Adif hace públicos 25 años después informes y convenios de la Operación Chamartín
Parte de la documentación de la Operación Chamartín ya es pública para los ciudadanos. 25 años después de que se firmase el primer acuerdo, la empresa ferroviaria Adif, dependiente del Ministerio de Fomento y propietaria de los terrenos, ha publicado en su página web los convenios que ha ido firmando a lo largo de ese tiempo con Distrito Castellana Norte, la promotora privada formada por BBVA y la constructora san José a la que venderá el patrimonio público. Entre esta documentación no se encuentra, no obstante, el último convenio rubricado el pasado 28 de diciembre de 2018, que recoge las condiciones actuales de la compraventa.
eldiario.es desveló en exclusiva en enero parte de esta documentación que hoy ya es pública. Hay nueva documentación, como cuatro informes jurídicos que hasta ahora no se conocían. Todos ellos avalan las sucesivas renovaciones de los convenios. La documentación se ha hecho pública gracias a las asociaciones vecinales que solicitaron la a través del Portal de transparencia.
Desde Adif aseguran que el último convenio firmado en diciembre de 2018, y que no está entre la documentación hecha pública, se subirá “en los próximos días”. Sin embargo, desde las asociaciones vecinales que han hecho posible que los documentos sean hoy públicos lamentan que su falta pueda deberse a que este convenio no existía cuando se hicieron las peticiones de información y por tanto no se solicitó.
La FRAVM, Ecologistas en Acción y otras asociaciones vecinales solicitaron por separado entre mayo y junio toda documentación del expediente de la Operación Chamartín a través del Portal de Transparencia. En la última respuesta que recibieron por parte de Adif, el organismo público accedió a facilitar una parte de la documentación relativa a la Operación Chamartín, pero rechazó el acceso a tres informes. Adif alegó para mantener en secreto estos documentos, que la sociedad privada que forma BBVA y constructora San José se había opuesto a que se facilitase la información. De hecho, pese a que la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento autorizó el acceso al resto de la documentación, concedía dos meses a DCN para interponer un recurso en caso de que estuviera en contra, atendiendo a los procedimientos legales.
La Federación regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción recurrieron al Consejo de Transparencia por recibir fuera de plazo la respuesta a su solicitud. El órgano mediador dio por buena la respuesta de Adif, pero no aceptó que los tres documentos, los “más comprometidos” según los colectivos vecinales, siguieran siendo secretos y resolvió que Adif los tenía que remitir a la FRAVM, a Ecologistas en Acción y al propio consejo de transparencia, en un periodo de cinco días hábiles. Fue entonces cuando DCN interpuso los dos recursos contra estas dos resoluciones que finalmente retiró el pasado lunes tras perder otro recurso que le obligaba a hacerlos públicos.
Una vez los recursos se han retirado, Adif ha tenido que publicar la documentación. El convenio que firmaron en 1994 el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Distrito Castellana Norte (DCN) se fue renovando a lo largo de estos años, modificándose sustancialmente las condiciones del acuerdo original.
La evolución de estos contratos supone una transformación completa del plan inicial, con condiciones muy distintas a las que, en su momento, consiguió el banco Argentaria –entonces público– cuando ganó el concurso convocado por Renfe para esta operación. En un primer momento, el terreno afectado era de 625.000 metros cuadrados, menos de la mitad del que finalmente será.
Veinticinco años después de su inicio, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Fomento y DCN (BBVA y la constructora San José) escenificaron en julio un acuerdo para el desarrollo del norte de la ciudad. El Gobierno de Manuela Carmena, que ha aprobado en junta de Gobierno la modificación del plan especial, quiere llevarlo a Pleno para su aprobación definitiva, que debe ratificar también la Comunidad de Madrid, antes de que acabe el año.
