para formar parte de los ofertantes de libros del Acuerdo Marco, y cuenta que de seis centros ha rechazado trabajar con cuatro porque “se pierde dinero”.
Las grandes superficies salen beneficiadas
Con este sistema, según denuncian los libreros, se beneficia a grandes superficies y distribuidoras, capaces de asumir además otro de los requisitos del Acuerdo Marco, que es contar con una persona contratada para cada lote. Así, en la licitación han entrado entidades como Scholarum Digital S.L., el Grupo Dismalibro, con sede en Málaga, o supermercados como Carrefour, con músculo para solicitar en los 27 lotes, todo el área de la Comunidad de Madrid, entre los que en total se reparten 27.900 millones de euros.
'Salvar las pequeñas librerías' calcula que de las mil librerías y papelerías de la Comunidad, el 90% se ha quedado fuera del Acuerdo Marco. Y, aunque todavía es pronto para ponerle cifras a la debacle, la organización cita el ejemplo de Murcia, donde en un año con este programa cerró casi el 40% de sus librerías (150 de 400 establecimientos).
La Comunidad de Madrid considera, por su parte, que este acuerdo es beneficioso para las librerías de barrio y ha decidido seguir adelante con el texto aludiendo falta de tiempo para una revisión y alegando que para su no aplicación tendrían que renunciar los licitantes que ya se han inscrito.
El curso pasado, cuando tendría que haberse aplicado por primera vez el acuerdo por primera vez, los recursos interpuestos y las inexactitudes de la norma hicieron a la Consejería anular algunos puntos y abrir la mano: se permitió a los directores de los centros elegir con qué proveedores trabajar, y se volvió a poner el límite en los 15.000 euros de los contratos menores, de forma que si el colegio invertía más de esa cantidad, era la Comunidad de Madrid quien pagaba directamente a las librerías. El pago, sin embargo, no llegó hasta varios meses después, según critica Langa.
Además, como los padres y madres ya no tienen que venir a la librería, también se pierden las ventas de material de papelería u otros productos como lecturas recomendadas. Como solución, los libreros piden el cheque libro, que los 150 euros que corresponden por alumno de primaria y 270 para secundaria se den las familias, para que puedan elegir dónde gastarse ese dinero.
Desde estantes vacíos y un escaparate reconvertido en juguetería para sortear la falta de ventas, Langa insiste en la anulación de un acuerdo que “destruye el tejido de barrio” y que podrá forzar el cierre de cientos de establecimientos muy golpeados por la COVID-19. “No nos enriquecemos con esto, con estas ventas pagamos las facturas el resto del año”, asegura.